Renta básica universal: un debate necesario

En España, quizás también en muchos otros países, la izquierda ha perdido capacidad de iniciativa en el debate público. El Gobierno de coalición monocolor no está logrando protagonizar la agenda política. Es cierto que la agenda la determina, en última instancia, el poder mediático, pero el Gobierno puede poner más o menos de su parte para marcar un horizonte de progreso en la conversación pública. Sin un rumbo progresista en el debate público siempre será más difícil materializar reformas dirigidas a garantizar derechos y avances en justicia social. Los titubeos del Gobierno con la amnistía —una buena ley, pero que choca con las declaraciones anteriores de muchos dirigentes del PSOE—, la fragilidad del socio minoritario o el contexto geopolítico de guerra son algunas de las causas de esta falta de impulso político, a lo que hay que unir un cierto agotamiento de ideas y una palmaria ausencia de voluntad transformadora.

Así las cosas, en el actual contexto es apremiante que los actores y analistas de izquierdas se opongan con contundencia a la barbarie belicista, pero creo que también deberían poner encima de la mesa grandes propuestas que permitan, al menos, debatir sobre soluciones a los problemas estructurales de la desigualdad y la precariedad. Hubo un tiempo, en torno al 15-M, en el que se creó un estimulante debate político-económico entre partidarios de la renta básica universal y defensores del trabajo garantizado. Se trataba, más bien, de una falsa dicotomía, pues las propuestas ni son las únicas ni son excluyentes.

Retomo ese debate hoy poniendo el foco en la renta básica universal, una propuesta de origen académico, pero con arraigo en algunos movimientos sociales. La renta básica universal es una prestación económica individual, periódica, incondicionada y universal que el Estado abona a cada miembro de la sociedad. Los requisitos de la incondicionalidad y universalidad del ingreso determinan que, a diferencia de las rentas mínimas, nadie quede excluido del ingreso (aun cuando no lo necesite).

La renta básica universal es una propuesta interesante y muy atractiva. Las notas de la incondicionalidad y la universalidad ponen fin a la vinculación entre ingresos y relaciones laborales, lo que puede considerarse rupturista. Entre otras ventajas, implicaría una gran simplificación administrativa, al evitar la burocracia que conlleva comprobar quiénes cumplen los requisitos de las rentas mínimas y al suprimirse otro tipo de ayudas parciales (salvo las personas con discapacidad, que recibirían una cuantía extra). Además, la renta básica universal contribuiría a minimizar el problema de las personas que no piden las ayudas por desconocimiento a pesar de cumplir las exigencias, así como a desestigmatizar la pobreza y las ayudas públicas correspondientes. La medida también produciría un efecto similar al del salario mínimo interprofesional, pues nadie estaría dispuesto a trabajar para un empresario salvo que este abone un salario superior al de la renta básica universal. Por supuesto, la renta básica universal también ayudaría a prevenir la pobreza, pues las rentas mínimas como el ingreso mínimo vital siempre operan a posteriori, así como a alcanzar una mayor igualdad socioeconómica (también de género).

Las objeciones que presenta la derecha a la renta básica universal son las de siempre: cuanto menos intervenga el Estado, mejor. Por tanto, carecen de rigor e interés. Sin embargo, desde una posición de izquierdas creo que sí cabe plantear objeciones sólidas. Aunque no soy experto en la materia, expondré algunas de ellas.

La renta básica universal parece encarnar un proyecto individualista de sociedad, ya que su máxima es que cada persona se gaste el dinero en lo que desee (la derecha podría instrumentalizar esta idea para implantar medidas como el cheque escolar y mercantilizar los servicios públicos). Sin embargo, en toda sociedad existen necesidades materiales que deben satisfacerse a través del trabajo, que es una actividad humana de carácter social, es decir, que requiere la concurrencia de otras personas. Una propuesta que se desentiende de cómo se articulan las relaciones de producción difícilmente puede considerarse emancipatoria: a lo sumo aspirará a parchear la estructura económica. En cambio, los defensores del trabajo garantizado sí son portadores de un proyecto de tipo más comunitario o republicano, pues el Estado democrático asume un liderazgo inequívoco a la hora de organizar la sociedad en tanto que contribuye a configurar qué trabajos son necesarios para la comunidad y cómo se reparten. Por cierto, recordemos cómo la pandemia nos mostró qué actividades eran realmente esenciales.

No es casual que la renta básica universal sea una propuesta impulsada en los años ochenta como respuesta al debilitamiento del mundo del trabajo tras el auge neoliberal. En cierto sentido, puede considerarse una propuesta derrotista: de facto asume la capitulación de las clases populares, de tal forma que el Estado, en lugar de promover el pleno empleo y la protección de las personas trabajadoras frente al capital, pasaría a contener daños.

Otros dos argumentos contrarios a la renta básica universal se pueden esgrimir desde la izquierda. De un lado, la justificación de la titularidad universal es débil cuando se refiere a las personas migrantes. Es verdad que sus partidarios incluyen a las personas en situación de residencia legal, pero no especifican mucho más. ¿Qué sucedería con las personas migrantes en situación irregular? ¿Y con los programas de contrataciones en origen que vehiculan la migración con fines laborales? El planteamiento teórico de la renta básica universal podría contribuir a conformar una sociedad en la que las personas extranjeras trabajan para las personas con nacionalidad. No es una distopía imposible: en algunos países del golfo Pérsico la inmensa mayoría de la población trabajadora está compuesta por personas migrantes, mientras que la minoría con nacionalidad acumula los privilegios (una realidad incómoda que no es ajena a España y otros países de nuestro entorno, aunque sea tendencialmente).

De otro lado, cabe esgrimir la posible regresividad del gasto público que conllevaría la renta básica universal. Aunque el efecto neto de otorgar (por ejemplo) 800 euros mensuales a las personas pertenecientes a las clases altas se compensara con una nueva fiscalidad progresiva (algo factible, pero no sencillo), la universalidad de la prestación podría generar problemas de gestión presupuestaria. No cabría descartar que la universalidad de la renta básica implicase la merma de otras partidas presupuestarias de gasto social. Y es que no es lo mismo aplicar la renta básica universal en un supuesto abstracto e hipotético que en un país sin soberanía monetaria y tutelado en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La financiación de la renta básica universal es viable, como han demostrado sólidos estudios, pero las dificultades de gestión presupuestaria podrían aconsejar el diseño de una renta no universal, evitando así que las personas con ingresos o patrimonios suficientes reciban la prestación.

La renta básica universal conlleva grandes ventajas, pero también inconvenientes que pueden ser aducidos desde una posición de izquierdas. En cualquier caso, tanto la renta básica universal como el trabajo garantizado son dos propuestas ambiciosas que estimulan el debate público y prometen ofrecer soluciones a los grandes problemas de nuestro tiempo: las desigualdades, el colapso ambiental o el malestar social. Vienen tiempos en los que la resistencia pacifista a la barbarie belicista será una prioridad cívica; pero, de alguna forma, en la izquierda también hay que encontrar momentos para debatir, desde abajo, cómo transformar la realidad, involucrando en la conversación, en la medida de lo posible, a amplios sectores de la sociedad. Tendrá que haber un camino.

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