Del cainismo y otros vicios de la oposición en Venezuela
Tanto el gobierno como el CNE han apostado por una vía electoral a la que varios campos opositores se han sumado, pero que podría ser impugnada por el mayoritario espectro de María Corina Machado y por actores internacionales como Estados Unidos
La compleja relación entre el oficialismo y determinados sectores de la oposición política en Venezuela atraviesa un nuevo capítulo con motivo de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de 2024. Tras un largo y atropellado proceso de negociación que pisó suelo firme en los acuerdos de Barbados en octubre de 2023, ciertos consensos mínimos parecieron abrirse paso de cara al proceso electoral venezolano, como la necesaria actualización del registro electoral, determinante para la participación de los nacionales que han migrado a Estados Unidos, Europa o el resto de América Latina en los últimos años. Durante la negociación y definitiva aprobación del texto estuvieron presentes tanto el oficialismo venezolano como representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, el bloque liderado hoy por María Corina Machado, además de observadores barbadenses, noruegos, rusos, neerlandeses, colombianos, mexicanos y estadounidenses.
Sin embargo, el texto tenía un elefante en la habitación. En concreto, la contradicción tomaba cuerpo en dos frases que cada uno de los actores interpretó a su manera. Para la oposición firmante, las líneas clave eran las siguientes: se promoverá autorizar “a todos los candidatos y partidos políticos»; para el bloque oficialista, sin embargo, las palabras principales eran aquellas que rezaban que se apoyaría la participación de los candidatos “consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”. Días después, María Corina Machado, quien se encontraba ya inhabilitada por un período de quince años, se presentó a las primarias de la Plataforma Unitaria y las ganó con aparente contundencia. Desde entonces, Machado y el oficialismo han sostenido un tira y afloja al tiempo que otros candidatos opositores se desligaban (si cabe, más) del liderazgo de Machado.
Los tiempos
Tras el acuerdo, solo existía un débil pacto en términos de fechas: las elecciones presidenciales debían celebrarse durante la segunda mitad del año 2024, aunque correspondía al gobierno determinarlo con exactitud. Finalmente, el calendario fue clarificado: el 28 de julio se celebrarían los comicios, previa campaña electoral entre el 4 y el 25 del mismo mes. Anteriormente, tendría lugar algún que otro procedimiento administrativo mediado por la justicia electoral, en particular uno que concluyó el lunes 25 de marzo: la inscripción de postulantes a la presidencia. La medianoche del lunes al martes era la fecha límite para que los distintos bloques políticos inscribieran en la plataforma digital a sus candidatos a la presidencia de la República Bolivariana. Este deadline, aparentemente mero trámite burocrático, ha resultado ser trascendental para el presente ciclo político en Venezuela.
Habiéndose cerrado el cupo de candidatos, doce son los nombres propios que se perfilan para disputar la presidencia del país. Por supuesto, entre ellos se encuentra el presidente Nicolás Maduro, además de otras figuras de mayor o menor peso como Daniel Ceballos, Antonio Ecarri o el ex candidato presidencial Javier Bertucci. En este registro, no obstante, lo que brillan son las ausencias. María Corina Machado, que ganó en octubre las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática a pesar de encontrarse inhabilitada durante quince años para ejercer cargos públicos, no será candidata. Machado sostuvo durante meses que su inhabilitación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no sería un impedimento para su carrera presidencial. Sin embargo, a un par de días del cierre de inscripciones, asumió la inviabilidad de su candidatura y propuso a Corina Yoris, docente universitaria de 80 años, como su sustituta. Yoris, sin embargo, tampoco se ha inscrito, de tal forma que no hay ninguna candidatura que represente nítidamente al potente sector de María Corina Machado en las elecciones presidenciales.
Machado había apostado por la vía del tensionamiento, renegando de su inhabilitación e insistiendo durante varios meses en la idea de que, pasara lo que pasase, su nombre estaría en la contienda electoral. Con diversos sectores de la oposición negociando junto al oficialismo y con un CNE inamovible en su decisión de larga data de inhabilitar a la propia Machado, las semanas se iban sucediendo sin que la Plataforma Unitaria Democrática se decantase por otro candidato, como numerosos dirigentes exigían. Finalmente, las últimas horas lograron definir un nuevo cisma en la oposición. Corina Yoris no se inscribió, aludiendo errores en el sistema informático, y Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y candidato presidencial en 2006, anotó su nombre en la contienda sin la aprobación de María Corina Machado y su equipo, sumándose a Maduro y a otros diez dirigentes como postulantes.
Los dilemas
¿Y ahora qué? La oposición en Venezuela se enfrenta a un marco a priori positivo para el oficialismo. Con un Maduro relativamente fortalecido tras el referéndum sobre el Esequibo en diciembre de 2023 y con varios dirigentes opositores anotados para correr por la presidencia, el dilema entre la participación y la impugnación vuelve a estar encima de la mesa. En 2018, María Corina Machado ya apostó por la vía de la abstención como forma de presión por las inhabilitaciones que recaían sobre algunas figuras clave en el ciclo de violencia callejera del 2014 como Henrique Capriles, Leopoldo López o la propia María Corina. La estrategia de la líder opositora fue efectiva, por cuanto la participación se redujo hasta el 46% (en 2013 había rozado el 80%).
Sin embargo, la coyuntura actual es diferente. La tesis de la impugnación ha perdido fuelle entre varios partidos opositores que, de hecho, acudirán a las urnas con candidato propio. Las tensiones entre Machado y otros dirigentes que no participaron en las primarias es decisiva y no está claro que el llamado abstencionista vaya a pesar tanto como hace seis años. Probablemente, la participación será superior y la victoria del presidente Maduro podría ser relativamente sencilla si Machado no unge a ningún nombre propio. Manuel Rosales pretende lograr el beneplácito de la líder y de la Plataforma Unitaria Democrática, consciente de que la capacidad de arrastre de María Corina es el mayor activo político del fragmentado espacio opositor. Con todo, la cesión de liderazgo no es algo que Machado haya visto con buenos ojos en años pretéritos, y es probable que apueste por reeditar la vía callejera y abstencionista en detrimento de los candidatos opositores que en esta ocasión sí han apostado por la vía electoral pese a la inhabilitación de María Corina.
Internacionalmente, el proceso electoral será decisivo para la posición de Venezuela en relación a Estados Unidos y al resto de los actores latinoamericanos. En los meses de las negociaciones, Estados Unidos brindó un alivio a las sanciones contra el sector petrolero venezolano y gasístico con las que ha agredido sistemáticamente a Caracas durante los últimos años. Esta decisión de Washington fue más táctica que estratégica: el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido reponer a un presidente alineado con el eje imperialista que consienta el retorno del crudo venezolano a manos de grandes monopolios estadounidenses y europeos. Consciente de que el alivio económico podría mejorar las perspectivas electorales de Maduro, el gobierno de Biden lo consintió a cambió de un compromiso del oficialismo en pro de unas “elecciones libres” (según los intereses estadounidenses, unas en las que María Corina fuera candidata). A su vez, la necesidad estratégica que Estados Unidos ha desarrollado sobre el petróleo y el gas venezolano desde la invasión rusa de Ucrania favorecieron esta decisión temporal que, en cualquier caso, fue revertida hace unas semanas.
Es altamente probable que Estados Unidos recupere la retórica antivenezolana e incluso la amenaza de la agresión militar si Nicolás Maduro se impone en unas elecciones que no cuentan con el sello de Washington por la ausencia de Machado, un escenario que se torna todavía más complejo si se incorpora las elecciones estadounidenses a la ecuación. En este marco, el relativo mejoramiento que Venezuela había logrado en su relación con otros actores de la región podría ponerse en jaque. Por el momento, ya son siete los gobiernos latinoamericanos que han denunciado el proceso de inscripción de postulantes y han puesto en duda la integridad y transparencia de los comicios del 28 de julio, a saber: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Perú.
Consciente del amplio coste de salida que podría tener para funcionarios y dirigentes del amplio espacio del chavismo, tanto el gobierno como el CNE han apostado por una vía electoral a la que varios campos opositores se han sumado, pero que podría ser impugnada por el mayoritario espectro de María Corina Machado y por actores internacionales como Estados Unidos. Una reelección de Nicolás Maduro extendería el mandato del PSUV hasta 2031 y colocaría a la oposición una vez más frente a sus propias tendencias cainitas y frente a su ambivalente estrategia política.
Madrid –
