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Muface no se toca

El debilitamiento de la sanidad pública, que ha favorecido el desarrollo de la sanidad privada, probablemente no se hubiera permitido si los colectivos con mayor capacidad crítica hubieran estado integrados en el sistema público


“Muface no se toca”, dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reforzando la posición que días antes fijó la ministra de Sanidad, Monica García: transformar Muface no es una de sus prioridades. La historia de Muface es la de la supervivencia de un modelo que mantiene la inequidad en el sistema sanitario desde los últimos años del franquismo.

El modelo de asistencia sanitaria de Muface es un sistema de aseguramiento público de salud que se financia a partir de los Presupuestos Generales del Estado. Es obligatorio para los funcionarios del Estado (el colectivo mayoritario corresponde a profesores de universidad, enseñanza primaria y secundaria) que pueden elegir entre ser atendidos por un seguro médico privado o por la sanidad pública. La mayoría elige la primera opción. En España existen otras dos mutualidades con un modelo idéntico que atienden a los militares (ISFAS) y al personal del sistema judicial (MUGEJU). Su regulación quedó plasmada en dos leyes, la 28/1975, creadora del ISFAS, la 29/1975 creadora de MUFACE, y en el RD 16/1978 creador de MUGEJU.

La Ley General de Sanidad de 1986 establecía que “el acceso y las prestaciones sanitarias se realizaránen condiciones de igualdad efectiva” . Su disposición final segunda daba un plazo de 18 meses para la integración en el Sistema Nacional de la Salud (SNS) de los regímenes especiales, entre ellos el de las mutualidades. La integración nunca se realizó. El PSOE cedió a las presiones de las aseguradoras privadas. En ese momento, de los 6 millones de pólizas privadas, más de 2 millones correspondían a los mutualistas.

Unos años después, en 1991, en el debate en el Congreso sobre la Comisión de Evaluación del SNS conocida como Informe Abril, el diputado Hernández Mollar, del Grupo Popular, afirmaba con respecto a la sanidad privada “que estaba suficientemente evaluada”, argumentando que, por ejemplo, “el 86 por ciento con cargo a MUFACE escoge la sanidad privada demostrando la diferencia de calidad de este sistema sobre el sistema público”.

Esta idea, la de la mayor calidad de la sanidad privada, avalada por la elección de los funcionarios públicos, se viene repitiendo desde entonces y obvia la clave de su pretendida eficiencia: la selección adversa de riesgos. Los titulares de más edad y con patologías más graves, que generan mayor gasto, son atendidos en la sanidad pública a la que son derivados por procedimientos ordinarios o extraordinarios.

Una de las evidencias de este hecho es la investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que estudió más de un millón de hospitalizaciones de la Comunidad Valenciana. “En los pacientes de Muface atendidos en los hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de linfoma, cáncer y tumores con o sin metástasis. En cambio, las dolencias menos graves tienen una prevalencia menor en este grupo que en el resto de la población”, explica uno de los autores del estudio.

La posición del Partido Popular ha sido coherente durante todos estos años con el mantenimiento de un sistema diseñado en la dictadura. El PSOE, en cambio, ha analizado en varios documentos de la Fundación Alternativas la anomalía que supone mantener un sistema caracterizado por un conjunto de beneficios y prestaciones comunes para la gran mayoría de la población, y otros diferenciados para algunas profesiones. Pero tras el análisis, ha bloqueado las iniciativas destinadas a transformarla.

En septiembre de 2021, la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos que reclamaba que la asistencia de las nuevas incorporaciones de funcionarios públicos se incluyeran en la sanidad pública. José Ramón Ortega, del PSOE, indicó que su partido estaba «en absoluta sintonía» con la propuesta y reconoció que «es evidente que hay una cierta incoherencia en que los trabajadores públicos no sean tratados por la sanidad pública sino por la privada».

Sin embargo, no apoyaron la propuesta porque «no es competencia del Ministerio de Sanidad. Quizá habría que llevarla a la Comisión de Función Pública”, dijo. Además, argumentó que no era el momento para realizar esta medida ya que «estamos saliendo de una pandemia en la que el sistema ha funcionado bien». No era el momento.

Unos meses más tarde, en junio de 2022, se registró en el Congreso el Proyecto de Ley de Equidad. En su modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS 16/2003 establece que “lo dispuesto en los apartados anteriores no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por Muface, Mugeju e Isfas que mantendrán su régimen jurídico específico”. Tampoco era el momento.

Hoy, el mutualismo sólo supone el 14% en número de asegurados y el 16% en volumen de primas en millones de euros. Las tres mutualidades suman un total de 2.146.163 asegurados. De ellos 1.690.000 (un 79%) optan por la sanidad privada y se reparten entre 3 aseguradoras, Segurcaixa Adeslas con el 50% de los asegurados, Asisa con el 35% y DKV con el 14%. El resto, más de 10 millones de pólizas, corresponde a ciudadanos que complementan su derecho a la atención por la sanidad pública con la suscripción de un seguro privado. Un doble aseguramiento que facilita la selección adversa de riesgos.

Disponen de póliza de seguro privado más del 50% de los ciudadanos que se identifican como clase alta o media alta y menos del 20% de los que se incluyen en clase baja

Las aseguradoras han fortalecido su posición en la negociación con el Ministerio sobre la financiación de las mutualidades. Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas, ha advertido que el modelo «está en riesgo» y que, si desapareciera, todos los que ahora están adheridos a estas mutuas tendrían que ser atendidos por los dispositivos asistenciales de la sanidad pública, lo que haría que «el gasto público fuera mayor y una peor respuesta asistencial». DKV ha llegado a amenazar con abandonar la mutualidad si la prima no sube un 40 por ciento en el convenio.

En el barómetro sanitario de octubre de 2023, se aprecian dos claras diferencias en la penetración del sistema de doble aseguramiento: disponen de póliza de seguro privado más del 50% de los ciudadanos que se identifican como clase alta o media alta y menos del 20% de los que se incluyen en clase baja y más del 50% de los que viven en núcleos mayores de 1.000.000 habitantes y menos del 25% de los que viven en núcleos menores de 10.000 habitantes. Un sistema sanitario privado como referente para las clases medias urbanas y un sistema público como única alternativa para los ciudadanos más vulnerables y el medio rural.

El debilitamiento de la sanidad pública, que ha favorecido el desarrollo de la sanidad privada, probablemente no se hubiera permitido si los colectivos con mayor capacidad crítica hubieran estado integrados en el sistema público. El titular de Redacción Médica de octubre de 2022 decía: “Tras cuatro años de lucha entre PSOE y Unidas Podemos, el sistema mutualista sobrevivirá a este Ejecutivo”, reflejaba el alivio que suponía para la sanidad privada superar un periodo en el que pareció peligrar la arquitectura de un sistema cuidadosamente diseñado. Las declaraciones de las ministras de Economía y de Sanidad del Gobierno PSOE-Sumar confirman que esta legislatura tampoco será el momento y continuará consolidándose un sistema dual, cada día más alejado de la equidad de acceso.


Madrid –

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