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El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños — Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La amnistía y el lawfare

Si Sánchez se ha visto obligado a indultar, a modificar el Código Penal y a aprobar una ley de amnistía es porque una serie de jueces han decidido hacer política mediante el lawfare


Independientemente de lo que piense políticamente cada uno, todo el mundo tendrá que coincidir en que el camino que está siguiendo el PSOE en su negociación con los partidos independentistas para mitigar los efectos negativos de la judicialización del conflicto político catalán está siendo cuando menos tortuoso.

Desde la concesión del indulto a los condenados a penas de prisión en el juicio del procés hasta las diferentes versiones del texto de la ley de amnistía, incluyendo el acuerdo de última hora de ayer para modificar la exclusión de los delitos de terrorismo solamente cuando estos «hayan generado una violación de los derechos humanos», pasando por la eliminación del delito de sedición del código penal y la modificación del delito de malversación, Pedro Sánchez ha ido dando una serie de pasos que hasta hace poco tiempo parecían impensables debido al marco mediático hegemónico de demonización del independentismo catalán que, durante las últimas décadas, ha sido instalado con violencia desde la derecha mediática, pero también asumido en buena medida por la progresía.

Si bien este proceso de desjudicialización del conflicto político catalán ha sido defendido desde el principio por algunas fuerzas de ámbito estatal, como por ejemplo y muy singularmente Podemos, la posición del PSOE ha sido diametralmente opuesta hasta hace tan solo unos pocos años. Pedro Sánchez no solamente llegó a apoyar la aplicación del artículo 155 contra el autogobierno catalán impulsado por el ejecutivo de Mariano Rajoy sino que se manifestó radicalmente en contra de cualquiera que hablase de «presos políticos», afirmó que iba a convertir en delito la celebración de referéndums ilegales, dijo en la campaña electoral de 2019 que se iba a ocupar él mismo de traer a Puigdemont ante la justicia española e, incluso, llegó a negar tajantemente la constitucionalidad de una amnistía pocos días antes de las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Con este giro de 180° en su hemeroteca reciente, es muy fácil para la derecha política y mediática —y también para los representantes antiguos y presentes del PSOE caoba— criticar a la actual dirección socialista y muy particularmente al presidente del Gobierno en esta materia. Uno puede estar políticamente de acuerdo con los indultos y la amnistía o no estarlo, pero lo que es un hecho es que Pedro Sánchez ha pasado de una posición a su contraria en un plazo muy breve de tiempo.

Sin embargo y a pesar de las duras críticas del bloque reaccionario y del ala más derechista del PSOE, lo cierto es que el camino elegido por Pedro Sánchez es —como es habitual en su operativa política— el más moderado de todos los posibles.

A pesar de las duras críticas del bloque reaccionario y del ala más derechista del PSOE, lo cierto es que el camino elegido por Pedro Sánchez es —como es habitual en su operativa política— el más moderado de todos los posibles

De hecho, si ese camino está siendo complejo y tortuoso es precisamente por su renuncia a abordar el verdadero problema de raíz. Si Sánchez ha tenido que eliminar las penas ya establecidas por los tribunales a los presos políticos catalanes, si, más recientemente, ha tenido que amnistiar a aquellos sobre los cuales pendía la espada de Damocles de una condena futura y si el texto legislativo que pretende implementar dicha amnistía ha tenido que ser retocado hasta el último detalle y hasta el último momento, es porque el verdadero problema no está en la ley sino en su aplicación.

El PSOE es enormemente reacio a decirlo públicamente y, cuando una de sus dirigentes —como hizo Teresa Ribera la pasada semana— se atreve siquiera a sugerirlo, corren a matizar sus palabras con un comunicado, pero es absolutamente evidente que el problema de la judicialización del conflicto político catalán está en la aplicación corrupta del derecho por parte de un sector activista de la judicatura. Si Sánchez se ha visto obligado a indultar, a modificar el Código Penal y a aprobar una ley de amnistía es porque una serie de jueces han decidido hacer política mediante el lawfare.

Esto es absolutamente evidente y, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para evitar que el sector reaccionario de la judicatura no vuelva a hacer exactamente lo mismo en los años venideros. La verdadera enfermedad que nos ha traído hasta aquí —el activismo político de algunos jueces que deciden retorcer el derecho por motivaciones ideológicas, bordeando la prevaricación y con total impunidad— sigue activa y fuerte en el cuerpo del paciente y los indultos, las modificaciones del Código Penal y la aministía tan solo son parches para paliar los síntomas. Obviamente, es positivo que todo ello se haga, pero, al mismo tiempo, es obvio que ninguna de esas medidas aborda el problema principal.

Como es marca de la casa, el PSOE no ha querido ir a la raíz del asunto y, por lo tanto, es más que probable que volvamos a ver nuevos episodios de lawfare contra los adversarios políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando eso ocurra, nos volveremos a encontrar ante la misma dicotomía: ¿Nos ponemos ahora serios y embridamos a un Poder Judicial en desacato contra el Poder Democrático o permitimos de nuevo que hagan un destrozo social en el país y entonces volvemos a suturar las heridas con indultos, modificaciones de tipos delictivos y amnistías?


Madrid –

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