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Fiscal General del Estado Alvaro Garcia Ortiz

Toma de posesión de Álvaro García Ortiz como miembro nato del Consejo de Estado — Ministerio Fiscal

El fiscal general del Estado considera que hubo tácticas dilatorias en el Consejo Fiscal en el nombramiento de Dolores Delgado 

Así se expresaba ayer en una entrevista en TVE, también ha hablado de la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales


El martes conocíamos de la anulación del nombramiento de Dolores Delgado debido a la estimación de los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, el cual se presentó como candidato al mismo puesto por incompatibilidades. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo devuelve así el proceso al Consejo Fiscal, que ahora deberá examinar el artículo 58.1 del Estatuto del Ministerio Fiscal, para emitir un juicio de compatibilidad en el cargo.

Este artículo concretamente habla de las incompatibilidades entre ser miembro del Ministerio Fiscal y diversas situaciones, en el caso concreto analizado, se cree (ya que de la comunicación del TS no se nombra la razón concreta), que la incompatibilidad alegada sería la relativa al ejercicio de sus funciones en una circunscripción territorial en la que otra persona con un vínculo estable o análoga relación de afectividad ejerza actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función. Con lo que, para este caso, hablaríamos de su relación con el exjuez Baltasar Garzón.

El Consejo Fiscal es un órgano colegiado de asesoramiento del fiscal general del Estado, y, en este sentido, su dictamen es vinculante —al menos en este caso concreto—, es decir, si estos emitieran un dictamen negativo en términos de compatibilidad, el FGE tendría que asumir la decisión e intentar nombrar a otra persona.

La razón del retroceso del nombramiento por parte del TS, ha sido que su pareja, Baltasar Garzón, trabajaría en una fundación dedicada a los Derechos Humanos, sin embargo, la fundación asegura que Garzón lleva desvinculado desde hace un año, y, además, cuando Garzón ha defendido alguna causa de la fundación ha sido pro bono, es decir, sin mediar negocio o beneficio de su intervención.

Este supone el segundo varapalo al FGE recientemente ya que, en noviembre también fue anulado el ascenso de la misma Dolores Delgado a fiscal de Sala por parte del TS, entendiendo que había una desviación de poder con motivo de “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico”, recurso que fue también impuesto por la Asociación de Fiscales y por Luis Rueda, otro aspirante a la plaza.

El Fiscal General del Estado declaró la noche del martes a este respecto: “El fallo del Tribunal Supremo no ha causado sorpresa, porque la línea de la Sala en los nombramientos discrecionales es exigente y muy distinta a toda la trayectoria o doctrina que venía teniendo esta Sala tercera […] la lupa en los nombramientos de la Fiscalía está muy acentuada por esta Sala tercera […] tendremos que esperar a la sentencia para saber a qué se refiere, no es bueno especular en temas jurídicos, yo pensaba que la incompatibilidad era tan evidente que no existía, que plantearla al Consejo Fiscal sería una táctica dilatoria a la hora de hacer el nombramiento en la presente legislatura, esa es la base de toda la discusión, la discusión no es si es compatible o no, si no que tendría que haber seguido un procedimiento”

También agregó: “lo que pasa es que la táctica (al respecto de la posición del Consejo Fiscal) era dilatoria, incluso uno de los consejeros lo verbalizó: ‘¿Para que vamos a nombrar a Dolores Delgado ahora, si dentro de un mes va a haber otro gobierno y seguro que esto de la memoria democrática no le importa a nadie?’, cuando se plantea esta cuestión, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo es una táctica dilatoria para evitar un nombramiento, para evitar el normal funcionamiento de la fiscalía […] yo desde mi responsabilidad no lo podía consentir y entendiendo este razonamiento y con el visto bueno del expediente de la inspección y entendiendo que la causa no era una causa de incompatibilidad, fui adelante”

Por último, declaro: “[…] asumo las críticas, pero también creo que me lleva a una reflexión, el fiscal general del estado esta nombrado por el ejecutivo, y esto está en la Constitución, quizás debamos llevar a cabo una discusión sobre cómo se elige el FGE y si vamos a respetar los términos constitucionales, porque hay que reconocer que hay una marejada alrededor del FGE, todo hay que decirlo, más cuando es FGE en un Gobierno progresista que de otro signo político”

También se pronunció acerca de la situación de los fiscales querellados por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso: “Es difícil responderle porque esto esta judicializado, […] antes de la emisión de la nota de la fiscalía hay una noticia intencionadamente falaz en la que se descubre un email de un fiscal a un abogado y además, el jefe de gabinete de Ayuso (Miguel Ángel Rodríguez) dice, que la fiscalía ha ofrecido el pacto que dice esa noticia falaz y que sus superiores están impidiendo que ese pacto se produzca”

“Había una información periodística que reproducía un mail de un fiscal al abogado, y esa información, parcial y falsa, es la que da lugar al tuit de esta persona, luego, no solamente era necesario por la fiscalía si no por la veracidad de las informaciones, no podemos consentir que se dé una información falsa y además afecta a la fiscalía”

“Yo creo que fuimos proporcionados y moderados, el documento que acompañaba ese correo es donde si había múltiples datos fiscales, si hubiéramos hecho público ese correo si nos hubiéramos excedido, pero no lo hicimos […] no se puede intimidar a dos fiscales en el ejercicio de su profesión, por quienes presuntamente han cometido ese delito, por tanto, asumo ese comunicado […] perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces en nuestro propio oficio”

La última noticia que teníamos de este caso fue que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite este mismo martes la querella contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Madrid y Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta misma sección. La Junta de Fiscales rechazó abrir la investigación que busca la querella acerca de la nota de prensa que emitió la fiscalía, defendiendo la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde que no hay base para actuar penalmente contra ambos fiscales, en sentido contrario a María de la O Silva, fiscal encargada de pronunciarse sobre la querella. Esta última abogaba por solicitar al TSJM que pidiera las comunicaciones mantenidas entre los querellados, así como la de estos con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra y el propio fiscal general del Estado, generando un rechazo unánime en la junta.

De los 32 participantes, 26 consideraron que la nota de prensa que emitió la fiscalía no supuso un delito de revelación de secretos, 12 se mostraron partidarios de abrir la investigación, habiendo cuatro entre ellos que ejercieron de acusación en el juicio del procés: Javier Moreno, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Cabe aclarar que la votación no es vinculante para el superior en el cuerpo fiscal, quien puede mantener su criterio.

Por último, cabe recordar que en estos momentos hay una denuncia en estudio en la fiscalía del Tribunal Supremo, donde se acusa a Isabel Díaz Ayuso de un delito de receptación y de tráfico de influencias.

Al respecto de la anulación del nombramiento de Dolores Delgado, hemos podido hablar también con Jesús Arteaga, presidente de la Unión Progresista de Fiscales: “Respetamos la decisión del TS, pero no la compartimos, la Sección Cuarta estima parcialmente el recurso o recursos y anula el nombramiento del puesto por el hecho de que su marido, Baltasar Garzón, sea directivo de una fundación de Derechos Humanos. Es paradójico porque el estatuto que se utiliza para justificarlo es muy concreto en las incompatibilidades, habla de si alguien desarrolla una actividad mercantil o industrial y una fundación de derechos humanos normalmente trabaja sin ánimo de lucro. No creemos que eso sea una incompatibilidad, el TS lo anula por razones formales, pero en la UPF nos sorprende que se pueda encasillar de esa manera, ya que en derecho las palabras hay que seguirlas de manera fidedigna”

También acerca del nivel de exigencia que está habiendo en los nombramientos por parte del FGE: “No sé si es un cambio de jurisprudencia y criterio lo que sí pensamos es que quizás se está buscando ahora con más detalle el cumplimiento de los formalismos, no creemos que esté mal, pero si es cierto que coincide con un cambio de forma de hacer política, el ataque o los ataques a los fiscales generales tienen más que ver con la lucha política que solamente con la mejora de la fiscalía”

Por último, acerca de una posible discusión sobre la elección de cómo se elige al FGE: “Obviamente en una democracia se puede discutir de lo que sea, lo que sí es cierto es que si se quiere cambiar la manera de elegir al FGE hay que cambiar la Constitución, todo es discutible, ahora bien, hay que ver cómo se haría, no se puede construir la casa por el tejado. Todas las asociaciones estamos de acuerdo con la reforma del estatuto para que la autonomía del fiscal sea mayor, sin embargo, es necesaria la autonomía presupuestaria, no solamente se trata de la cuestión sobre si influye o no el gobierno, que creo que no lo hace”

La veda de la justicia, fiscalía y demás elementos en la órbita del Poder Judicial se ha abierto por completo, el desarrollo de estos dos casos puede decidir el devenir de Álvaro García Ortiz en su cargo, el cual, este mismo miércoles, enfrentaba una reprobación en un Senado dominado por el PP.


Madrid –

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