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Europa necesita 60 millones de inmigrantes para mantener el Estado del Bienestar hasta 2050

España debe incorporar siete millones de extranjeros a su población y evitar así la auténtica crisis migratoria. Los 2,69 millones de extranjeros que ya cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos son imprescindibles para que no se produzca el suicidio demográfico

“Ha venido una avalancha”, dijo hace unos días el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Prácticamente al mismo tiempo, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero (PP) pidió refuerzos policiales porque al centro de refugiados de ese municipio, el más rico de España,  que recibió a miles de ucranianos hace un año, acababan de llegar 152 migrantes subsaharianos. “Estamos en una crisis migratoria”, afirman los medios de comunicación, transmitiendo la idea de que, como asegura la ultraderecha, los inmigrantes son una amenaza y hay que expulsarlos de nuestro país. La realidad es bien distinta, Naciones Unidas y otros organismos internacionales llevan años advirtiendo que, si Europa quiere mantener su Estado del Bienestar, para el año 2050 tendrá que haber añadido a su población unos 60 millones de habitantes, en su mayoría trabajadores procedentes de África. La necesidad de España para no sufrir el suicidio demográfico causado por el envejecimiento de la población y la caída de activos —cotizantes y contribuyentes—, se calcula en unos 7 millones de inmigrantes desde la presente década a mediados de siglo.

“Para evitar que un fenómeno estructural sea catalogado como problema, es necesario que los poderes públicos asuman el liderazgo, transmitiendo un relato veraz y ajustado a la realidad de nuestro país”, advertía en 2019 el Consejo Económico y Social (CES) en un extenso estudio sobre la migración en la economía española, considerando imprescindible el trabajo de los inmigrantes para mantener el crecimiento y el empleo y garantizar los cuidados necesarios en una población envejecida. “La política migratoria no puede quedar reducida a la gestión de los controles en las fronteras”, concluía, recomendando acciones de cohesión social y formación. Han pasado cuatro años y no se le ha hecho mucho caso.

El Ministerio del Interior ha mantenido la política de impedir la llegada de “ilegales”, dejando en manos de Marruecos parte del control, siguiendo con las devoluciones en caliente —la negativa del PSOE a acabar con ellas fue una de las causas de la no derogación de la ley mordaza— y con la represión física de quienes intentan pasar las fronteras de Ceuta y Melilla

El Ministerio del Interior ha mantenido la política de impedir la llegada de “ilegales”, dejando en manos de Marruecos parte del control, siguiendo con las devoluciones en caliente —la negativa del PSOE a acabar con ellas fue una de las causas de la no derogación de la ley mordaza— y con la represión física de quienes intentan pasar las fronteras de Ceuta y Melilla. El ministro Fernando Grande Marlaska hace menos de un mes insistió en que la cooperación con los países de origen y tránsito es «el mejor camino» contra la migración “ilegal” y presumió del trabajo realizado por él mismo en los últimos cinco años, “que ha evitado, solo en 2023, la llegada a Canarias de más de 12.000 migrantes”.

El gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos creó en 2020 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá. A este departamento correspondía diseñar la gestión de la inmigración de acuerdo con las recomendaciones del CES, evitando las muertes y regularizando la situación de quienes viven en España sin papeles. Algo ha hecho por quienes estaban en la economía sumergida, un Reglamento de Extranjería en 2022 para formarlos en sectores necesitados de mano de obra, con una autorización de residencia de 12 meses para realizar cursos de un mínimo de 200 horas y, cuando tuvieran un contrato, la autorización para trabajar. En mayo de este año flexibilizó la norma, ahora no fija un número de horas. Desde septiembre del año pasado al 14 de mayo de este, 28.681 personas solicitaron una autorización y solo 12.348, el 43%, lo consiguió. El 37,8% de las solicitudes piden formación general, formación básica de adultos y de habilidades personales, desde gestión de empresas a atención de personas. Para el sector servicios son el 22,8%. Le siguen mecánica, electrónica, industria y construcción. Así se obtienen trabajadores baratos entre quienes llevaban como mínimo dos años en situación irregular. Positivo para ellos, pero no acaba con el drama que convierte los mares en fosas comunes, ni es suficiente para garantizar el Estado del Bienestar español.

El peso de los trabajadores extranjeros en España crece imparable, pese a los obstáculos, porque la sociedad española los necesita, no solo en el campo, construcción o industria, sino para los cuidados, donde son especialmente mujeres, mayoritariamente latinoamericanas, quienes se encargan de niños y ancianos, facilitando la incorporación de las españolas al trabajo remunerado. Sus salarios y los de quienes les confían la atención de sus familiares determinan buena parte del aumento del empleo y del crecimiento económico.

Los datos demuestran la realidad que vemos a diario en las calles al fijarnos en quienes se suben al andamio o cambian las aceras o en las que empujan la silla de ruedas de la vecina nonagenaria o el carrito de un niño. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2023, hay en España 2,69 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 12,93% del total de cotizantes. Un estudio del Observatorio Demográfico del CEU sobre la EPA afirma que una de cada cinco personas que trabajan en este país, tenga o no la nacionalidad española, ha nacido en el extranjero. La mitad son latinoamericanos; un 30%, europeos o norteamericanos; un 14%, africanos, y un 6%, asiáticos. El 90,4% de las mujeres extranjeras trabaja en el sector servicios. Según el think tank FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), para que la Seguridad Social sea sostenible, es imprescindible que se incorporen 190.000 inmigrantes al año. Un estudio del CSIC cifra en 3.250 euros netos lo que gana el Estado cuando se regulariza a una persona que trabajaba clandestinamente.

En España vivimos 48.345.223 personas, constata la Estadística Continua de Población publicada en julio por el Instituto Nacional de Estadística (INE) —medio millón más que hace un año—, de las que 8.457.886 nacieron fuera, aunque son nacionales de otros estados 6.335.419. El continuo proceso de nacionalización de inmigrantes está convirtiendo la sociedad española, como las europeas, en multiétnica. Las posturas xenófobas de la ultraderecha, de convertirse en políticas efectivas, sumirían al Estado español en una auténtica crisis suicida. “Las lecheras, a las fronteras”, gritaban a la policía los energúmenos que intentaban asaltar la sede del PSOE en Madrid, evidenciando que el problema no son los inmigrantes, sino el relato racista e irreal difundido por los medios de comunicación que la población asume.

El camino a seguir por el próximo gobierno español, y por todos los de la UE, es encontrar la fórmula para evitar muertes y sufrimiento, que los migrantes lleguen de manera segura, formarlos e incluirlos en la sociedad en igualdad de derechos. Los ciudadanos egoístas deben entender que no es cuestión de caridad, sino de salvar nuestra próspera forma de vida a la que ellos aspiran. Entre las noticias terribles y la vergüenza, hay pequeños nichos de racionalidad y esperanza. En la isla de El Hierro, el último puerto a donde llegan los cayucos, con apenas 11.000 habitantes, las autoridades y algunos empresarios locales quieren que medio centenar de niños senegaleses echen raíces y han diseñado un plan de formación para que esos menores no acompañados —hay unos 3.000 en Canarias— se eduquen allí y, al cumplir los 18 años, se queden a trabajar. No quieren que se vayan porque en la isla más pequeña del archipiélago, en medio del Atlántico, urge la renovación generacional