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¿Qué propiedad privada?

La tormenta se llevó las chapas, colchones y muebles de cientos de miles de familias. Su pequeño patrimonio ya no está. La propiedad privada de unos goza de la protección del Estado, la de otros no. En Argentina la cuestión de la tierra es el nudo gordiano de la conflictividad social y económica


La tormenta se llevó las chapas, colchones y muebles de cientos de miles de familias. Su pequeño patrimonio ya no está. Los daños son incalculables, en términos económicos no es poco porque aunque la mayoría de los afectados son pobres, el daño general es considerable. En términos humanos, es decir, en relación a la vida de cada familia afectada, es muchísimo.

Refugiados en los centros comunitarios de las organizaciones sociales o en las parroquias, los evacuados valoran y defienden la solidaridad organizada de su comunidad que a pesar de las agresiones permanentes de un gobierno que visualiza cualquier forma de organización popular como un enemigo a destruir.

La gente sencilla de nuestro pueblo volverá a construir su rancho, sabiendo que para los de arriba su vida vale menos que ganado, aunque para el de arriba somos todos iguales. Los pequeños productores hortícolas, que en algunas zonas perdieron un año entero de trabajo, volverán a levantar sus invernaderos para alimentar al pueblo, incluso ahora sin la única ayuda pública que tenían a través del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena recientemente clausurado por el Gobierno.

Posiblemente, no se vaya a declarar una “emergencia urbana y agropecuaria” para compensar a los vecinos de los barrios pobres y a los quinteros arrendatarios por sus pérdidas. La propiedad privada de unos goza de la protección del Estado, la de otros no.

Concedamos que la “tormenta en celdas” es un hecho inevitable de la naturaleza. El presidente decretó la inexistencia del cambio climático. Cualquier alusión al vínculo objetivo que existe entre la destrucción de los humedales —producto de desarrollos inmobiliarios, desmontes y quemas intencionales— nos convertiría en salvajes comunistas que inventan datos científicos a través del marxismo cultural infiltrado en las ciencias duras.

Realizada esta concesión al terraplanismo oscurantista, nos queda preguntarnos por los actos deliberados contra la propiedad privada de las mayorías populares. Demos solo algunos ejemplos:

1.- La confiscación sin indemnización ni compensación alguna de la propiedad privada de 40 millones de argentinos que viven de sus ingresos laborales dictaminada por la devaluación del 118% en la moneda nacional el 12 de diciembre de 2023.

2.- La imposición de un 10.5% de impuestos sobre los productos de la Canasta Básica establecida por el gobierno nacional como uno de sus primeros actos de gobierno el 2 de enero de 2024.

3.- La confiscación del Fondo Nacional de Incentivo Docente que redujo en un porcentaje que oscila entre el 15% y el 30% los salarios ya devaluados de los maestros y profesores.

4.- La confiscación de ingentes sumas de dinero para usuarios y consumidores de servicios públicos como la luz, el gas, el agua, los servicios de internet y el transporte en beneficio de las empresas prestatarias.

5.- La confiscación de enormes sumas de dinero a los ciudadanos que utilizan vehículos particulares con un leonino aumento de los combustibles en beneficio de las grandes petroleras.

A esto se suman infinidad de medidas en vigencia y otras que se impulsan como el aumento del impuesto a los “altos salarios” —técnicamente el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría— o las que representa otra confiscación.

Es importante reflexionar sobre esta situación. Los defensores de la propiedad privada tienen en mente —cuando hablan— a los inversores financieros, a las empresas multinacionales, al gran capital “nacional” y los terratenientes arrendatarios. La propiedad privada de las mayorías no entra en el ideario neoliberal-libertario que en definitiva es una socialización comunista de la devaluación y una apropiación de la renta nacional por parte del capitalismo.

En este contexto de agresión fiscal y confiscación de la propiedad privada contra las mayorías populares, un señor vinculado a la narcopolítica, el diputado Espert, llamó a la rebelión fiscal frente a la actualización de un impuesto pequeñísimo llamado “impuesto inmobiliario rural” que pagan los dueños de campos.

Se trata de un impuesto bien segmentado entre grandes, medianos y grandes propietarios que para el 90% de los contribuyentes que no tiene aumento alguno en relación a lo que pagaban en 2019 cuando gobernaba María Eugenia Vidal. El pago promedio será un 5% más bajo en pesos constantes.

El 10% restante —aproximadamente dos mil grandes propietarios con propiedades fiscalmente valuadas en más de 192 millones de pesos— pagará un módico aumento en relación a 2023 que representa no más de un miserable 12% de la ridícula suma que pagaron el año pasado. Lo más loco es que, en pesos constantes, con aumento y todo, el selecto grupo de los grandes propietarios también va a pagar menos que con Vidal. Marche un monumento de Kicillof en el predio ferial de Palermo que, en contubernio con Carlos Menem, se virló la Sociedad Rural.

Es importante destacar que el valor real de mercado de un campo es 20 veces su avalúo fiscal. Ese campo que va a pagar el 0,3% en concepto de impuesto inmobiliario vale en realidad 3800 millones de pesos. Los convenientes “usos y costumbres” de subvaluación de los inmuebles distorsionan cualquier política fiscal razonable. El dueño de ese campo va a pagar 9 mil pesos por mes. Un combo de McDonalds. La rebelión de Espert es la rebelión del Combo.

Pero si vemos la imagen completa, la situación es más ridícula aún. Veamos que pasó en 2023. La recaudación total de la provincia de Buenos Aires en concepto de impuesto rural fue de 45.000 millones de pesos sobre más de 23 millones de hectáreas destinadas a cultivos y ganadería. En efecto, según el Censo Agropecuario 2018, diez millones de hectáreas estaban destinadas a cultivos y trece millones a la ganadería. Sabemos que en los últimos 6 años, el área sembrada creció fuertemente, pero manejarnos con los datos oficiales.

Si dividimos el total recaudado por la cantidad de hectáreas nos enteramos de un dato curioso:

$45.000 millones / 23 millones de ha = $1956 por ha anuales.

Interesante. Los propietarios rurales pagan un total de 163 pesos por mes en concepto de impuesto inmobiliario rural… ¿media empanada? Desde luego, gran parte de esas 23 mil hectáreas ni siquiera pagan impuestos.

Hablé con dos jugadores importantes del agronegocio, un gran propietario y un famoso empresario del sector. En ambos casos, confirmaron que tanto el impuesto inmobiliario como el aumento en cuestión era insignificante. Ambos afirmaron que el problema era el esquema impositivo en su conjunto: retenciones, ganancias, etc. Aunque el crecimiento patrimonial de todos estos actores económicos ha sido sostenido, se quejan de la carga impositiva. Tal vez alguna de sus quejas sea atendible y comparto que el esquema fiscal constituye un conjunto de superposiciones del nivel nacional, provincial y local y ciertas reglamentaciones abstrusas, lejos de mejorar la recaudación y potenciar una producción sustentable complica todo. Agrego que la evasión rampante y el incumplimiento de leyes ambientales empeora el cuadro.

Cabe preguntarse entonces por qué si representa tan ínfimo “perjuicio”, la medida de Axel Kicillof haya despertado el instinto revolucionario de Espert al que se sumó el ministro Francos y el propio presidente Javier Milei con algunas conspicuas cámaras empresarias. La razón es muy simple: poner a la provincia de rodillas, sea como fuera. Es la misma lógica con la que acorralan a los gobernadores, al movimiento obrero, a las organizaciones sociales, a la oposición política. Su estrategia es una estrategia de poder absoluto. Todo lo que no sea el poder central debe ser humillado, ahogado, destruido. El sufrimiento de la gente es un daño colateral.

El aspecto positivo de estas cruzadas sediciosas de la anarco-narco política nos permiten repensar algunas cosas, entre otras, la injusticia perenne del sistema tributario argentino, en particular en lo que respecta a los grandes terratenientes.

Fíjense, por ejemplo, cómo estos dos mil porteños disfrazados de gauchos, propietarios de tierras que muchas veces ni siquiera conocen, se embolsan 450 dólares por hectárea. Con 300 hectáreas en la zona núcleo —un patrimonio de 45 millones de dólares—, el ocioso rentista se embolsa anualmente 135.000 dólares, el valor de 675 salarios mínimos, 108.400 horas de sudor, el valor de un departamentos en la Ciudad de Buenos Aires en el que otro trabajador dejará medio sueldo para dormir en el nuevo depto de este pobre hombre al que el comunista de la provincia le confisca un combo de McDonalds. Un hombre cuya laboriosa mano tuvo que hacer el meritorio esfuerzo de firmar el contrato de arrendamiento.

Mientras tanto, en la Argentina real, cualquier madre de cartonero va a comprar la leche y paga el 10,5% de Impuesto al Valor Agregado que restituyó Milei, cualquier supervisor de planta va a comprar un par de zapatillas y paga el 21%, un tipo lleva todos sus ahorros en carretilla para pagarle a las empresas eléctricas los doscientos mil pesos que le llegaron de factura de luz con aumentos del 100%, el paciente oncológico de una prepaga tiene que vender las joyas de la abuela para pagar la tarifa que llegó con aumentos del 200% en virtud de famoso Decreto de Necesidad y Urgencia (sic) que impusieron —Sturzzenegger mediante— las corporaciones y que sigue vigente pese al rechazo de la Cámara de Senadores.

En Argentina la cuestión de la tierra es el nudo gordiano de la conflictividad social y económica. El poder económico de las élites se asienta en las distintas formas de explotación de la tierra: el agronegocio, el extractivismo, los desarrollos inmobiliarios. La miseria de los humildes en la falta de un terrenito para vivir o producir. Queremos dar la pelea de fondo en este punto, que no implica siquiera “expropiar a los expropiadores” sino equilibrar los derechos de propiedad sobre la tierra con las necesidades del país, la sociedad y la naturaleza. Que cada familia tenga un terreno para construir y cada agricultor una parcela de tierra para producir.

La economía de Milei sobre este punto es pre-capitalista o feudal en términos de sus autores de cabecera. Está inspirada en Martínez de Hoz y Menéndez Betti, no en Alberdi, Von Mieses o Rothbard. Ninguno de los tres aceptaba el latifundio. Les dejo simplemente una cita de Rothbard al respecto para ver que esta gente confunde permanentemente intereses con convicciones y adapta la teoría a sus negocios:

“Pagar alquileres feudales por las tierras es el equivalente cabal del pago de un tributo anual de los productores a sus violentos conquistadores. Los alquileres feudales de las tierras son, por tanto, una forma de tributo permanente. Nótese bien que no es necesario que los campesinos actuales sean descendientes de las víctimas primeras. Dado que la agresión se mantiene en pie tanto tiempo cuanto conserva su vigencia esta relación de agresión feudal, los campesinos de hoy son las víctimas contemporáneas y los actuales legítimos propietarios” (El problema del robo de tierras, La Ética de la Libertad, Murray Rothbard, Unión Editorial, 1982).

Los campesinos de hoy son los cabecitas del conurbano, los excluidos, los descamisados del presente, los hijos, nietos, bisnietos de la antigua familia rural expulsada en el proceso que tan bien describe: “un Estado invasor conquistó las tierras de los campesinos y luego repartió dichas tierras a varios señores de la guerra como sus feudos «privados», desde entonces para extraer «renta» del desdichado campesinado“.


Madrid –

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Editorial

  • Florentino Pérez, ministro de Vivienda

    El problema de la vivienda en España es gravísimo y es urgente en términos sociales y económicos abordarlo de forma valiente. Pero habría que ser muy inocente para llevarse a engaño. Es obvio que el PSOE no va a hacer absolutamente nada significativo en esta materia