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El juez Manuel García Castellón

El juez García Castellón pide amparo al CGPJ caducado después de que el número dos de Pilar Llop lo acusara de prevaricación 

El magistrado imputó a Carles Puigdemont y Marta Rovira, en medio de las negociaciones sobre la investidura, delitos de terrorismo


El juez que ha imputado a Puigdemont delitos de terrorismo por el ‘Tsunamic Democrátic’, incluyendo en el auto a un turista francés que murió por un infarto en el Aeropuerto del Prat durante las protestas y que los servicios médicos en ningún momento vincularon su accidente cardiovascular con las manifestaciones en contra de las sentencias del Supremo contra los líderes del ‘procés’, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial —de mayoría conservadora y caducado desde hace cinco años— ya que considera que las acusaciones de algunos políticos, por incluir a Puigdemont justo en medio de las negociaciones de la investidura, “podrían suponer la comisión de un delito de calumnia” hacia su persona. 

Así, García Castellón se trata de defender de las declaraciones de Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, secretario de Estado de Justicia, y de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Platja, quienes cuestionaron el auto del magistrado en medio de las negociaciones sobre la ley de amnistía entre PSOE y Junts. 

“Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea…”, afirmó el número dos de la ministra Pilar Llop

La portavoz del Gobierno catalán, Patricía Platja, aseguró que “aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no sólo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”. 

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en el magistrado García Castellón, quien considera que “portaban la independencia judicial”, razón por la cual ha pedido al amparo al CGPJ y a la Fiscalía con el objetivo de que se promuevan las “acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial” y dando por hecho que él mismo servirá como denuncia “a los efectos de las responsabilidades que pudieran derivarse”. 


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