Editorial

Cambio de rasante

A partir de ahora, queda completamente claro que la época de los trágala y las imposiciones ha acabado, y que solamente se van a poder armar mayorías en el Parlamento desde el respeto a los posibles socios y la negociación honesta con ellos

La votación de ayer en el Congreso —desplazado coyunturalmente al Senado por estar la cámara baja en obras— supone el verdadero arranque de la legislatura. En las dos votaciones relevantes que habían tenido lugar hasta el día de ayer, la votación de la investidura de Pedro Sánchez y la admisión a trámite de la Ley de Amnistía, no se visibilizó la verdadera complejidad de la mayoría parlamentaria ya que todos los grupos estaban obligados a votar a favor por fuertes motivos políticos. Los partidos de la izquierda porque habría sido inasumible provocar una repetición electoral después de un resultado en el que se evitó un gobierno de extrema derecha por apenas un puñado de votos; Junts porque, una vez pactada la amnistía, su voto a favor en las dos votaciones referidas había quedado completamente comprometido. Sin embargo, después de la investidura y después de la expulsión de Podemos del Gobierno y su salida al Grupo Mixto, era evidente que las cartas políticas se repartían de nuevo como entonces comentamos aquí. Por un lado, el acuerdo entre el PSOE y Junts se circunscribe al intercambio de amnistía por investidura y los de Puigdemont han dejado claro desde el principio que ellos no estaban firmando un acuerdo de legislatura. Por otro lado, el nuevo lugar político al que se empujó a los morados les colocó en una posición de mucha mayor libertad para exigir avances sociales a un Gobierno que, ya completamente dirigido por Pedro Sánchez sin oposición interna, condicionado por fuerzas de derechas en lo económico —como el PNV y Junts— y con el horizonte europeo de recuperación de las reglas de la austeridad, se verá repetidamente tentado de girar su acción política hacia avances muy limitados, e incluso hacia retrocesos.

A esto hay que añadir un cambio muy importante en la aritmética parlamentaria que debería obligar al Gobierno PSOE-Sumar a modificar también su táctica negociadora, como pudimos ver ayer. En la legislatura anterior, la suma de escaños de PP y VOX era de 147, pero después de las elecciones del 23 de julio pasado esa suma es de 170. En la legislatura anterior el bloque reaccionario era mucho más pequeño y el PSOE así como algunos ministerios encabezados por personas que hoy se integran en Sumar se podían permitir una táctica parlamentaria según la cual el Gobierno aprobaba Reales Decretos-ley ómnibus sin negociar con ninguno de sus posibles socios su contenido, jugaba a varias barajas —de un lado, PNV y Ciudadanos, del otro, ERC y Bildu— en lo que llamaron «geometría variable», debilitaba así la posición negociadora de todos ellos, los sometía a presión mediática hasta el último momento y conseguía su voto a favor a cambio de pequeñas cesiones o incluso a cambio de nada. Lo que pudimos ver en la votación de ayer es que esta táctica del trágala ya no es viable.

A la hora de votar los tres primeros RDL del Gobierno ayer, la incertidumbre se ha mantenido hasta el último minuto y uno de los textos incluso ha llegado a caer; algo que solamente pasó una vez de las 97 ocasiones en las que el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos utilizó esta figura legislativa en la legislatura pasada

A la hora de votar los tres primeros Reales Decretos-ley del Gobierno ayer en un Senado mutado en Congreso, la incertidumbre se ha mantenido hasta el último minuto y uno de los textos incluso ha llegado a caer; algo que solamente pasó una vez de las 97 ocasiones en las que el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos utilizó esta figura legislativa en la legislatura pasada. Los siete escaños de Junts se han mantenido en el ‘no’ hasta último momento, cuando al PSOE no le ha quedado más remedio que ceder y aceptar la eliminación de la modificación del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil sobre las cuestiones prejudiciales europeas que, según los de Puigdemont, podría afectar a la aplicación de la futura Ley de Amnistía, así como el traspaso a Catalunya de competencias en materia de inmigración, entre otros acuerdos. Sin embargo, ello no ha llevado a Junts a votar que ‘sí’, sino tan solo a ausentarse de la votación; el equivalente a una ‘abstención’. Esto ha demostrado empíricamente que, en esa situación —abstención de Junts—, el Gobierno puede aspirar, como máximo, a una mayoría simple por un único escaño: 172 votos contra 171 del bloque reaccionario. Dicha mayoría es tan precaria que, aunque ha permitido sacar adelante uno de los RDL ómnibus que llevaba a cabo modificaciones en el sistema de justicia y de la función pública y que era necesario para el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, ocasionó que la votación se tuviera que repetir para el RDL de prórroga de algunas medidas del escudo social porque la equivocación del diputado de Sumar Gerardo Pisarello provocó un empate a 171. De hecho, para poder aprobar ese RDL, la parte socialista del Gobierno también tuvo que negociar con Podemos —que se encontraba inicialmente en la abstención— y girar su voto al ‘sí’ mediante un acuerdo que prorroga la paralización de desahucios hipotecarios de familias vulnerables, que iba a decaer a finales del mes de mayo de este año, hasta 2028; con el compromiso añadido de que la tramitación de esta norma, incluyendo la modificación pactada, no se prolongue más allá de seis meses. Sin el concurso de estos cinco ‘síes’ de Podemos, el RDL del escudo social tampoco habría podido salir adelante. Esto se demostró en el tercero de los textos, el que fue derogado por la cámara baja (reunida en la cámara alta). En este tercer RDL, se acometían una serie de reformas del subsidio de desempleo, algunas de ellas positivas, pero contenía un importante recorte de la cotización —y, por tanto, de las pensiones futuras— de los parados mayores de 52 años. Debido a la existencia de este recorte, Podemos había ya anunciado su voto en contra y había pedido la retirada del mismo para poder votar a favor del texto. Sin embargo, el sector Sumar se negó en seco a ceder en este punto y eso impidió a los morados girar su voto hacia el ‘sí’, resultando en una votación con 176 votos en contra y apenas 167 a favor.

Al margen de los siguientes pasos que se deberían producir respecto de esta norma concreta —la aprobación de un nuevo RDL en el Consejo de Ministros que ya no contenga el recorte para poder tener mayoría parlamentaria—, las lecciones políticas derivadas de lo ocurrido ayer son claras, son profundas y van más allá de lo concreto. En primer lugar y como ha demostrado la táctica negociadora de Sumar, se constata la inviabilidad política y parlamentaria del mecanismo de la no negociación y la presión mediática. Los de Yolanda Díaz podrían haber aceptado desde el principio que el recorte en las pensiones de los parados de más de 52 años era un elemento indeseable en el RDL —además, las informaciones iniciales indicaban que había sido introducido por Nadia Calviño—, se podrían haber abierto a una negociación con Podemos, y una norma sin recortes quizás habría sido aprobada ayer. Pero, en lugar de optar por ese camino, decidieron negar la existencia de un recorte tan evidente que hasta El País ha acabado dando la razón a Podemos, no moverse ni un milímetro y utilizar calificativos gruesos contra los grupos que no estaban dispuestos a apoyar el texto a cambio de nada. El PSOE, por el contrario, aunque también ha jugado de una forma bastante irresponsable con los tiempos, la ausencia de negociación durante demasiados días y la presión mediática, al final ha demostrado la suficiente flexibilidad como para establecer conversaciones —aunque sea sobre la campana— y ceder lo necesario para construir una mayoría, por muy precaria que sea.

El vértigo y el resultado final de las votaciones de ayer son la señal evidente de que la nueva legislatura es muy diferente a la legislatura anterior. Ayer se inauguró un nuevo esquema aritmético y parlamentario que supone un cambio de rasante en la dinámica política entre los diferentes partidos. A partir de ahora, queda completamente claro que la época de los trágala y las imposiciones ha acabado, y que solamente se van a poder armar mayorías en el Parlamento desde el respeto a los posibles socios y la negociación honesta con ellos, preferiblemente antes de aprobar los textos en el Consejo de Ministros y evitando la artimaña de la acumulación de temas dispares en una misma norma según el esquema ómnibus. Si el Gobierno interioriza estas enseñanzas y modifica su táctica negociadora, podrá ganar las votaciones. Si no, volveremos a ver muchos días como el día de ayer.