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La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera — Carlos Luján / Europa Press

Teresa Ribera señala al juez García Castellón

Que un actor político como el PSOE se atreva, por fin, a decir la verdad sobre una de las mayores amenazas que enfrentan las democracias modernas es una buena noticia. Efectivamente y como ha reconocido Teresa Ribera, el ‘lawfare’ existe y es un peligro para nuestro país


Estas siete palabras —»Teresa Ribera señala al juez García Castellón»— encabezan un tuit con el que el programa de Antonio García Ferreras anunciaba la noticia. Sujeto de la frase: una alta dirigente del PSOE (no de Podemos; del PSOE). Objeto directo: un juez de la Audiencia Nacional. Verbo conjugado: señalar (nada menos que ‘señalar’). ¿Pero qué ha pasado?

Pues que la vicepresidenta tercera del Gobierno y persona de confianza de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, acudió este viernes por la mañana al programa La Hora de la 1 de TVE y, al ser preguntada por la periodista Silvia Intxaurrondo acerca del nuevo auto emitido por el juez Manuel García Castellón en el que se reafirma en su voluntad de investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo, la dirigente del PSOE contestó: «Hay algunas personas […] que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial.» Al ser repreguntada por Intxaurrondo al respecto, Ribera añadió que «evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momento sensibles» y también que «la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas».

A día de hoy en España, cualquier ciudadano mínimamente informado sabe perfectamente que existen jueces que retuercen el derecho al máximo de sus posibilidades para intervenir políticamente en el proceso democrático mediante la generación de noticias difamatorias contra partidos y líderes políticos de ideología contraria a la suya, y también para proteger a los suyos de posibles sentencias condenatorias como consecuencia de sus actividades corruptas. Es lo que se denomina como ‘lawfare’ y es obvio que supone una de las mayores amenazas a la democracia. Sin la existencia de un sistema judicial que garantice la imparcialidad en la aplicación del derecho, la ausencia de sesgos asociados con la tendencia ideológica de las personas acusadas y la no utilización política y mediática de las actuaciones, no existe un estado de derecho como tal. Si, además, añadimos la impunidad prácticamente absoluta y la imposibilidad de remover a los magistrados activistas de sus puestos, nos encontramos ante un poder no electo de última ratio que tiene la capacidad de destruir reputaciones, de adulterar procesos democráticos e incluso de enviar a personas inocentes a la cárcel sin que nada se pueda hacer contra ellos.

Como reacción a las palabras de Teresa Ribera, el PP ha contestado que ve de «una gravedad extrema que la vicepresidenta haya insinuado que hay jueces que prevarican». Sin embargo, desde el momento en el que hay jueces en la cárcel —como el juez Alba— condenados por prevaricar —en este caso por conspirar con un empresario corrupto y con un ministro del PP contra la magistrada de Podemos—, incluso aunque la vicepresidenta tercera hubiera sugerido eso simplemente estaría señalando una evidencia. Y el PP, al negar que el agua moja, en realidad, lo que está haciendo —además de insultar la inteligencia de cualquier persona adulta— es intentar proteger, primero, al conjunto de la judicatura española —en la que el PP sabe que ostenta la mayoría ideológica— y, en segundo lugar, a un juez que saben que es de los suyos. No solamente porque deba prácticamente toda su carrera a decisiones políticas de gobiernos del PP, sino, además, porque lo ha demostrado con hechos a lo largo de los últimos años, hostigando a Pablo Iglesias y a Podemos en base a pruebas falsas de las cloacas, exonerando a María Dolores de Cospedal en el caso de la operación Kitchen a pesar de existir evidencias incriminatorias contra ella o, ahora, intentando sabotear la amnistía a los represaliados del procés mediante acusaciones extemporáneas.

Pero lo verdaderamente inédito de lo que ocurrió ayer no es que García Castellón siga dando pasos en su operativa corrupta de ‘lawfare’ ni tampoco que el PP le dé cobertura política. La novedad es que sea una alta dirigente del PSOE la que señale con tanta claridad lo que está ocurriendo

Pero lo verdaderamente inédito de lo que ocurrió ayer no es que García Castellón siga dando pasos en su operativa corrupta de ‘lawfare’ ni tampoco que el PP le dé cobertura política. La novedad es que sea una alta dirigente del PSOE la que señale con tanta claridad lo que está ocurriendo. Aunque cualquiera que tenga ojos en la cara lleva viendo desde hace décadas este funcionamiento golpista de una parte del Poder Judicial, hasta ahora, el PSOE se había dedicado a negar en público la realidad y a decir básicamente lo mismo que ayer dijo el PP: que no hay ni un solo juez en España que se comporte de manera deshonesta y que la mera sugerencia de lo contrario supone un ataque a la separación de poderes. Hasta ahora, solamente Podemos y los partidos independentistas se han atrevido a decir en público que existen jueces corruptos, que el ‘lawfare’ es una práctica habitual en España y que el agua moja.

Ante las declaraciones de Teresa Ribera, podríamos centrarnos en la parte más negativa y decir que llega tarde, que ahora señalan a García Castellón porque está intentando sabotear la gobernabilidad de Pedro Sánchez pero que el PSOE calló —incluso reprendió a los que se atrevieron a decir lo mismo— cuando este juez y otros hacían ‘lawfare’ contra la izquierda o contra el independentismo, e incluso que, si desde el PSOE no hubiesen dado alas a los sectores más reaccionarios de la judicatura, protegiéndolos políticamente, mirando hacia otro lado o acompañando su ofensiva, como en el caso de la Ley Sólo Sí es Sí, ahora no estarían tan envalentonados y no se atreverían a disparar contra ellos.

Podríamos quedarnos aquí y censurar la falta de previsión estratégica, la ausencia de columna vertebral y la enorme hipocresía del PSOE —y también de sus medios afines—, que ahora dicen lo contrario de lo que decían hace unos meses simplemente porque lo están sufriendo en su propia piel. Podríamos cerrar el análisis con esta crítica y estaría más que justificado. Pero preferimos quedarnos con la parte positiva.

El PSOE no solamente es uno de los dos partidos dinásticos del régimen del 78, sino que, además, es posiblemente el pilar político más importante del actual sistema. La función del PSOE como canalizador de las energías progresistas en un sentido que no altere las claves de bóveda de la monarquía, la pertenencia a la OTAN o la protección de los privilegios económicos de las oligarquías es el elemento fundamental que, a pesar de la crisis del régimen que todavía sigue abierta, permite a las élites albergar una cierta esperanza respecto de la continuidad del statu quo. Por ello, que un actor político de esta naturaleza se atreva, por fin, a decir la verdad sobre una de las mayores amenazas que enfrentan las democracias modernas es una buena noticia. Efectivamente y como ha reconocido Teresa Ribera, el ‘lawfare’ existe y es un peligro para nuestro país. Partiendo de ese consenso básico, lo siguiente es pensar y decidir qué vamos a hacer al respecto.


Madrid –

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