Opinión

Repensar la política migratoria

Lo que la sentencia del máximo órgano jurisdiccional revela es que la política migratoria española no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, ni siquiera los derechos de la infancia

El pasado lunes se hizo público que el Tribunal Supremo confirmaba que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería. Por cierto, es una mala práctica que la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial difundiera párrafos de la sentencia y no así el texto completo. Algún día habrá que prestar atención al déficit de transparencia tanto del órgano de gobierno del poder judicial como de los juzgados y tribunales.

La sentencia del Tribunal Supremo es un varapalo para el ministro Marlaska. Y no se puede decir que el ministro del Interior no estuviera avisado. El tercer sector, especialmente valioso y cualificado en el ámbito migratorio, lo denunció puntualmente. También Belarra, entonces ministra de Derechos Sociales, remitió una carta a Interior advirtiendo de la gravedad de los hechos el 13 de agosto de 2021, el mismo día en el que los medios informaron sobre el acuerdo para las repatriaciones.

El varapalo judicial a Marlaska no es un caso aislado. Curiosamente, la jurisprudencia juega un papel muy activo en el ámbito del Derecho de extranjería, no pocas veces corrigiendo los excesos del poder ejecutivo, aunque sin alterar elementos estructurales. A mi modo de ver, lo que representa esta sentencia va más allá de la evidente responsabilidad política que debería asumir Marlaska. Lo que la sentencia del máximo órgano jurisdiccional revela es que la política migratoria española no garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, ni siquiera los derechos de la infancia.

La política migratoria española arrastra numerosos problemas en su diseño: complejidad competencial, ausencia de carácter integral, escasa planificación estratégica, falta de evaluación, etc. En puridad, salvo diferencias puntuales o de matiz (a veces importantes), los sucesivos Gobiernos se limitan a dar continuidad a una política de control de fronteras, a atender las situaciones coyunturales y a reclamar más compromiso (dureza) a una Unión Europea cada vez más activa y menos garantista en la materia, como evidencia el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

Una ocasión perdida para reorientar la política migratoria ha sido la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución de 19 de diciembre de 2018. Aunque, en puridad, se trata de un instrumento internacional de Derecho blando (soft law), el Pacto aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva multidimensional y pretende “reducir los riesgos y vulnerabilidades a que se enfrentan los migrantes durante las distintas etapas de la migración respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos”. Sin embargo, España no ha elaborado un plan específico para la implementación del Pacto Mundial para la Migración.

Aunque alguna reforma reciente ha sido positiva, como el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, que favorece la inclusión de los menores extranjeros no acompañados y jóvenes ex-tutelados, el desafío más perentorio de la política migratoria española es aplicar, en todas sus dimensiones, un enfoque basado en los derechos humanos. El contenido en materia migratoria del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027), aprobado por el Gobierno español en junio de 2023, es del todo insuficiente, de tal forma que es imprescindible impulsar un instrumento de planificación de carácter específico y mucho más ambicioso que permita llevar a acabo toda una agenda de reformas garantistas.

Desde una perspectiva netamente política, parece evidente que los Gobiernos progresistas se muestran incapaces de desarrollar una política migratoria alternativa a la que predica y ejecuta la derecha. Como sucede en otros ámbitos, el miedo a la oposición de la derecha ―fortalecida por los discursos antiinmigración del poder mediático― provoca que la política migratoria de los progresistas se mimetice. Y las convicciones propias acaban desapareciendo por desuso. Frente a la inercia claudicante, debemos recordar que la barbarie solo se evitará defendiendo sin complejos una política migratoria que respete y proteja los derechos humanos.

Pero una política democrática sobre la migración no puede limitarse a garantizar los derechos humanos y luchar contra los discursos de odio. La decencia es siempre un proyecto de mínimos: necesitamos ir más allá. Hay que introducir en el debate público un análisis más profundo del fenómeno migratorio que aborde las causas reales de los flujos, las responsabilidades históricas de los países de destino y el impacto de los factores neocoloniales. En particular, urge comprender el alcance económico y geopolítico de los regímenes fronterizos y su funcionalidad para con el capitalismo global (las aportaciones de Harsha Walia son un buen punto de partida). Y, sobre todo, debemos construir un nuevo imaginario emancipador que siente las bases de una política democrática sobre la movilidad de las personas y los capitales en un mundo asediado por la crisis climática y la desigualdad socioeconómica y de género.