Chile: El asesinato de tres policías golpea a la estrategia del gobierno
Según la información entregada por las autoridades, los policías fueron ejecutados y luego trasladados a otro lugar a cinco kilómetros, donde la camioneta y los cuerpos fueron quemados
El asesinato de tres policías chilenos ocurrido en un sector rural al sur de Santiago que es habitado por comunidades del pueblo mapuche, produjo un fuerte impacto y cambios en la agenda política, así como un duro golpe a la estrategia de seguridad pública que empuja el presidente Gabriel Boric. El crimen, ampliamente repudiado por todos los sectores políticos, se ha caracterizado por su brutalidad y también por las interrogantes que deja hasta ahora.
Apenas despuntaba la madrugada del sábado 27 —día del 97 aniversario de la fundación de Carabineros de Chile— cuando llegó hasta un predio en la comunidad de Cañete, 500 kilómetros al sur de Santiago, una patrulla de tres policías para, según informó la institución, verificar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por un tribunal contra un imputado por narcotráfico. Al apartado lugar, donde no hay señal para comunicaciones radiales ni de telefonía móvil, llegó la camioneta policial blindada con los tres carabineros, la que fue emboscada por una cantidad de personas no determinada que se movilizaban en al menos dos vehículos. Según la información entregada por las autoridades, los policías fueron ejecutados y luego trasladados a otro lugar a cinco kilómetros, donde la camioneta y los cuerpos fueron quemados. Un carro de bomberos fue el primero en llegar a la escena del crimen.
Los cuerpos de los suboficiales de carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid presentaban impactos de balas y fueron quemados ya fallecidos, el blindaje de la camioneta no fue atravesado por la munición de alto calibre y lo que la policía llama “el sitio del suceso” fue manifiestamente alterado con el propósito de borrar las huellas de la autoría.
A eso de 2 de madrugada del sábado, apenas una hora después de los hechos, llegó al palacio de gobierno La Moneda el presidente Boric a una cita con su gabinete liderado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para definir cómo hacer frente a la crisis que tomaría forma durante las horas siguientes. Temprano por la mañana, el gobernante llegó a la localidad de Cañete acompañado de los presidentes de las dos cámaras del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y los jefes de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades. La intención de Boric fue mostrar la unidad de los poderes del Estado ante el atentado más grave que haya sufrido el cuerpo de Carabineros desde la recuperación de la democracia. Y también respaldar al mando de la institución, que podía verse debilitado por la acción de la justicia.
Fueron las horas en que el gobierno y otras autoridades evaluaron la necesidad de dar continuidad al mando policial del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien sería formalizado por la justicia el próximo 7 de mayo, acusado de omisión ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social de octubre de 2019. La formalización judicial quedó postergada para el 1 de octubre, luego que su abogado defensor pidió el cambio con el argumento que aun no conocía todo el expediente investigativo. La reprogramación judicial desactivó una arista de la crisis que se produciría si Yáñez era enjuiciado a tan pocos días del crimen de los policías.
Aunque hay cuatro personas bajo arresto —declaradas como “sujetos de interés policial”, como dicen los investigadores— aun no hay una línea investigativa clara. “Estamos indagando todas las posibilidades”, declaró el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien organizó un equipo especial de fiscales a cargo de la causa. Y es que el contexto es complejo: hacía menos de una semana el principal líder mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue declarado culpable de delitos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado. Héctor Llaitul, arriesga una condena de prisión efectiva de 25 años, la que será dictada el próximo 7 de mayo.
Las autoridades no descartan que el asesinato de los tres policías tenga como autores otras organizaciones paramilitares que operan en la zona, como Weichán Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lavquenche (RML) o actores del crimen organizado como traficantes de drogas, reducidores de vehículos robados, las mafias para el robo de madera o las “guardias blancas” de las empresas forestales.
Otro escenario de fuertes tensiones ha sido el político, donde la derecha opositora y su apabullante dominio de los medios de comunicación se esfuerza por acusar al gobierno de incapacidad para hacer frente a la violencia rural, así como los problemas de seguridad pública en las grandes ciudades. Sus propuestas van desde la dictación de un estado de sitio, mayor presencia de militares en las calles o la reposición de la pena de muerte.
En el Congreso, sin embargo, que ha sido convocado para sesiones especiales, entró en debate la legislación que definirá las “Reglas del Uso de la Fuerza” que regule y habilite a las policías y a las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas de fuego; la aprobación de una Ley de Inteligencia que permita combatir el crimen organizado —bloqueada por la derecha que se opone a levantar el secreto bancario— y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y el “perfeccionamiento” de la Ley Antiterrorista. Esto, sin contar, que durante estos dos años de gobierno han sido dictadas 52 leyes y nuevas medidas para combatir la criminalidad.
Pero la agenda del gobierno sobre seguridad ciudadana, que muestra una reducción de la criminalidad en homicidios, asaltos y particularmente las cifras que muestran una baja de los ataques incendiarios en la zona de la Araucanía, cortes de caminos, así como un aumento de los arrestos y condenas a inculpados de distintos delitos de violencia, se ha venido abajo.
En estos días el gobierno intenta recuperar la iniciativa política, mantener el control de la agenda pública, con un escenario electoral por delante y con una oposición de derechas que apuesta a la obstrucción. La batalla se da en un campo, como el de la seguridad ciudadana, en el que la izquierda tiene dificultades para moverse.
Madrid –
