Opinión

Sin justicia para las 13 víctimas de Atalayas en Murcia

La derecha y la ultraderecha cierran la puerta a que los dueños de los locales, los técnicos del Ayuntamiento y los responsables políticos den explicaciones públicas

El siniestro más mortífero en una discoteca en los últimos 30 años va camino de quedar impune. El 8 de noviembre la Asamblea Regional de Murcia, con los votos del Partido Popular y Vox, vetó una iniciativa de Podemos para crear una comisión de investigación sobre la tragedia que la madrugada del 1 de octubre costó la vida a 13 personas.

La derecha y la ultraderecha cierran la puerta con esta decisión a que los dueños de los locales, los técnicos del Ayuntamiento y los responsables políticos den explicaciones públicas de sus actuaciones, en particular de cómo es posible que unos locales de ocio sobre los que pesaba una orden de cierre desde enero de 2022 siguieran abiertos veinte meses después y funcionando como si nada.

El Partido Popular rechazó la necesidad de esta comisión, dado que ya investigan lo ocurrido el propio Ayuntamiento de Murcia y la justicia. Lo cierto es que el 26 de octubre el Ayuntamiento de Murcia aprobó con los votos del PP y la abstención del PSOE la puesta en marcha de una comisión de estudio, que sigue sin arrancar a día de hoy ante las dudas más que evidentes sobre su eficacia: a diferencia de los Parlamentos autonómicos (artículo 502.1 del Código Penal) los Ayuntamientos no pueden obligar a nadie a comparecer y ofrecer su testimonio. Al margen de ello, resulta paradójico que los mismos concejales cuya inacción debe ser investigada integren ese órgano, siendo juez y parte. La comisión de estudio del Ayuntamiento, por tanto, nace muerta.

En cuanto a la justicia, su actuación también está siendo muy contestada. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia rechazó el 3 de noviembre que Podemos se personara en la causa, reconociendo en su auto que no existía ninguna investigación en curso sobre la falta de licencia del local y la no ejecución de la orden de cierre, una polémica decisión que se encuentra recurrida. El mismo día los familiares de dos de las víctimas solicitaban a la jueza que abriera una pieza separada para investigar la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia, apuntando a “una supuesta actuación corrupta”. Una semana después, otro grupo de familiares elevó una queja al Tribunal Superior de Justicia a través de su abogado, denunciando “maltrato judicial” y “dilaciones indebidas” por parte de la instructora.

Finalmente, el pasado 10 de noviembre fueron detenidos el gerente y el trabajador que introdujeron unas bengalas de fuego frío en los locales siniestrados la noche de la tragedia, en lo que parece una evidente maniobra para descargar sobre dos cabezas de turco toda la responsabilidad por las 13 muertes. Se apunta a las bengalas, la causa inmediata y última del incendio, pero se deja al margen toda la cadena de fallos previa que permitió que las discotecas calcinadas, y otras muchas que están siendo ahora precintadas, hayan venido operando al margen de la ley durante años y sin cumplir las mínimas condiciones de seguridad.

De momento los altos cargos del Partido Popular y del Partido Socialista en la Glorieta que han tenido responsabilidades en esta materia duermen muy tranquilos. En la Región de Murcia el gobierno y los jueces siguen dando la razón a Anacarsis, que se reía de la ciega confianza de Solón en las leyes, “telarañas que enredan y detienen a los débiles, pero que son despedazadas por los ricos y poderosos”.