Marcha por la Democracia celebrada el 18 de febrero en México — Cesar Gómez / Zuma Press / ContactoPhoto
La Marea Rosa en México se mueve entre una demanda legítima y el odio al presidente
Políticos emblema de la corrupción y personajes de la derecha recalcitrante se imponen en una movilización que dice buscar el fortalecimiento de la débil democracia mexicana
El pasado domingo 18 de febrero se realizó la tercera «Marcha por la Democracia» en México, con un acto central masivo en la capital del país. Originalmente planteada como una expresión ciudadana apartidista para protestar contra los planes oficialistas para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), en la práctica y conforme avanza el calendario electoral, el foco de la Marcha se ha ido corriendo progresivamente hacia la dominancia en ella de personajes emblemáticos asociados a la derecha recalcitrante y a la clase política corrupta.
La Marcha por la Democracia —o #MareaRosa, por el color elegido para identificarse— se ha constituido desde su surgimiento en una especia de baremo de la capacidad de movilización de la oposición —no solo partidista— al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ante la falta de empuje en las encuestas de la coalición conformada por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). De ahí la atención que ha generado.
La primera de sus ediciones se desarrolló el 13 de noviembre de 2022, cuando, según los organizadores, un millón de personas salió a protestar. Unos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un acto para celebrar el cuarto aniversario de su Presidencia que desbordó el Zócalo.
El 26 de febrero de 2023, para la segunda edición de la Marcha, los convocantes cifraron la asistencia en un millón y medio de personas. El diario estadounidense The New York Times calculó más de cien mil personas, mientras que el Gobierno de la Ciudad, en manos de Morena, señaló que solamente hubo 12 mil personas asistentes. El 18 de marzo, AMLO celebró otro evento multitudinario en el Zócalo para celebrar el aniversario de la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas.
Para la tercera edición, los organizadores aseguran que se manifestaron 700 mil personas en 25 ciudades, mientras que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México dio una cifra oficial de 90 mil asistentes. El mismo día, Claudia Sheinbaum realizó su registro oficial como candidata de la coalición gobernante.
Oficialmente, las demandas centrales de la Marcha son defender el actual sistema electoral; defender las instituciones creadas como contrapesos al poder autoritario y defender a la Constitución. En la práctica, las motivaciones parecen ser muy variadas. En las movilizaciones se han apersonado tanto activistas de derechos humanos y ciudadanos genuinamente preocupados por la desaparición de instituciones que han fortalecido el sistema democrático, que parecen ser cada vez menos, como personas que van a volcar su odio a López Obrador porque se sienten agraviados como clase social —basta recordar el famoso episodio de una mujer gritando insultos racistas contra el presidente—, convocadas por el discurso delirante de la amenaza del comunismo.
Y a pesar de que ya se anunció el nuevo paquete de reformas que busca concretar la desaparición de los organismos autónomos y la sustitución de la plantilla del Poder Judicial, dos de los principales detonadores oficiales de la movilización, resulta llamativo el descenso de la asistencia a la #MareaRosa según las propias cifras de los convocantes. Una de las claves podría ser la presencia ostensible de una tercera clase de asistentes: personajes políticos de muy malos antecedentes y dudosa afinidad por la democracia que intentan capitalizar la movilización para potenciar sus alicaídas carreras. Dos ejemplos son políticos despreciados por la ciudadanía por sus ligas con la corrupción, como Rosario Robles o Graco Ramírez. También se pasearon figuras emblemáticas del PRI y del PAN, contradiciendo el pretendido carácter apartidista de la convocatoria y poniendo en duda la coherencia entre objetivos y asistentes.
Además, cada vez es menos posible ignorar la preponderancia de personajes de la derecha clasista y racista en la convocatoria y vocería de la Marcha, como el opinador y publicista Carlos Alazraki y Claudio X. González —que en los pasados sexenios fomentó duros ataques neoliberales contra el modelo educativo y el uso de la fuerza contra el magisterio democrático—, entre otros.
Tampoco parece coincidencia que Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PRI y PAN, haya registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca «Fuerza Rosa», una etiqueta que se ha usado para impulsar la Marcha, como denuncia el periodista Obed Rosas en Sin Embargo. No hay duda de que, para aspirar a una democracia con densidad, los contrapesos arrancados al autoritarismo a lo largo de muchos años son necesarios. Perfectibles, pero indispensables en un país que ha funcionado por décadas en la arbitrariedad, en la opacidad y en la concentración de poder. Pero tampoco se puede ser inocente ante el timing y el oportunismo de quienes han sido beneficiarios y constructores de ese sistema arbitrario y hoy quieren apropiarse de banderas a las que, en la práctica, siempre han sido ajenos.
Madrid –
