Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros — Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El gobierno anuncia como un “gesto a Gaza” una donación de 500.000 euros a la Corte Penal Internacional
La aportación voluntaria de España aprobada en Consejo de Ministros y Ministras es en realidad una donación habitual a la institución y no está relacionada con la causa sudafricana
La tarde del pasado martes el Gobierno de España anunciaba en la web de Moncloa la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Fondo Fiduciario de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, correspondiente al año 2024, por importe de 500.000 euros.
El anuncio especificaba que esta contribución correspondía al Fondo creado en marzo de 2022 por el Fiscal de la CPI, Karim A. Khan, “para reforzar su capacidad de investigación de violencia sexual y de crímenes contra la infancia, reformar el apoyo psicosocial a testigos y mejorar en las herramientas y equipamiento para la recolección y análisis y procesamiento de pruebas”.
La noticia se replicó rápidamente y de forma casi literal en prensa y en las redes y fue aplaudida como un gesto hacia Palestina desde nuestro país, especialmente desde miembros del propio ejecutivo, sacando pecho de la posición española frente a la «decepción» que dice tener Israel hacia nuestro país por no haber congelado los fondos a la UNRWA. Pero en este caso, este compromiso no implica una gran diferencia respecto de la política que hasta ahora se tenía hacia Palestina, aunque muchas voces celebraban la aportación de medio millón de euros como un gesto significativo del ejecutivo español para que dicha Fiscalía trabaje “en su investigación de la barbarie contra el pueblo palestino” o “para investigar violaciones masivas de Derechos Humanos en Gaza».
Sin embargo, no es exactamente así: tal y como afirma el propio anuncio, el apoyo a esta fiscalía servirá para “apoyar las investigaciones abiertas por la Fiscalía, entre las que se cuentan la investigación sobre la situación en Ucrania (abierta en marzo de 2022), la investigación sobre crímenes que presuntamente se han cometido en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental (abierta en 2021) o la investigación en Afganistán (abierta en 2003)”.
Cabe subrayar que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional no son la misma institución, con lo que, pese a la confusión que puedan causar sus siglas, ésta no es una aportación a la causa sudafricana contra Israel por genocidio en la CIJ, que el gobierno español no ha secundado. La frecuente confusión entre la Corte Penal Internacional (CPI, también llamada TPI o Tribunal Penal Internacional) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es aclarada por las propias Naciones Unidas en los siguientes términos: aunque ambas comparten ubicación en la Haya, los casos de la CIJ involucran a países, (como es el caso de Sudáfrica vs Israel) mientras que la CPI es un tribunal penal que lleva casos contra individuos por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Además, solo la primera de ellas, la CIJ, fundada en 1948, forma parte del Sistema Naciones Unidas, mientras que la CPI, que nació mucho más tarde, en 2002, es legalmente independiente de la ONU (aunque es respaldada por la Asamblea General).
Actualmente, la Corte Penal Internacional o CPI —receptora de esta donación voluntaria de España anunciada el martes— tiene 31 casos en curso y 12 investigaciones abiertas, entre ellas, Palestina. Ésta en concreto data del 3 de marzo de 2021, cuando el Fiscal anunció la apertura de la investigación en la Situación en el Estado de Palestina. Esto siguió a la decisión de la Sala de Cuestiones de 2021 de que el Tribunal podía ejercer su jurisdicción penal en la misma y que el alcance territorial de esta jurisdicción se extiende a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
No es la primera donación ni la única que nuestro país hace a este organismo. En diciembre de 2023, nuestro país aportaba 250.000 euros a otro de sus fondos, el destinado a las víctimas (TPV) comprometiéndose a reforzar su apoyo a la CPI. De hecho, como afirma el CPI en su nota de prensa, “El Reino de España ha estado respaldando al Fondo Fiduciario Voluntario (TFV) mediante contribuciones voluntarias desde 2006 y sigue haciéndolo de manera regular”.
Del mismo modo, en diciembre de 2022, España aportaba 540.000 euros al fondo del Fiscal (el mismo al que se ha dirigido la donación del pasado martes) y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se informaba de que el propio Albares había comunicado telefónicamente al fiscal que España aportaría “540.000 euros para el Fondo Fiduciario creado ‘ad hoc’ por la Fiscalía del TPI para reforzar todas las investigaciones que, en estos momentos, están focalizadas en la guerra de Ucrania” y anunciaba asimismo otros 80.000 euros para el Fondo Fiduciario de Víctimas. Según esa misma nota, las contribuciones totales de España al Tribunal Penal Internacional alcanzan los 6,184 millones de euros cada año y de hecho nuestro país se había comprometido a ampliar su apoyo durante la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2022 en Nueva York. En el caso de Ucrania, además, el estado español aportó otra serie de recursos: un mes antes, en noviembre de 2022, Albares ya se había desplazado a Kiev acompañado de un equipo de forenses y expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajarían en las investigaciones del TPI.
Las aportaciones voluntarias a la Corte Penal Internacional no son una excepción sino una política exterior consolidada de nuestro país año a año
Por lo tanto, las aportaciones voluntarias a la Corte Penal Internacional no son una excepción sino una política exterior consolidada, si bien voluntaria, de nuestro país año a año, tal y como figura en la sección 12 de los Presupuestos Generales del Estado, relativas al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por lo que esta medida, anunciada como otro de los “gestos” del ejecutivo hacia Palestina, no modificaría en gran medida la posición española frente al genocidio en Gaza, aunque fuera aplaudida en redes sociales y anunciada con evidente ambigüedad. En un ambiente de señalamiento y campañas de propaganda y desprestigio desde Tel Aviv hacia cualquier estado que titubee en el seguidismo hacia su política de agresión a Palestina, España ha sabido situarse en una situación ambigua pero lejos de la solidaridad mostrada por otros países, como Bélgica o Eslovaquia en Europa, o Colombia, Bolivia o Brasil en América Latina, que rompieron relaciones diplomáticas con el estado sionista hace meses. Cuestiones como la opacidad en la gestión en torno a las operaciones del Mar Rojo o las basculantes posiciones marcadas por Josep Borrell, (que pasó de defender el «derecho a la defensa» israelí sin ambages a señalar las vulneraciones de Derechos Humanos en una Unión Europea marcada por el silencio y la persecución al activismo propalestino), contrastan en gran medida con la narrativa de solidaridad oficial. España anunciaba a través de fuentes diplomáticas a principios de esta semana que la ayuda oficial a Ucrania se había triplicado este año, elevándose a 48,5 millones, cifra en la que insistía recientemente el propio Albares, aunque la decisión de aumentar esta partida se conociera desde finales del pasado año, como también hiciera la Comisión Europea a principios de octubre, elevándola a 75 millones de euros. No obstante, las diferentes organizaciones humanitarias en Gaza llevan meses denunciando la dificultad para el acceso de esa ayuda a los territorios bloqueados y asediados por Israel, intensificada estos días por la campaña contra la UNRWA que ha provocado la congelación de fondos de varios estados occidentales, y exigen medidas diplomáticas rotundas.
En lo relativo a la otra institución de justicia internacional cuyo nombre ha sonado insistentemente estas últimas semanas, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, España no ha respaldado oficialmente a Sudáfrica en su demanda de genocidio, como sí han hecho otros estados(como Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia, Turquía o Bélgica) pero nuestro país ha sido bastante menos tibio en otras ocasiones. Sin ir más lejos, en septiembre de 2022, España presentaba la Declaración de Intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Ucrania contra Rusia que Ucrania presentó con fecha 26 de febrero de ese año ante la Corte Internacional de Justicia contra la Federación Rusa. Exteriores afirmaba entonces que “en tanto que Estado parte en la convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, España tiene derecho a intervenir en el proceso como Estado interesado. Con este paso, España se une a otros Estados miembros de la Unión Europea, además de Estados Unidos o Canadá, entre otros, que han presentado Declaraciones similares. En su Declaración, España defiende que la Corte tiene jurisdicción para enjuiciar este caso”. En el mismo comunicado, España reiteraba “su enérgica condena a la intervención militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa, que supone una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y subraya su compromiso con la integridad territorial y la independencia de Ucrania” y reafirmaba “su compromiso con el Derecho Internacional».
Las comparaciones, de nuevo, son odiosas: además de su intervención directa en el CIJ, nuestro país, en el caso de la guerra ucraniana, ha activado paquetes de sanciones en el seno de la Unión Europea, que, tal y como expone el Consejo Europeo, “comprenden medidas restrictivas selectivas (sanciones individuales), sanciones económicas y medidas relativas a los visados” y cuyo objetivo es ocasionar “graves consecuencias para Rusia por sus actos y frustrar con eficacia su capacidad de continuar la agresión”. En estos momentos son objeto de medidas restrictivas de la UE respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania un total de casi 1950 personas y entidades. En diciembre de 2023, la UE aprobaba el último paquete hasta la fecha con medidas destinadas a otras 61 personas y 86 entidades claves para las relaciones exteriores y las finanzas internacionales rusas con la Unión Europea, así como para la movilidad de sus ciudadanas y ciudadanos. Nada de esto, sin embargo, ha ocurrido con Israel.
A todo ello debe añadirse además, la sonrojante comparativa entre el gasto en el sistema de justicia internacional que invierte España frente al gasto en Defensa y militar. Lejos de abogar por un proceso de paz, nuestro país habría invertido en ayuda militar a Ucrania, al menos, 74 millones de euros según figura en el Programa de Estabilidad 2023-2026 presentado por el Ministerio de Asuntos Económicos. Pese a la opacidad de los datos, según informa El Salto, a través del seguimiento que el colectivo antimilitarista Tortuga realizó de los 44 Consejos de Ministros realizados en todo el año pasado, el Gobierno de coalición firmó 166 acuerdos que comprometen el gasto de 28.232 millones de euros, más del doble del presupuesto de Defensa para ese año, cerrado en 13.161 millones de euros. Nuestro país sigue contratando material de seguridad y defensa con empresas israelíes «testado en combate» en Gaza (el último contrato data de este mismo mes de diciembre, 4,5 millones de euros adjudicados con la empresa sionista Elbit). Mientras, entre datos y relatos, el genocidio en Gaza continúa.
Madrid –
