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Apertura del año judicial — Alberto Ortega / Europa Press

Putodefendiendo a los jueces

Siendo a mi juicio indiscutible que el lawfare existe, y que esa misma existencia nos aleja del tan proclamado Estado de Derecho, no tiene sentido escandalizarse porque se nombre, se reconozca su existencia, e incluso se dimensione e investigue, porque precisamente eso nos acercará a la pretendida división de poderes, real y efectiva


Tras la firma del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts, en el que se hace explícita referencia al término anglosajón “lawfare”, que el propio acuerdo traduce como “judicialización de la política”, pero que resulta más claro si se explica como “utilización política de la administración de justicia”, han salido en tromba asociaciones judiciales, de fiscales, colegios de abogados, y juristas varios a título individual, pero con cuentas en redes sociales con millares de seguidores, a rasgarse las vestiduras, objetando, por resumirlo, que la mención al lawfare es impropia de una democracia consolidada, y que en España no hay lawfare porque es un Estado social y democrático de derecho.

El argumento que ofrecen, sin embargo, más allá de lo emocional de los grandes conceptos, resulta completamente vacío, dado que España será o no un Estado de Derecho en función del cumplimiento real y efectivo de las garantías jurisdiccionales de los ciudadanos, de modo que el que lo sea o no será efecto, en este caso, de la existencia o inexistencia del invocado lawfare, y no al revés. Dicho de otro modo, no puede decirse que “el lawfare no existe porque España es un Estado de Derecho” porque es como decir “el crimen no existe porque España es un Estado de Derecho” o “la corrupción en España no existe porque es un Estado de Derecho”, silogismos que, más allá del golpe en el pecho que suponen, nada aportan al debate.

Es evidente que en el día a día de los Juzgados y Tribunales, lo que se despacha son asuntos ajenos al devenir político del Estado y, por ende, se aplica el conocimiento tecnico-jurídico para la resolución de los conflictos que se someten a su jurisdicción, que es básicamente como conceptúan su trabajo los numerosos jueces y fiscales que han salido en tromba a descalificar la utilización de esa expresión.

Pero es igualmente cierto, y esos jueces y fiscales lo saben, o deberían saberlo, que en aquellos asuntos que pueden afectar a la gobernabilidad, a las estructuras de poder, o al propio sistema, la aplicación de la técnica jurídica se combina en ocasiones con intereses genuinamente políticos, ocurriendo algunas de esas veces, incluso, que la técnica jurídica se emplea al servicio de tales intereses.

A fecha de hoy, ¿de verdad alguno de esos jueces y fiscales que ahora rasgan sus togas opina honestamente que la prisión provisional que sufrieron los titiriteros del “Gora Alka-Eta” responde a la aplicación neutral de la Ley, y no viene atravesada en mayor o menor medida por la circunstancia de haber sido contratados por un Ayuntamiento de Madrid gobernado en ese momento por una fuerza política ajena al turnismo surgido de la transición, y como parte de un espectáculo mediatico-jurídico destinado a minarla electoralmente?

No puede decirse que “el lawfare no existe porque España es un Estado de Derecho” porque es como decir “el crimen no existe porque España es un Estado de Derecho” o “la corrupción en España no existe porque es un Estado de Derecho”, silogismos que, más allá del golpe en el pecho que suponen, nada aportan al debate

¿Sinceramente opinan esos Señorías, que ahora se sienten agraviados, que las lesiones que sufrieron los guardias civiles en Alsasua eran merecedoras de una acusación de terrorismo, y descartan completamente que esa calificación no buscara mantener de manera artificiosa la competencia judicial en la Audiencia Nacional y por ello en un entorno judicial más cercano al poder político del Estado?

¿Pondrían la mano en el fuego defendiendo que la imputación a Puigdemont que se ha conocido dos días antes de ver a la luz el acuerdo de investidura, y que incluye a un fallecido por infarto como presunta víctima terrorista, responde a la mera aplicación de criterios técnico-jurídicos, así como que la fecha en la que se conoce tal imputación es una auténtica y genuina casualidad, ajena al propio devenir de las negociaciones políticas para la investidura?

Y esto sin abrir el melón de las causas judiciales que protagoniza Podemos, sus dirigentes y otras personas afines, y que darían lugar, no a un artículo, sino incluso a un libro.

Siendo a mi juicio indiscutible que el lawfare existe, y que esa misma existencia nos aleja del tan proclamado Estado de Derecho, no tiene sentido escandalizarse porque se nombre, se reconozca su existencia, e incluso se dimensione e investigue, porque precisamente eso nos acercará a la pretendida división de poderes, real y efectiva. Puede, legítimamente, discreparse de las soluciones que se sugieren en ese acuerdo, alertarse de sus consecuencias, e incluso proponer y defenderse otras alternativas, como de hecho ya se hace cuando se discute sobre el origen de los nombramientos de los miembros del CGPJ. Por el contrario, negar un problema nunca ha sido el modo más eficaz de enfrentarlo, y desde ese negacionismo se hace un escaso favor al propio poder judicial y su independencia: solamente se le está, permítaseme el símil, putodefendiendo.


Madrid –

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