Editorial

La Fiscalía acusa a García Castellón de lawfare

Pocas horas después de que las principales asociaciones de jueces rechazaran la utilización del término lawfare por resultar imposible —en su opinión— que dicha práctica pueda tener lugar en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusaba al juez García Castellón de hacer justo eso, de hacer lawfare

El pasado jueves por la mañana, se hacía público el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Los dos partidos acordaron básicamente arrancar la legislatura a cambio de la ley de amnistía y seguir negociando todo lo demás desde un punto de partida discrepante. A pesar de la ausencia de acuerdos concretos más allá de la amnistía, el acuerdo garantiza la investidura de Sánchez «con el voto a favor de todos los diputados de Junts» y se compromete la «estabilidad de la legislatura» pero «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos». Es únicamente respecto de la Ley de Amnistía donde el documento recoge algún tipo de acuerdo concreto. A este respecto, se especifica que la ley «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos» y se remite a una serie de «comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura» y a las conclusiones que de ellas se deriven, que deberán ser tenidas en cuenta «en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Desde ese día, la palabra lawfare se ha convertido en un vocablo maldito.

De origen anglosajón y formada por la combinación de las palabras law (ley, derecho) y warfare (práctica de la guerra), el término hace referencia a la utilización espuria de la justicia con intencionalidad política. La operativa es sencilla de describir: determinados operadores judiciales, desde un activismo ideológico específico, llevan a cabo una aplicación muy forzada del derecho —a veces, incluso, delictiva— no con la voluntad de impartir justicia de una forma garantista y equilibrada sino con el objetivo de desactivar al adversario político. Para ello, el lawfare utiliza dos mecanismos principales: el más duro —cuando las circunstancias lo permiten— es directamente la condena, pero también existe un mecanismo más blando —pero igualmente efectivo— que consiste en la apertura y prolongación en el tiempo de procesos judiciales, aunque estos finalmente queden en nada, para alimentar horas y horas de informativos y de tertulias en los medios de comunicación y así destruir personal y reputacionalmente al objetivo mediante la difamación. En nuestras modernas mediocracias, el lawfare es un combustible de primer nivel para el mediafare, cuya existencia permanente e independiente garantiza, además, una transición virtuosa entre las dos modalidades de lawfare: el atacante no tiene más que comenzar el proceso judicial y, si tiene la mejor de las suertes, podrá concluirlo con una condena (como en el caso de Lula da Silva o de Isa Serra) pero, si eso no es posible, la difamación y el daño político están en todo caso asegurados (como en el caso de Pablo Iglesias o de Mónica Oltra).

Aunque es absolutamente evidente para cualquier observador mínimamente imparcial que el lawfare existe y se practica habitualmente en todos los países del mundo, incluida España, el hecho de que se dé validez al término en un documento firmado por el PSOE, que siempre había mantenido la posición pública de negar la mayor, ha causado un importante revuelo en el mundo judicial. Hasta ahora, los jueces y fiscales habían conseguido que los dos partidos dinásticos del régimen, el PP y el PSOE —y, por supuesto, también VOX— mantuviesen públicamente que la Tierra es plana y el lawfare no existe, apelando de una forma abstracta y ridícula al animal mitológico de la «independencia judicial». Que el PSOE, necesitado de los siete escaños de Junts para seguir en el poder, se haya visto obligado a reconocer que el rey está desnudo supone un cambio objetivo respecto de la (des)legitimación del Poder Judicial como un agente mediador, imparcial y arbitral en el sistema político y, por ello, no es si no natural que sus miembros se hayan visto impelidos a poner un —estridente y corporativo— grito en el cielo.

Aunque es absolutamente evidente para cualquier observador mínimamente imparcial que el lawfare existe y se practica habitualmente en todos los países del mundo, incluida España, el hecho de que se dé validez al término en un documento firmado por el PSOE, que siempre había mantenido la posición pública de negar la mayor, ha causado un importante revuelo en el mundo judicial

«Indignación, desolación, asombro, tristeza y preocupación, extrema preocupación, entre los miembros del Poder Judicial», recogía ayer —generosa en sustantivos— una extensa pieza de Ángela Martialay en el periódico El Mundo que también incluía fuentes individuales del mundo judicial todavía más explícitas: «Es una puñalada a la Constitución y al Estado de Derecho donde se sostiene que aplicar la Ley y defender la legalidad vigente es lawfare. No comprendo cómo un partido como el PSOE, que era constitucionalista, ha podido suscribir ese acuerdo que nos sitúa a la altura de Venezuela o Polonia», se lamentaba una de ellas, incapaz de decidir —en su profundo desasosiego— si debemos mirar a la América Latina bolivariana o a la Europa del Este ultraderechista para encontrar un anclaje comparativo de la situación. Pero las condenas corporativas a la admisión por parte del PSOE de la existencia del lawfare también han sido públicas. De este modo, la así llamada Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su «confianza absoluta en nuestro Poder Judicial que es neutral» y ha hecho saber su «absoluto rechazo» a las referencias al lawfare, considerando inaceptable la creación de comisiones porque eso «pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes». También se han quejado amargamente los jueces decanos de España, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), por supuesto el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, muy singularmente, las diferentes asociaciones de jueces —incluida la asociación «progresista» Juezas y Jueces para la Democracia—, que, en un comunicado conjunto, mostraban su rechazo por las referencias al «lawfare o judicialización de la política» y afirmaban que esas expresiones no son aceptables ya que «el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».

A las pocas horas de todas estas declaraciones y comunicados, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurría el auto de fin de la investigación del caso de Tsunami Democràtic que había dictado el lunes el juez Manuel García Castellón y en el que pedía la imputación por delitos de terrorismo de Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En su escrito, el fiscal Miguel Ángel Carballo es demoledor. Como recoge en detalle esta pieza de Pedro Ágeda en eldiario.es, Carballo afirma que García Castellón habría llevado a cabo tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para poder justificar las imputaciones —solicitadas, recordemos, en un momento crucial de la negociación de la Ley de Amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes—, y llega a decir de Tsunami Democràtic que «aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postreramente una app o aplicación informática para teléfonos móviles».

Es decir, que, pocas horas después de que las principales asociaciones de jueces rechazaran la utilización del término lawfare por resultar imposible —en su opinión— que dicha práctica pueda tener lugar en España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusaba al juez García Castellón de hacer justo eso, de hacer lawfare. No hace falta añadir ninguna valoración final a esta sucesión temporal de acontecimientos porque se valora sola.