Opinión

Temor, involución y límites de las derechas españolas

La austeridad es un hecho consumado y el ajuste sobre las vidas de las clases subalternas es inminente. ¿Habrá un seppuku de Sánchez y Díaz del estilo del que acabó con la presidencia de Zapatero el 12 de mayo de 2010?

En pleno e incierto proceso de investidura, la ofensiva de las derechas divididas españolas precisa de un análisis serio. Este solo puede consistir en ponderar el carácter de esa ofensiva, su alcance táctico y estratégico y su relación con el comportamiento del bloque orgánico reaccionario en el estado español y de los grupos dominantes de la sociedad. Este enfoque no abunda, no por falta de capacidades de llevarlo a cabo, sino por falta de interés por parte de los actores políticos parlamentarios o aspirantes a serlo. La realidad está cobrando rasgos tan terribles que lo posible parlamentario o gubernamental huye de la realidad como se huye de un signo de impotencia y muerte. 

Sin embargo, la realidad de la amenaza de las derechas españolas se utiliza, convenientemente deformada, como un recurso electoral por parte de las izquierdas parlamentarias y sus medios de referencia. Por miedo y/o por astucia, pero casi siempre esta última. Ya en 1993, cuando un PSOE podrido de GAL y corrupción veía como se le escapaba el gobierno a favor de la derecha aznarista, unificada y perfumada con esencias de Churchill y Azaña, la “campaña del dóberman” consiguió frustrar temporalmente el primer gobierno del partido fundado por el franquista Fraga Iribarne. “¡Que viene la derecha!”. Desde entonces, el turnismo bipartidista ha explotado hasta la saciedad y la insensibilización la amenaza antidemocrática del otro bando electoral, confundiendo irresponsablemente, en el caso del PSOE, la derechización de las políticas económicas, sociales y culturales con la vuelta al franquismo o a formas de dictadura a través de un golpe de estado. Esta explotación puramente electoral del problema de las derechas post y neofranquistas se vuelve particularmente funesta desde el momento en que, desde la conmoción social y política de las jornadas del 11-14 de marzo de 2004, actores no invitados, como las multitudes efímeras del 13 de marzo de ese mismo año ante las sedes del PP, las multitudes constituyentes del 15M en 2011 y la sociedad independentista catalana en octubre de 2017, junto a la multitud feminista desde 2018 en adelante, han puesto en práctica tentativas masivas de sabotaje de la dominación oligárquica y ultraderechista en el estado y en las instituciones dominantes. La respuesta reaccionaria abandona entonces su carácter puramente electoral y propagandístico para convertirse, en fases sucesivas, en un proyecto de restauración de formas de gobierno autoritario, patriarcal, colonial y cada vez más tendentes a apostar por soluciones más o menos fascistas. En buena parte del mundo. Por desgracia, cuando desde la izquierda partidaria y social antifascista se ha llamado a responder en la calle a los intentos de provocación de la extrema derecha, como la que puso en escena Vox en el barrio madrileño de Vallecas el 8 de abril de 2021, la respuesta del “progresismo” ha sido la criminalización del antifascismo y la llamada al voto útil.

No obstante, tenemos que recordar algo esencial para la lucidez y la virtud de una práctica emancipadora, y es que el estado capitalista, como el propio capital, es una relación social, no una cosa, mueble, aparato o fortaleza. El estado es un compuesto de instituciones, aparatos y agencias heterogéneas, en el que, como escribiera el último Poulantzas, se condensan relaciones de fuerzas entre las clases. Si hay luchas, hay clases, y viceversa, y esas luchas no pueden dejar de atravesar el estado capitalista, sobre todo cuando éste ha asumido tareas de producción, reproducción y planificación económica y social, transformándose en el proceso, como resultado de las luchas de clases, las tragedias y masacres del siglo XX. Esa misma historia ha llevado al estado español a colocarse en un sistema de estados, europeo y atlántico, en el que, OTAN y UE mediante, las estrategias y los grados de libertad de las clases dominantes en y a través del estado español están condicionadas por la dinámica compleja del sistema superior. Por eso hablamos de la “provincia España”.

¿En qué consiste el desafío? En desarticular al mismo tiempo el régimen de guerra y la amenaza reaccionaria del bloque orgánico de las derechas, en el marco de una crisis republicana y constituyente. 

En este marco, antes que hablar de las tácticas y estrategias de las derechas españolas, es necesario decir que estas solo pueden ser una variante de la operación dominante en la UE y en los países miembros de la OTAN, que es lo que he llamado el régimen de guerra. Nada de metáforas: si las tendencias a la suspensión y la excepción de las garantías democráticas acompañan han acompañado como anillo al dedo el medio siglo de neoliberalismo global en el planeta, donde las distintas “guerras” de nuestro siglo —contra el terrorismo islámico, la inmigración ilegal, la ciberdelincuencia, “los okupas”, lo que en 2019 se llamó la “guerra contra el Covid» y, ahora, la guerra civilizatoria en Ucrania— han servido para normalizar la excepción, valga la paradoja. Sin embargo, nadie puede negar que la invasión rusa de Ucrania y la guerra crónica y en expansión geográfica que es su resultado nos demuestran que políticos y militares capitalistas occidentales han decidido que esta es la ocasión de ordenar y movilizar a su servicio la sociedad con arreglo a un esquema bélico (y bastante fascista), el esquema amigo-enemigo. Esta decisión colectiva determina definitivamente el final del estado de derecho tal y como lo conocíamos (o tal vez lo soñábamos). Sirva esto para apuntalar lo siguiente: hay algo más grave y urgente que lo que puedan intentar las derechas españolas, y es la consolidación sine die de un régimen de guerra en el que participan tanto las extremas derechas como el turnismo tradicional entre populares y socialistas, así como una izquierda europea que piensa —es un decir— que la mejor manera de defender derechos y conquistas menguantes pasa por convertirse en el ala izquierda de una guerra civilizatoria de Occidente contra el resto del mundo, tanto el que está más allá de sus fronteras como en el que se anida dentro de ellas, como enemigo interno. A esa izquierda le corresponde explicar esa paradoja.

No sabemos cuándo se acabará la “excepción española”. No solo la energética, sino más bien la lente deformada que nos hace ver o más bien nos oculta el precio de la luna de miel del gobierno de coalición (o más bien del PSOE y Sumar) respecto a la participación en la guerra civilizatoria y sobre todo a la consolidación de un nuevo colonialismo europeo dentro y fuera de sus fronteras. La austeridad es un hecho consumado y el ajuste sobre las vidas de las clases subalternas es inminente. ¿Habrá un seppuku de Sánchez y Díaz del estilo del que acabó con la presidencia de Zapatero el 12 de mayo de 2010? 

Dicho esto, ¿qué cabe esperar del bloque orgánico de las derechas en el estado en el corto plazo? Para empezar, tendrían que conseguir un mínimo de unidad táctica y superar la división incurable tras el estallido del PP de Fraga y Aznar y además ser capaces de coordinar sus operaciones, más allá de lo electoral, con sus resortes en el aparato judicial, policial y mediático. Por ir al grano: no puede haber un golpe militar, con o sin la corona. Sino más bien una operación inversa respecto al procedimiento que Torcuato Fernández Miranda denominó, con su Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976, el paso “de la ley a la ley, dentro de la ley”. Pero esta vez para restringir y suspender al máximo, dentro de la letra de la Constitución española, la vigencia y la realidad efectiva de los derechos constitucionales de reunión, expresión, manifestación y asociación, así como el título VIII sobre la organización territorial del estado. Esto desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo se operaría esa involución y quiénes serían sus agentes probables? No cuesta adivinarlo. Hay que contar con la corona. Si no, no hay nada que hacer. Hace falta que las derechas consigan una mayoría en el parlamento. Hay que ilegalizar unos cuantos partidos, desde los independentistas a Podemos, sin excluir al resto de asociaciones políticas de izquierda radical. Hay que procesar y encarcelar preventivamente a mucha gente: líderes independentistas, miembros de Podemos, activistas feministas, antirracistas, ecologistas, del movimiento por la vivienda, del periodismo alternativo, etc. Hay que alentar y apoyar las derivas fascistas de los cuerpos policiales y de seguridad privada. Y conseguir que la protesta antirrepresiva se divida y disipe su eficacia, que se genere desaliento, resignación y abstencionismo electoral. Son demasiados requisitos. Es cierto que, en lo que atañe a los semáforos verdes procedentes de la Comisión, el Consejo, el europarlamento y los aliados atlánticos, el año que viene es decisivo y podría suponer, si la tendencia a la formación de un bloque de derechas conservadores y fascistas se confirmara y obtuviera mayorías suficientes, un punto de inflexión inédito en la historia de las comunidades europeas. Como he repetido hasta la sociedad, la continuación de la guerra en Ucrania respalda la consolidación del régimen de guerra en Europa y, en esa misma medida, favorece, siembra y legitima el autoritarismo y las soluciones fascistas por doquier.

Pero sería un error mayúsculo dar por perdida esa batalla antes de disputarla. ¿En qué consiste el desafío? En desarticular al mismo tiempo el régimen de guerra y la amenaza reaccionaria del bloque orgánico de las derechas, en el marco de una crisis republicana y constituyente. Para ello hacen falta al menos tres condiciones que no se cumplen en el momento presente: la primera y más importante es la presencia de movimientos de protesta autónoma de las clases subalternas y de las clases medias progresistas radicalizadas. Esos movimientos están obligados a ir más allá, pero no más acá, de los límites del 15M, de las mareas, de la cuarta ola feminista, del debilísimo movimiento sindical del trabajo asalariado y de los movimientos independentistas. Resulta obvio decir que tales movimientos han de formar instituciones propias de convergencia e hibridación, han de producir nuevos sujetos políticos, consejos, federaciones, mareas y plataformas, pero también plazas, ocupaciones. En segundo lugar, tales movimientos han de reapropiarse de la comunicación, saboteando el papel de los medios del IBEX35. Ello solo puede pasar por una constituyente social y política de los medios alternativos, que tienen que estar a la altura del desafío. En tercer lugar, es necesario que la izquierda política y que los partidos republicanos plurinacionales pongan sus activos, su experiencia y sus fuerzas al servicio de la formación de una estrategia de salida del régimen del 78 y del mandato de los movimientos de lucha, una nueva coalición republicana cuyas tácticas no tiene sentido prescribir aquí. ¿Hay en el fondo un profundo pesimismo en la exigencia de tales condiciones? No, hay el realismo absoluto que nace de mirar a la cara la situación y las coyunturas probables, de no cometer la irresponsabilidad de pensar que si una minoría selecta de políticos, clases medias blancas, profesionales, funcionarios, periodistas y rentistas se salva de las peores consecuencias de la victoria de las derechas en el gobierno del régimen de guerra, la tragedia de las clases subalternas no será para tanto.