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El PSOE pone fin al periodo expansivo abierto con la COVID-19 y vuelve a la «responsabilidad fiscal», también llamada austeridad 

Para reducir el déficit y la deuda en 2024 cancelará las medidas contra la crisis y abre la puerta a otros ajustes, poniendo en riesgo el avance logrado en igualdad económica tras la pandemia 

“España ha venido cumpliendo holgadamente sus objetivos de reducción del deficit y de la deuda y vamos a seguir aprovechando el fuerte crecimiento económico para seguir reduciendo la deuda por debajo del 110% (del PIB) este año y al 3% (del PIB) el déficit público en 2024”, anunció hace unos días la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Su promesa de continuar en esa senda significa que la parte socialista del Gobierno en funciones, que aspira a seguir en Moncloa el año que viene, acata las recomendaciones neoliberales desplegadas en los últimos tiempos desde sus frentes habituales, con el FMI a la cabeza. “Después de un periodo de creciente gasto público, ha llegado el tiempo de restaurar las reglas fiscales”, exigió su directora gerente, Kristalina Georgieva, en la reunión anual del Fondo y el Banco Mundial celebrada en Marrakech a comienzos de octubre. Cumplir esas arbitrarias normas fiscales puede truncar la histórica reducción de la desigualdad lograda en España tras la pandemia, frente al incremento sufrido en la gran recesión, desde 2008 a 2018, por la contención del gasto del Estado.

La desigualdad existente en un país se mide con el coeficiente de Gini —llamado así por su creador, el economista Corrado Gini—, que es un número entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la igualdad absoluta, todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 1 señala la total desigualdad, cuando una sola persona tiene todos los ingresos. La situación es más igualitaria cuanto más baja es la cifra. España en 2022 se situó en un índice de 32 décimas, el menor desde 2007, cuando estuvo en 31,9 durante el gobierno socialista de Zapatero. Después, los recortes de gasto público realizados por el ejecutivo del PP de Rajoy lo elevaron durante sus siete años en el poder, alcanzando el pico más alto de desigualdad en 2014 con 34,7. En la Unión Europea la situación española es mejor que la de Italia, 32,7 décimas, pero está muy lejos de las de Francia, 29,8, o Alemania, 28,8. Fuera de la UE, las cosas están peor. Así, el Reino Unido ostenta 33,5 décimas y Estados Unidos, 41,5. Estos datos dejan en evidencia los resultados de las políticas neoliberales basadas en la contención del gasto público para reducir el déficit y la deuda. Los economistas llamados críticos pero que cada vez más encarnan el sentido común económico afirman que reducir el gasto público, eliminar las ayudas sociales o bajar las pensiones, incrementa la pobreza y por tanto la desigualdad. Rebajar la contribución del Estado en una crisis la agudiza, como sucedió en España bajo el gobierno del PP, destruyendo empleo y poniendo la actividad al borde del abismo. El Plan de Recuperación y Resiliencia decidido por la UE tras la pandemia del COVID-19 obedece a la teoría de los críticos y su inyección de dinero a la economía española —163.014 millones de euros entre 2021 y 2026, más del 12% de nuestro PIB—, parece estar dando resultado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), “España avanza hacia una reducción estructural de la desigualdad y a una mejoría sostenida de sus indicadores de pobreza”. Este año 2023 el Estado está destinando 266.719 millones de euros —274.445 millones incluyendo los fondos europeos— de su presupuesto a inversión social. Llamarlo gasto social, como hacen los neoliberales, lleva a los ciudadanos a creer que la sanidad o la educación públicas, las ayudas a los más desfavorecidos o las pensiones son “caridad” o hasta “paguitas”, como dice la ultraderecha, en lugar de justo reparto de la riqueza del país.

“Todas las sociedades tienen la necesidad de justificar sus desigualdades” porque de no hacerlo “el edificio político y social amenazaría con derrumbarse”, por eso en cada época se generan una serie de ideologías y discursos para legitimar la desigualdad. Con esta explicación inicia el famoso economista francés Thomas Piketty su libro ‘Capital e ideología’, añadiendo que actualmente el relato es fundamentalmente “propietarista, empresarial y meritocrático”, difundiendo la falsedad de que todos los ciudadanos tenemos las mismas oportunidades y, por tanto, la acumulación de riqueza en manos de unos pocos es porque son los mejores y se lo merecen. Convencer de esto a las clases populares es el objetivo de los privilegiados.

Resulta que, tras comprobar que la sociedad española es más igualitaria gracias a la gestión del Gobierno de coalición, en un país que por primera vez en la historia ha conseguido tener 21,2 millones de trabajadores ocupados —EPA del tercer trimestre de 2023—, la vicepresidenta Calviño ha enviado a Bruselas el Plan Presupuestario para 2024, sometiéndose al dogma del control del déficit y la deuda, admitiendo además que la única forma de bajar ambos es realizar ajustes desde el próximo ejercicio porque se está agotando el margen de crecimiento del PIB que hasta ahora compensaba el llamado desfase presupuestario.

Según las estimaciones remitidas por Calviño a la Comisión Europea, el año que viene el déficit bajará en unos 10.000 millones de euros, situándose en 46.000 millones, el 3% del PIB y lo hará a costa de eliminar las ayudas que se pusieron en marcha para paliar los problemas causados por la guerra en Ucrania

Según las estimaciones remitidas por Calviño a la Comisión Europea, el año que viene el déficit bajará en unos 10.000 millones de euros, situándose en 46.000 millones, el 3% del PIB y lo hará a costa de eliminar las ayudas que se pusieron en marcha para paliar los problemas causados por la guerra en Ucrania. Si se prorrogaran las medidas contra la inflación no se cumpliría el objetivo. Para conseguirlo se suprimen 5.000 millones de las rebajas fiscales a la energía y los 4.000 millones en subvenciones a transportistas, agricultores, industria o para los refugiados. Otros 1.000 millones salen de las subidas de cotizaciones que se fijaron al reformar las pensiones. Precisamente son la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC y la del sueldo de los funcionarios las únicas partidas presupuestarias que crecerán.

También estaba previsto que el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de banca y eléctricas desapareciera el próximo 31 de diciembre, pero en el pacto para la nueva coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar se habla de “revisarlo” para 2024. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las arcas del Estado se han embolsado casi 3.000 millones de euros por este concepto en 2023, una cifra que está en el aire para el año que viene porque nadie sabe en qué consistirá esa revisión. Además, en ella tendrán algo que decir partidos de derechas como el PNV y Junts, porque la mayoría progresista ya no existe en el Congreso. Algo parecido sucede con el impuesto sobre las grandes fortunas que también se estableció de forma temporal.

El horizonte sería mucho más negro para la igualdad en España si Pedro Sánchez y su equipo económico asumieran recomendaciones como las de la OCDE en su último informe, donde se defiende por ejemplo bajar las pensiones, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida y aumentando el periodo utilizado para el cómputo hasta 40 años. Habrá que esperar a la formación del nuevo gobierno y ver a quien corresponden los cargos más decisivos, fundamentalmente para saber si los ministros que nombre Yolanda Díaz y ella misma serán capaces de truncar la senda de la austeridad comprometida por Calviño. Yo no las tengo todas conmigo.