Silvina Romano entrevistada en Canal Red
“El ‘lawfare’ empieza en la prensa con rumores con los que los jueces arman causas judiciales”
La experta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) señala que la guerra jurídica contra políticos progresistas debilita la democracia y las instituciones del Estado
La investigadora argentina Silvina Romano considera que la persecución judicial que han sufrido los líderes independentistas, la magistrada y exdiputada Vicky Rosell, Pablo Iglesias, la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero supone que gobierne el poder judicial, “que es el único poder del Estado que no se elige por el voto popular”.
En una entrevista para Noticias Básicas de Canal Red, Silvina Romano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y miembro del comité ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), no tiene dudas de la existencia del ‘lawfare’, al contrario que las asociaciones de jueces y fiscales de España, que han emitido diversos comunicados en contra de que el acuerdo entre Junts y PSOE y de que haya jueces que actúan como operadores partidistas dentro del poder judicial.
Romano aclara que el ‘lawfare’ es algo más: “Es una elevación del poder judicial por encima de los otros poderes del Estado en una articulación permanente con los medios de comunicación hegemónicos”. Así, “lo que buscan es quitar de la esfera política a determinados sectores de la política que son un obstáculo para mantener el statu quo”, subraya, a la vez que admite que el peligro de que las diferencias políticas se diriman en los tribunales es que “nos quitan a los ciudadanos la posibilidad de participar para dirimir disputas”.
En Noticias Básicas, informativo diario que emite Canal Red a las 15:30 horas, Romano asegura que el proceder de la guerra jurídica contra líderes o sectores de la política que cuestionan el statu quo tiene siempre como objetivo la “inhabilitación de candidatos, judicializarlos para que no se puedan presentar a las elecciones o directamente para que no puedan participar nunca más en su vida”.
En este sentido, la investigadora argentina afirma que “estamos asistiendo a una guerra por parte de un poder del Estado que no es elegido por el voto popular, donde una minoría privilegiada en términos económicos y políticos marca la agenda política y mediática con el fin de quitar derechos y recortar nuestras democracias”.
La experta en ‘lawfare’ se atreve a hablar de que el “el poder judicial es el reservorio de una minoría privilegiada que se elige a sí misma y que recibe los cargos por herencia”, lo que termina por convertir a muchos jueces en “operadores políticos de los intereses de los poderes fácticos” frente a grupos políticos que defienden a los sectores populares.
Silvina Romano remarca mucho la idea de que “el ‘lawfare’ siempre empieza en los medios de comunicación hegemónicos”, donde primeramente se filtran ciertos rumores sobre determinado líder o sectores de la política, dando como resultado la magnificación del caso a través de la prensa para levantar sospechas. “Se llega incluso a hablar de que existen pruebas, pero no se muestran porque se hacen denuncias sin pruebas y el poder judicial toma esas denuncias y empieza a armar causas judiciales reales sobre rumores”.
«A través de pruebas manufacturadas se genera un consenso social de que determinado líder o sectores de la política son culpables de algo sin ni siquiera celebrarse el juicio»
Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva o Rafael Correa
En Argentina, sostiene, el caso más paradigmático de ‘lawfare’ lo ha sufrido la actual vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien en 15 años ha tenido hasta 650 denuncias y “todas se pusieron sin pruebas fehacientes”, apostilla Romano, quien recuerda que a la mandataria una sola persona la ha llegado a denunciar hasta 70 veces.
El presidente de Brasil, que estuvo en prisión 580 días por una causa que fue anulada, ha llegado a tener 25 causas abiertas y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene 50 causas abiertas. “En realidad son mega-operativos, no causas, y aunque el poder judicial se arroga estar luchando contra la corrupción, hay muy poco de lucha contra la corrupción y mucho de persecución política por la vía judicial”, resalta la experta en ‘lawfare’.
Este funcionamiento del poder judicial y mediático como operadores políticos “termina por debilitar la democracia, las instituciones del Estado e impide que los gobiernos progresistas puedan llevar a cabo sus programas en la medida que la judicialización le impide firmar proyectos o desarrollar infraestructuras, lo que sirve luego para decir que el Estado no funciona”.
La investigadora del Conicet, que viene a ser como el CSIC argentino, incide en que, si el poder judicial inhabilita la posibilidad de elegir a ciertos candidatos, entonces la democracia está representada por el poder judicial y no por los intereses populares. “Y es un problema grave para la democracia, tenemos que estar muy atentos”, sentencia.
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