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El Rey Felipe VI

Felipe VI en el Foro La Toja

 Agostime / Europa Press

Si tanto quieren al rey, que se lo queden para ellos solos

Bajo la tesis de Zarzalejos se justificaría la capacidad de autogobierno de los jueces y se daría carta de naturaleza a la existencia de un poder no sometido a la soberanía popular


Durante su investidura fallida, Alberto Núñez Feijóo consideró que el hecho de que Pedro Sánchez no interviniera en el debate era una desconsideración hacia el rey, que es quien le había designado candidato. Se situaba así el líder del PP como el vasallo más aventajado del bloque monárquico y, por tanto, reaccionario.

Para la derecha española, la Corona es lo primero ante todo y la razón de ser de un país y un Estado que han concebido como un coto privado de la oligarquía patrimonial. Una oligarquía que tiene en la irresponsabilidad personal del rey la garantía de sus intereses en el seno del Estado.

El PP sostiene desde hace tiempo una estrategia de apropiación de la monarquía como institución propia y como nexo con VOX, una estrategia que viene de lejos. Sobran los ejemplos. Quizá el más gráfico sea el cartel electoral del PP andaluz en las últimas elecciones autonómicas, en las que aparecía el monarca, pero hay más: las fotos con Felipe VI de los diputados autonómicos de VOX en Baleares a modo de ‘groupies’ en Marivent, las palabras irrepetibles de Pablo Casado (cuando era el máximo responsable del PP) en las que pedía decir “viva el Rey” a cada gesto cotidiano y la tremenda fotografía de Isabel Díaz Ayuso con Felipe VI en Las Ventas. Un régimen retratado.

Frente a esta estrategia el PSOE ha respondido de manera vergonzante, asumiendo un papel de partido monárquico de “izquierdas” en los tiempos de la inteligencia artificial. Todo un despropósito, pero nada extraño en la historia política de nuestro país.

La primera y la segunda Repúblicas fueron posibles cuando el bloque democrático asumió que la monarquía era un obstáculo insalvable para la democracia. Una tradición de corrupción, borboneo y golpismo que ha acabado, hasta ahora, con María Cristina, Isabel II, Alfonso XIII y Juan Carlos I escondidos fuera de España.

Monarquía o democracia

¿Cuándo entenderán el PSOE y la progresía biempensante que abordar la cuestión de la superación del poder monárquico forma parte de las tareas de democratización del Estado? Porque ese poder monárquico es mucho más que el rey y representa a todos los sectores del Estado y de la sociedad que no reconocen la soberanía popular.

A veces, para entender algunas cosas puede resultar útil escuchar al adversario. A veces, incluso, entre los insultos y las descalificaciones se desliza una idea interesante, así, como de contrabando. Hace poco tiempo, Díaz Ayuso tenía razón cuando dijo que estamos cada día más cerca de la república “federal laica y plurinacional”. La afirmación no podía ser perfecta y a la presidenta más neoliberal le faltó incluir “solidaria”, adjetivo que es el cemento que puede unir de forma fraternal en un proyecto común a la clase trabajadora y a las clases populares de los pueblos de España.

¿Cuándo entenderán el PSOE y la progresía biempensante que abordar la cuestión de la superación del poder monárquico forma parte de las tareas de democratización del Estado?

La Corona se revela cada vez más como un lastre para la resolución de las tareas democráticas pendientes. El reconocimiento de la plurinacionalidad es incompatible con la monarquía borbónica. Resulta más que evidente que esta institución representa a los sectores económicamente privilegiados, lastrando la posibilidad de la resolución de la cuestión social. Además, la Corona simboliza expresamente la discriminación de las mujeres, estableciendo en la Constitución la prevalencia del varón sobre la mujer y de la sangre sobre las urnas, avergonzando a una sociedad que empuja con fuerza una nueva ola de derechos feministas. Por último, su histórica relación con el maltrato a los animales y el desprecio por el medio ambiente la convierten en una institución que choca con las ansias de las nuevas generaciones por proteger la vida en el planeta y defender los derechos de la naturaleza ante la emergencia climática.

Resulta evidente que el rey tiene opinión política y que la expresa, como hizo el 3 de octubre de 2017. Una voz reputada en el bloque monárquico como la de José Antonio Zarzalejos nos recordaba hace poco que la Justicia se administra en nombre del rey y que esto no es un aforismo, sino un hecho político de primera magnitud, con la gravedad que esto conlleva. Lo hizo sin despeinarse en su artículo “El grave riesgo de desautorizar al Rey y la efeméride del golpe de 1923”, título que podría sonar a amenaza velada por el recordatorio al golpe de Estado de Primo de Rivera apoyado por Alfonso XIII. Sobre todo si tenemos en cuenta el cierre del discurso de Santiago Abascal el pasado viernes: “(…) El pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse; después no vengan ustedes lloriqueando”.

Bajo la tesis de Zarzalejos se justificaría la capacidad de autogobierno de los jueces y, por tanto, se daría carta de naturaleza a la existencia de un poder que no está sometido a la soberanía popular. Un Estado, y un poder monárquico, autónomos de la soberanía popular.

Un país nunca puede ser propiedad de una familia. Si tanto quieren al rey, que lo nombren rey de su partido. Que se lo queden para ellos solos. Y todo esto termina haciendo que en nuestras cabezas sigan resonando las palabras de Saint-Just: “No se puede reinar inocentemente. Todo rey es un rebelde y un usurpador”.


Madrid –

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