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México: el choque electoral de las “Utopías” y el policía

Morena eligió la encuesta de popularidad entre la población (no entre militantes) para definir sus candidaturas, mientras que disposiciones del INE aportaron otro elemento decisivo: el criterio de paridad de género


La noche del 10 y la madrugada del día 11 de noviembre fueron de tensión pura en la arena electoral en México. Militantes del oficialista partido Morena, periodistas, opinólogos y habitantes de la Ciudad de México siguieron al borde de la silla el anuncio de quiénes detentarán las candidaturas del partido gobernante para las elecciones estatales de 2024.

Lo que se disputaba no es poco: representar al partido gobernante en 9 de 32 gubernaturas, en al menos 6 de ellas con amplísimas posibilidades de ganar para quien se presente bajo las siglas de Morena. En este supuesto se encuentra la capital, la gigantesca Ciudad de México.

Si sumamos un triunfo casi seguro a la tradición política centralista, a que la ciudad es el bastión del voto progresista y a que los más recientes candidatos de la izquierda a la presidencia han salido de entre sus gobernadores, se entiende por qué esta candidatura representó una batalla especialmente importante para las corrientes del partido en el gobierno y su propia definición a futuro.

Morena logró su registro como partido político en 2014. Además de la Presidencia de la República ganada en 2018, para septiembre de 2023 Morena ya poseía 22 de 32 gubernaturas en el país. El derechista Partido Acción Nacional cuenta con apenas cinco; el otrora todopoderoso Partido de la Revolución Institucional retiene dos, al igual que Movimiento Ciudadano. Por último, el Partido Verde Ecologista de México cuenta con una.

En esta ocasión, Morena eligió la encuesta de popularidad entre la población (no entre militantes) como método para definir sus candidaturas, mientras que disposiciones del Instituto Nacional Electoral aportaron otro elemento decisivo: el criterio de paridad de género, que obliga a los partidos a postular al menos a 5 mujeres en 9 de los estados en disputa. Esta disposición, que busca asegurar la participación de mujeres en los cargos públicos en un país profundamente machista, finalmente fue útil para resolver el berenjenal en el que se había convertido la pelea por la candidatura en la Ciudad de México.

La disputa por la joya

Aunque la izquierda electoral ha ganado todas las elecciones a la Jefatura de Gobierno desde que se le permitió a la Ciudad de México votar a sus autoridades -en 1997-, el año 2021 trajo un hecho preocupante para Morena: de gobernar 11 de 16 alcaldías, pasó a detentar solamente 7. Este batacazo hizo permear la idea de que se debía “reconquistar” a las clases medias para recuperar el terreno, asegurar un buen despegue a la futura presidenta y conseguir mayoría calificada en el Congreso local.

Bajo este clima se presentaron cinco aspirantes a la candidatura para 2024. Fueron dos quienes concentraron las preferencias: Clara Brugada, economista con décadas de trayectoria en la izquierda social y la partidista, y Omar García Harfuch, un policía con historia familiar y política ligada al priismo y al panismo más oscuros. Harfuch llegó ubicado como el favorito de Claudia Sheinbaum, la hoy virtual candidata oficialista a la Presidencia de la República y jefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a junio de 2023. 

Clara Brugada, economista de 60 años de edad, inició su camino político en el movimiento popular por el derecho a la vivienda. Posteriormente se integró al Partido de la Revolución Democrática, hoy casi inexistente, y a Morena desde su fundación. Ha gobernado en tres ocasiones la retadora alcaldía Iztapalapa, la más poblada y una de las de mayor marginación. Sus partidarios destacan su perfil social: programas de transporte público, seguridad para las mujeres y centros culturales y deportivos para recuperar el espacio público – presentados bajo el nombre de “Utopías”. Sus detractores la acusan de clientelismo, de favorecer a ciertos empresarios y de no poder ganar votos del sector más acomodado.

En el otro polo, García Harfuch, de 41 años, es nieto de Marcelino García Barragán, general secretario de la Defensa durante la masacre de Tlatelolco, e hijo de Javier García Paniagua, jefe de la policía política entre 1976 y 1978, que cometió graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones. Harfuch inició su carrera en la corrupta Policía Federal en 2008, de la mano del célebre Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso y acusado de tortura y delincuencia organizada. Luego de servir a gobiernos priistas y panistas, Harfuch fue integrado en 2019 como secretario de Seguridad Pública de la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Los partidarios de Harfuch destacan que atacó a los cárteles y rebajó la tasa de homicidios y la percepción de inseguridad, y señalan que es un perfil atractivo para las clases medias. Los detractores tienen una lista de señalamientos ligados a su falta de perfil y militancia de izquierda, a acusaciones de vínculos con cárteles y a su papel alrededor de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Esto ha calado hondo porque Ayotzinapa es la herida social más supurante en el México contemporáneo. Retrata no solamente la profunda colusión entre autoridades y crimen organizado, sino la falta de capacidad y voluntad investigativa y la impunidad en la que suelen quedar estos crímenes. Antes, durante y unos días después de la desaparición forzada masiva, García Harfuch era Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero. Aunque ha alegado que no estuvo físicamente presente durante los días del ataque —situación que no es clara—, no se ha profundizado en su conocimiento sobre los grupos de crimen organizado en la zona y sobre la demostrada vinculación de estos con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a elementos bajo su mando. Las autoridades no han investigado diligentemente por qué un integrante de un cartel guardaba su contacto en una agenda, o las alegaciones de un testigo respecto a presuntos pagos de un grupo criminal por hacer la vista gorda ante el tráfico de estupefacientes. Las familias de los desaparecidos han exigido que se le someta a una investigación exhaustiva.

Cuando en 2016 se hizo insostenible la permanencia de Tomás Zerón como jefe de investigación de la Procuraduría General de la República, Harfuch fue llamado a reemplazarlo. Zerón es acusado de ser uno de los artífices de la tortura y la manipulación de evidencia con el fin de desviar la investigación sobre el verdadero destino de los estudiantes de Ayotzinapa. Harfuch no emprendió investigación alguna sobre las actuaciones de su predecesor en este caso, ni sobre su implicación en el uso ilegal del malware de espionaje Pegasus contra defensores de derechos humanos.

A pesar de que Morena ha acogido sin mayor reparo a expriistas y expanistas provenientes de las prácticas de corrupción que dice combatir, la posibilidad de que alguien como Harfuch pudiera colocarse como candidato para gobernar la capital del país —y quizá proyectarse a una futura Presidencia de la República— alarmó al ala progresista de Morena. La postulación de perfiles policiacos desde la izquierda ya había sucedido con Miguel Ángel Mancera, con resultados nefastos para la gente de a pie y los derechos humanos. 

Cientos de personalidades firmaron una carta de apoyo a Brugada, a la vez que circulaba una petición firmada por miles de personas exigiendo a la dirigencia del partido que el policía no fuera designado candidato. Otras personas señalaron sus vínculos con empresarios ultraderechistas, como Ricardo Salinas Pliego, y unas más advirtieron de la opacidad de los recursos que financiaron la intensa propaganda que lo presentó bajo la imagen del superhéroe Batman.

Pese a la oposición interna, todas las encuestas le daban a Harfuch una clara ventaja sobre Brugada, de 40.5% contra 26.7%. Pero, para respiro de la militancia histórica del partido en el poder, el criterio de paridad de género sirvió para resolver una disputa que amenazaba con llegar a peligrosos niveles de encono: se anunció que Clara Brugada sería la virtual candidata para la joya de la corona morenista.

No queda claro qué tanto la decisión fue lectura del ánimo político interno y qué tanto fue resultado de compromisos previos entre grupos de poder y partidos que van en coalición con Morena en los otros estados. En lo que no queda duda es en que Harfuch y quienes estén detrás de él ya se hicieron de un espacio destacado en Morena, aunque por ahora hayan debido ceder. Claudia Sheinbaum ha anunciado que lo incorporará al equipo que redactará su plan de gobierno. Además, podrá optar por un lugar preferente para una senaduría y/o por incorporarse al próximo gabinete presidencial.

Desgranaje

De acuerdo con lo anunciado por Morena, dos candidaturas (Veracruz y Morelos) serán ocupadas por mujeres que ganaron las encuestas, mientras que tres más (Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México) lo serán debido al criterio de paridad de género. Las candidaturas encabezadas por varones serán las de Yucatán, Chiapas, Puebla y Tabasco.

Las reacciones contra la aplicación del criterio de paridad de género se desataron luego del anuncio, con mucha más intensidad que contra el transfuguismo partidista. Políticos y opinólogos señalaron que se trataba de una caridad o de una concesión que denigra la capacidad de las mujeres, cerrando los ojos a la exclusión sistémica de este género y a la pelea de las mujeres por ser incluidas en los espacios de poder partidista.


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