Juan Carlos Monedero en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla
Marta Fernández / Europa Press
Y si eres tan justo ¿por qué siempre te callaste?
El penúltimo embate, el llamado caso Neurona —que debiera llamarse caso Calvente, por el denunciante, o caso Escalonilla, por el juez—, ha sido recientemente archivado. Tuvo tres principales objetivos: sacar a Podemos del Gobierno, forzando para ello al PSOE a renunciar a su socio con una enorme presión mediática; intentar atribuir a una fuerza de izquierda limpia los mismos delitos por los que ha sido señalado y condenado el Partido Popular; por último, y no menor, invalidar a Podemos como fuerza de gobierno hacia el futuro.
“Lo justo —dice Trasímaco a Sócrates en La República— no es otra cosa que lo conviene al más fuerte (…) cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él: la democracia, las leyes democráticas; la tiranía, las leyes tiránicas, y así las demás. Una vez implantadas, manifiestan que lo que conviene a los gobernantes es justo para los gobernados, y al que se aparte de esto, lo castigan por infringir las leyes y obrar injustamente (…) en todos los Estados es justo lo mismo: lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que (…) es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al más fuerte”.
Hace más de 2500 años Platón intuía que el que tiene la fuerza reinventa la ley, aunque en este libro clásico Sócrates va convenciendo al joven Trasímaco de que, con la mera fuerza, ningún gobierno va muy lejos. Por eso, el modelo neoliberal comenzó con golpes de Estado -como el de Chile contra Pinochet y el gobierno del Frente Popular, o el de la Junta Militar argentina-, pero después, una vez cercenado el peligro, era mucho más eficaz utilizar la influencia intelectual, el control mediático y, llegado el caso, los jueces, que la mera fuerza. El neoliberalismo siempre ha sido un modelo basado en el derecho.
La crisis del neoliberalismo en 2007-2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, quebró los consensos que había creado el modelo en los últimos cincuenta años, asentados en tantos sitios sobre sistemas bipartidistas. Y la ciudadanía, pese al control mediático, intelectual, policial y judicial, se echó a las calles. Las primaveras fueron de El Cairo a Washington pasando por Lisboa y Madrid. Y el poder, que suele ser asustadizo, entró en pánico. Y empezó a reclamar a sus empleados que silenciaran la protesta. El derecho tenía que dejar de ser justo.
En España, la protesta tuvo lugar en las plazas. Se llamó 15M. Y de ahí salió una fuerza política con voluntad de cambiar el sistema respetando, además, las reglas del juego: Podemos. Tras el 1,2 millones de votos de las elecciones europeas, vinieron los más de 5 millones de 2015 —donde Izquierda Unida sacó otro millón más—. Sánchez gobernó con 5,3 millones de votos. En enero de ese año, en la llamada “marcha del cambio”, Podemos juntó en la Puerta del Sol de Madrid centenares de miles de personas. Podemos podía gobernar. Ahí empezaron los problemas.
Hoy sabemos que contra Podemos se articularon más de 20 querellas, todas aireadas desde los principales medios de comunicación, todas archivadas. Los sistemas judicial y mediático en España son herederos de la dictadura, débilmente democratizados en las décadas posteriores a la muerte de Franco y rehenes siempre de presiones económicas y políticas. La justicia, como dijo una diputada del PP, es el último bastión del régimen del 78.
El penúltimo embate, el llamado caso Neurona —que debiera llamarse caso Calvente, por el denunciante, o caso Escalonilla, por el juez—, ha sido recientemente archivado. Tuvo tres principales objetivos: sacar a Podemos del Gobierno, forzando para ello al PSOE a renunciar a su socio con una enorme presión mediática; intentar atribuir a una fuerza de izquierda limpia los mismos delitos por los que ha sido señalado y condenado el Partido Popular; por último, y no menor, invalidar a Podemos como fuerza de gobierno hacia el futuro.
Cuando se leen los autos con los que el juez Escalonilla ha cerrado, años después, las seis causas abiertas contra la formación morada, la sorpresa se convierte en ira: no hubo “distracción de dinero” para “pagos u obras ajenas”, “No consta la existencia de distracción de los fondos recibidos, “no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias”, “no existen indicios de que Juan Carlos Monedero intermediara ni tuviera participación alguna”, “no hay nada que permita establecer”, “no existe vinculación de ningún tipo entre”, “No cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos”… Pero da igual, porque esas declaraciones judiciales, resumidas en “no había nada para imputar a esas personas”, hizo su tarea, y por eso mismo nunca el archivo ha ocupado el mismo espacio en diarios, radios o televisiones que las imputaciones. Porque eran una operación de Estado, permitida, organizada y ejecutada por poderes del Estado.
La misma ira despiertan las declaraciones del acusador, el abogado Calvente, cuando compareció ante el juez y fue interrogado acerca de las pruebas de lo que había declarado ante la guardia civil: “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (…) se rumorea, se rumorea en el partido”. Esa era la carga de la prueba: rumores. Y ante la falta de pruebas de una querella articulada con meros rumores, en una causa de la que se abrirían siete piezas y que tuvo más de tres años en los focos a una fuerza que podía haber gobernado España, habría que preguntarle al juez Escalonilla: cuando Calvente le dijo que no tenía ninguna prueba ¿por qué no archivó la querella? Quizá porque había una orden emanada de los que mandan en España que decía: Podemos no puede estar en el gobierno. “El problema es que existen”, que dijo una periodista de uno de los medios que más ha colaborado con las cloacas.
Contra Podemos han operado todos los poderes del Estado. Y hay pruebas. Montoro usó el aparato de la Agencia Tributaria contra mí para mentir, difamarme e intentar quebrarme económicamente.
Contra Podemos han operado todos los poderes del Estado. Y hay pruebas. Montoro usó el aparato de la Agencia Tributaria contra mí para mentir, difamarme e intentar quebrarme económicamente. La propia agencia tributaria emitiría un comunicado reprochando al Ministro Montoro por ese comportamiento contra un adversario político (a decir verdad, también lo usó dentro de su partido contra Margallo y Aznar); Dolores de Cospedal usó a la policía para inventar pruebas contra Podemos, como se demuestra en una conversación entre la entonces Secretaria General del PP y Ministra de Trabajo con el Comisario Villarejo, o en la conversación entre el que fuera máximo responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y el periodista García-Ferreras, cuando el comisario le ofreció a Antena3 inventarse una falsa cuenta de Pablo Iglesias; Soraya Sáenz de Santamaría usó contra Podemos al CNI, inventando igualmente pruebas contra Podemos, lo que generaría un conflicto entre Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia; los responsables de justicia del PP usaron a jueces vinculados a la fuerza conservadora, al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial para abrir juicios con pruebas falsas, dar facilidades a jueces —algunos terminarían en la cárcel, como el Juez Alba— y siempre para evitar castigar a los jueces que prevaricaran contra Podemos. ¿Tiene sentido denunciar a ningún juez con un CGPJ caducado desde hace cinco años y que se comporta claramente como un actor político?
Defienden los monárquicos el papel del Rey en momentos de peligro institucional. Alegan para ello el artículo 56, que dice que el rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Es evidente que el poder judicial ha actuado de manera irregular contra un partido político que, según también nuestra Constitución, “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”. Otra razón para cambiar la monarquía por una república que defienda la democracia.
Para la guerra sucia contra ETA argumentaron el terrorismo. Para la guerra sucia contra el independentismo catalán, la unidad de España. ¿Y para la guerra sucia contra Podemos? ¿Por qué nunca ha defendido Felipe VI a Podemos de estos ataques que han subvertido la democracia en España?
Esta pregunta vale para los jueces, para los periodistas, para el PSOE, para otras fuerzas de izquierda y para cualquier demócrata de nuestro país. El silencio ante la persecución que ha sufrido Podemos recuerda otros silencios ominosos de la historia europea. No porque sean comparables, sino porque empezaron igual. Parece que algunos tienen que esperar a que se los lleven a ellos para darse cuenta de qué significa defender la democracia.
Madrid –
