El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la comisión de investigación de la operación ‘Kitchen’ del Congreso de los Diputados, 2021
Jesús Hellín / Europa Press
Un elefante en el Estado de derecho
Hay un elefante en el Estado de derecho en nuestro país: parece evidente que se han utilizado recursos policiales para perseguir a rivales políticos (principalmente, Podemos y el independentismo) y que se han desarrollado auténticas tramas parapoliciales
En estos meses se está conmemorando el Bicentenario de la Policía Nacional, cuyo origen se ha situado en la promulgación, el 13 de enero de 1824, de la Real Cédula por la que se creaba la llamada Policía General del Reino, a iniciativa del rey Fernando VII. Cabe preguntarse si es esta una narrativa histórica oportuna en el actual contexto político y acorde a los principios y valores de un Estado social y democrático de derecho.
No está en el debate público, sin embargo, una agenda de reformas institucionales que aborde la seguridad pública y la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay motivos para la preocupación. Hasta la fecha, los sectores progresistas, con carácter general, han puesto el foco en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (la llamada ‘ley mordaza’), una norma poco respetuosa con los derechos fundamentales.
En la pasada legislatura no se derogó la ‘ley mordaza’, a pesar de ser un compromiso programático del Gobierno de coalición. Aunque desde el PSOE y el entonces incipiente Sumar ―no así desde Podemos― se trató de culpar a Bildu y ERC, lo cierto es que únicamente se tramitó una proposición de ley del PNV. Parece obvio que no hubo voluntad política en los actores con capacidad decisoria, como si se impusieran temores paralizantes ante motivos innombrables.
Con todo, la principal reforma pendiente guarda relación con hechos muy graves que han tenido lugar en España. Hay un elefante en el Estado de derecho en nuestro país: parece evidente que se han utilizado recursos policiales para perseguir a rivales políticos (principalmente, Podemos y el independentismo) y que se han desarrollado auténticas tramas parapoliciales.
El elefante en el Estado de derecho en España no es solo la concreta persecución político-policial de partidos democráticos, alimentada por espurias alianzas mediáticas y judiciales, sino también la aparente falta de neutralidad política de determinados sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad
Si bien algunos asuntos están todavía judicializados, las conclusiones de las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados son suficientemente esclarecedoras, sin perjuicio de que estas comisiones operen en el plano de la responsabilidad política. Me refiero a la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos (XII legislatura) y, con mayor grado de detalle en sus hallazgos, a la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular (XIV legislatura).
No sin razones, se ha apuntado a la responsabilidad del nivel político (Partido Popular), pues es el ministro del Interior quien tiene atribuido el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero ¿por qué no interrogarse por los problemas estructurales y las razones institucionales que propician la participación en estas tramas de decenas y decenas de agentes, así como la ausencia de controles preventivos eficaces? Los principales sujetos interesados en abordar este debate, además de las víctimas y el conjunto de las fuerzas democráticas, deberían ser quienes forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, en su mayoría, cumplen con probidad sus funciones.
El elefante en el Estado de derecho en España no es solo la concreta persecución político-policial de partidos democráticos, alimentada por espurias alianzas mediáticas y judiciales, sino también la aparente falta de neutralidad política de determinados sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los indicios que apuntarían a la existencia de elementos propios de un Estado dual (conocida expresión de Ernst Fraenkel). La escasez de análisis críticos en la prensa, la academia y la comunidad jurídica ante esta preocupante realidad revela demasiadas complicidades y, también, temores paralizantes.
Madrid –
