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El CGPJ y la humillación de Pedro Sánchez

Durante todos y cada uno de los días de estos últimos cinco años y también a partir de la nueva mayoría parlamentaria que configuró la ciudadanía en las urnas el pasado 23 de julio, el PSOE siempre ha tenido en su mano acabar con este secuestro sedicioso del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial


En los últimos días, Feijóo y el PP han acusado a Sánchez de vender España con el único objetivo de mantenerse en el poder, de romper la convivencia social, de pactar con delincuentes, de violar la Constitución, de mentir, de falta de escrúpulos, o de traicionar su palabra y a sus propios votantes, entre otras lindezas. En los últimos días, Feijóo y el PP han utilizado a sus jueces afines para llevar a cabo el más vergonzante lawfare contra la mayoría gubernamental, iniciando rocambolescas investigaciones por terrorismo y traición a España, con el único objetivo de sabotear la aplicación de la Ley de Amnistía —como ya hicieran con la Ley Solo sí es sí— para así estrangular la legislatura y tumbar al Gobierno. En los últimos días, Feijóo y el PP han llegado a llamar «cáncer del Estado de derecho» al Tribunal Constitucional por tener este órgano mayoría progresista, han justificado la utilización ilegal de las fuerzas de seguridad en la ‘operación Cataluña’ para espiar al independentismo, han amenazado con usar de forma espuria su mayoría en el Senado para bloquear la tramitación de la amnistía, han abierto la puerta a la ilegalización de partidos políticos y se han negado a condenar el ahorcamiento y apaleamiento de un muñeco representando al presidente de la Gobierno a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz. Todo esto mientras ya han pasado más de cinco años desde que caducase el mandato constitucional de los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que es crucial para la operativa política del PP como hemos podido contemplar en los últimos días a través de las acciones del juez Manuel García Castellón y también del juez Joaquín Aguirre.

Durante todos y cada uno de los días de estos últimos cinco años y también a partir de la nueva mayoría parlamentaria que configuró la ciudadanía en las urnas el pasado 23 de julio, el PSOE siempre ha tenido en su mano acabar con este secuestro sedicioso del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así limitar los graves daños al sistema democrático que provoca la operativa activista de determinados jueces reaccionarios que bordean la prevaricación con el objetivo evidente de alterar de forma ilegítima los procesos políticos. Aunque el artículo 122 de la Constitución fija que los 8 vocales (de los 20 totales que tiene el CGPJ) del turno de juristas de reconocido prestigio tienen que ser elegidos por 3/5 del Congreso (la mitad de ellos) y por 3/5 del Senado (la otra mitad), la Constitución deja completamente en manos del legislador el método mediante el cual se deben elegir los restantes 12 vocales del turno de jueces y magistrados. Por mero paralelismo estético con el turno de juristas, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial establece que estos 12 vocales deberán también ser elegidos por 3/5 del Congreso (la mitad de ellos) y por 3/5 del Senado (la otra mitad); situando así en 2/5 de los escaños —algo con lo que cuenta el PP— la capacidad de una minoría parlamentaria para ejercer sine die el bloqueo en la renovación del órgano. Pero no hay absolutamente nada que impida que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados modifique la LOPJ y cambie estas reglas, haciendo, por ejemplo que los 12 vocales del turno de jueces y magistrados se elijan todos ellos en el Congreso con la mayoría absoluta de los escaños y la concurrencia de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara. El PSOE podría haber acometido esta reforma con garantías de que acabe siendo aprobada desde el primer día que Pedro Sánchez fue presidente tras la moción de censura de mayo de 2018; de hecho, la mayoría parlamentaria que permite esta modificación lleva existiendo de manera ininterrumpida desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015.

La última escaramuza humillante que Feijóo ha impuesto a Sánchez —y que éste ha aceptado— es el establecimiento de un político de derechas —el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— como mediador externo que se ocuparía de facilitar y verificar un posible acuerdo

Pero, en vez de hacer esto y restaurar el cumplimiento de la Constitución en España así como una mayoría en el Poder Judicial que tenga un correlato democrático con lo expresado por los españoles en las urnas, el PSOE de Pedro Sánchez se ha pasado más de cinco años tendiendo la mano a un PP cada vez más trumpista, iliberal y asalvajado, pidiéndole —casi por favor— que se avenga a llegar a un acuerdo bipartidista que permita alcanzar los 3/5 exigidos por la ley actual. Tras todos y cada uno de estos ofrecimientos, los diferentes líderes del PP —primero Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo— se han dedicado a humillar a Pedro Sánchez y al PSOE, inventándose todo tipo de excusas cambiantes para mantener el bloqueo y rompiendo el supuesto acuerdo varias veces cuando los socialistas ya estaban cantando victoria en los medios de comunicación. La última escaramuza humillante que Feijóo ha impuesto a Sánchez —y que éste ha aceptado— es el establecimiento de un político de derechas —el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders— como mediador externo que se ocuparía de facilitar y verificar un posible acuerdo. Además de la humillante mediación extranjera impuesta a un gobierno elegido democráticamente en las urnas, el PP ha llegado a esta reunión —que se produjo ayer en Bruselas sin grandes avances— diciendo que el mediador es necesario porque Pedro Sánchez es un mentiroso y condicionando la posible renovación del CGPJ a un cambio legislativo que dejaría la elección de los 12 vocales del turno de jueces y magistrados en manos de los alrededor de 5000 jueces en activo que hay en España. Una reforma que no parte de ningún tipo de obligación constitucional o europea, que independizaría al Poder Judicial de la soberanía popular y que garantizaría para siempre una mayoría conservadora en el mismo, dada la composición sociológica de la carrera judicial en España.

Suponemos que algún asesor áulico lleva cinco años susurrándole al oído a Pedro Sánchez que esta estrategia le permite situarse como un «hombre de Estado» que, a diferencia de la derecha, está buscando el diálogo y el acuerdo con la oposición, y que eso le conduciría a la captación de votos de centro, consolidando y aumentando su base electoral. Lo que no se entiende es que Sánchez haya mantenido esta estrategia durante cinco años a pesar de las innumerables evidencias en contra de su efectividad. Primero, es evidente que ninguna ampliación de la base electoral del PSOE se ha producido, más bien al contrario. Esto es así porque, como está demostrando en numerosos países del mundo el avance de la ola reaccionaria, los votantes de la derecha y la extrema derecha no solamente están militarizados a la hora de ir a votar y jamás van a cruzar el parteaguas por mucho talante centrista que ofrezca el socioliberalismo sino que, además, están cada vez más de acuerdo con que sus representantes políticos y mediáticos ejerzan la violencia discursiva y estratégica. Véase Trump, véase Ayuso, véase Meloni, véase Milei. Pero es que, encima, ofrecer diálogo y acuerdos al que te está pegando puñetazos políticos en la cara —en vez de cortar definitivamente relaciones hasta que cese la violencia—, solamente sirve para blanquear y justificar su operativa. Por último, renunciar a dar la batalla ideológica —por ejemplo, en este caso, renunciar a modificar la LOPJ para rebajar las mayorías de renovación del CGPJ, como hizo Pedro Sánchez en 2020 al retirar la firma del PSOE de una reforma ya pactada y registrada con Unidas Podemos— sirve para que el adversario avance posiciones y tú las retrocedas. Cuando Sánchez renuncia a modificar la LOPJ en un sentido democrático, entonces Feijóo tiene vía libre para proponer modificarla en un sentido reaccionario y hacer de esa propuesta el eje del debate.

Es urgente que el PSOE revierta esta dinámica y acepte la realidad: el PP no es una organización política demócrata y, por tanto, no hay nada que negociar con ellos. Si Sánchez no da un giro de timón de 180° en esta materia, no solamente seguirá siendo humillado, sino que además estará entregando todas las cartas para que el PP y sus aliados de extrema derecha se hagan con el poder, y a ellos sí que no les va a temblar la mano para llevar a cabo todas las modificaciones legislativas que hagan falta para parasitar de manera antidemocrática y sin complejos todas las instituciones del Estado.


Madrid –

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