Opinión

Murieron de forma indigna

Una de las conclusiones que pudieron sacarse de las comparecencias en esta Comisión Ciudadana es que se tomaron decisiones que no son éticas, y se tradujo en las que las personas mayores tenían menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, y el triaje no estuvo basado en criterios clínicos sino en criterios de dependencia.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias se reunió el pasado fin de semana. Consistió en un tribunal ciudadano, conformado por expertos de distintas áreas ―epidemiólogos, académicos, juristas― además de profesionales sanitarios, antiguos residentes, familiares y peritos para intentar dilucidar los más de 7.000 fallecimientos en residencias madrileñas durante la crisis sanitaria del covid. Esta Comisión Ciudadana por la Verdad, con José Antonio Martín Pallín a la cabeza, ha sido creada para determinar, a través de los testimonios de las víctimas, de los peritos y de la documentación aportada, saber la verdad de lo ocurrido en las residencias.

En los últimos años, cientos de personas han recurrido a la justicia para descubrir qué pasó en las residencias y la mayoría están a la espera de que prosperen sus casos o directamente han visto cómo la Fiscalía los ha archivado. Por su parte,  Amnistía Internacional expuso en un informe que la mayoría de las causas se cerraban sin una indagación mínima y en un centenar de ellas ni siquiera se entrevistó a los familiares de las víctimas. La justicia de nuestro país quedó retratada una vez más y no ha aportado la verdad que las familias llevan pidiendo años.

Hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada a las demandas de los familiares y de los trabajadores. Este hecho tan grave requiere una investigación y ha de ser una investigación en profundidad y seria. Las familias de los mayores que murieron en las residencias no les olvidan, una parte de la sociedad tampoco, por lo que es tan importante este ejercicio de investigación y de dar voz a la verdad para que este sufrimiento no se olvide, no quede impune y no vuelva a repetirse.

Una de las conclusiones que pudieron sacarse de las comparecencias en esta Comisión Ciudadana es que se tomaron decisiones que no son éticas, y se tradujo en las que las personas mayores tenían menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, y el triaje no estuvo basado en criterios clínicos sino en criterios de dependencia. Además, los profesionales de las residencias detallaron lo atroz que vivieron esos días en los que se les llegó a negar algo tan básico como el oxígeno, que es al fin y al cabo negar la vida.

Al mismo tiempo se concluyó que hubo una la falta de «transparencia» sobre lo que sucedió en las residencias. No es solo que se dejara morir a personas en las residencias, es cómo se permitió que murieran. A cualquiera con un mínimo de sensibilidad le removería las tripas. El abandono institucional fue evidente, ya que en los hospitales privados hubo muchas camas vacías y no se quiso trasladar a nadie. Después de todo, tras la inacción del Gobierno de Ayuso hay un mensaje claro: no hay mejor manera de acabar con la sanidad pública que enviar a la población el mensaje de que en caso de emergencia sanitaria dejarán morir sin asistencia médica a quienes no tengan un seguro médico privado. La maldad en este asunto no conoce límites y está en nuestras manos frenarlo.

Para entender qué ocurrió en las residencias y cómo se les dejó morir abandonados a su suerte en condiciones inhumanas no podemos olvidar los recortes en sanidad previos. La crisis de 2008 se tradujo en recortes en lo social y en lo sanitario y ese desmantelamiento de la sanidad ha tenido sus consecuencias directas, tanto en las residencias como en los hospitales y muy especialmente en la atención primaria en la actualidad.

Sigo sin poder comprender que se trate con esa falta de empatía y cuidados a toda una generación que contribuyó con todo su trabajo y esfuerzo para que gozáramos de derechos y de bienestar social.

Sigo sin poder comprender que se trate con esa falta de empatía y cuidados a toda una generación que contribuyó con todo su trabajo y esfuerzo para que gozáramos de derechos y de bienestar social. Es necesaria por tanto una mayor implicación institucional y social a la hora de abordar un tema que nos afecta directamente a la sociedad en su conjunto. La dependencia y la atención  a los mayores cuesta dinero y no se ha gestionado de la manera adecuada o peor aún, se ha gestionado con fines lucrativos.

Existe una falta de dignidad, material y de cuidados en las residencias madrileñas, con culpables directos, que siguen sin recibir ningún tipo de condena por los hechos acontecidos. Antes de la pandemia ya habíamos padecido una de las mayores privatizaciones sanitarias y fue en la Comunidad de Madrid, la misma en la que después no habría respiradores para todos, ni camas para todos, ni atención para todos, o eso era al menos lo que afirmaron los responsables, porque lo cierto es que para quienes tenían un seguro privado sí había la opción de vivir. Quien tenía dinero podría tener la posibilidad de sobrevivir o al menos no morir con crueldad, mientras quien estaba en una residencia pública no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, además de morir en condiciones de tortura e indignidad humanas. De hecho, Amnistía Internacional ya dijo que se habían vulnerado cinco derechos humanos: el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho de tener una muerte digna.

No podemos estar hablando de democracia o Estado de Derecho si se vulneran los derechos humanos de las personas más vulnerables, no podemos hablar de bienestar social cuando una parte de la sociedad sufre y no es atendida con la dignidad que merece. Se vulneran los derechos humanos cuando sabemos además que unas 55.000 personas son atadas o sedadas a diario para reducir su agitación en las residencias españolas, un procedimiento que ha sido condenado por la ONU. Y es más que probable que ese abuso venga de la mano de la falta de una plantilla adecuada y de la precarización de los trabajos de los cuidados, por lo que es necesario que también se mejoren las condiciones laborales de las personas que trabajan en residencias.

En mi opinión, el Gobierno Central debería intervenir si no se cumplen adecuadamente las condiciones de vida digna, y todo parece indicar, tras las comparecencias en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias y los cientos de denuncias interpuestas también este verano que en muchas residencias de la Comunidad de Madrid se está ignorando el bienestar y la vida digna de los residentes. Nada ha cambiado, no se ha tomado nota del infierno que se vivió en la pandemia y una Ley Estatal de Residencias es necesaria. Mejorar la habitabilidad de las residencias para personas mayores es una exigencia social y política en la que ya vamos tarde.