Editorial

El Poder Judicial contra el Poder Democrático

Si quieren intervenir en los procesos electorales, en las negociaciones parlamentarias y en la aprobación de leyes, cuelguen ustedes las togas, monten el Partido Judicial y nos vemos en las urnas. Mientras tanto, si los diputados y los ministros no pueden dictar sentencias, ustedes no pueden hacer política

Democracia es una palabra de origen griego que significa «poder (kratos) del pueblo (demos)». En España, los únicos órganos de ámbito estatal elegidos directamente por el pueblo son el Congreso y el Senado; el segundo de ellos elegido mediante un sistema electoral muy alejado de la proporcionalidad y dotado de muchísimas menos competencias que el primero en la Constitución. Por eso, el Congreso es quien tiene la capacidad de investir al presidente del Gobierno —cabeza del Poder Ejecutivo—, es quien tiene la última palabra en la aprobación de las leyes —ejerciendo así la potestad exclusiva del Poder Legislativo— y es quien —junto con el Senado— tiene la potestad de elegir a los 20 vocales del CGPJ —el órgano de gobierno del tercero de los poderes; el Poder Judicial—. La única de las grandes instituciones estatales que no tiene ninguna legitimidad democrática y cuya existencia procede directamente de la decisión unipersonal del dictador Francisco Franco es la jefatura del Estado, ostentada por el rey. Si exceptuamos esta anomalía antidemocrática proveniente de tiempos pretéritos, todo el resto del edificio constitucional obtiene su única legitimidad —de forma directa o de forma indirecta— a través de la decisión soberana de la ciudadanía española.

Al menos, esto es así en teoría. La práctica política en los países modernos responde a una complejidad mucho mayor que la enunciada en los textos constitucionales y se aleja —en ocasiones, de una manera excesiva— del principio democrático. En España, por ejemplo, mentir y manipular la realidad no es delito y esto es aprovechado por unas oligarquías a las que no ha votado nadie para adulterar las contiendas electorales mediante la utilización corrupta de los medios de comunicación de su propiedad. Cuando a esta operativa mediática contraria al juego limpio democrático se añade la colaboración espuria de uno o más jueces, que, retorciendo el derecho —muchas veces al borde de la prevaricación—, se dedican a abrir procesos sin pruebas o con pruebas falsas, a exagerar los tipos delictivos, a abrir investigaciones prospectivas o a imputar a líderes políticos contrarios a su ideología con el único objetivo de suministrar material difamatorio a los medios, entonces hablamos de ‘lawfare’; una práctica que se lleva produciendo en nuestro país desde hace décadas, pero que últimamente ha adquirido una dimensión pública mayor al aparecer el término en el acuerdo político entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Esta capacidad para alterar el proceso político de un país sin presentarse a las elecciones es obviamente contraria a la democracia y, por tanto, una grave amenaza para la misma.

Porque si el enorme poder de los directivos de los grandes medios de comunicación no emana de la soberanía popular, tampoco lo hace el poder de la mayoría de los jueces. Aunque los magistrados del Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de cada una de sus salas, o los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos por el CGPJ —obteniendo así una legitimidad democrática indirecta de tercer orden—, la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país no han sido votados por nadie. Esto no sería a priori un problema si se limitasen a aplicar el derecho de una forma profesional, imparcial, objetiva y alejada de intereses políticos particulares. Pero no es el caso. De hecho, cada vez más, el Poder Judicial español está entrando voluntariamente en política —dada su composición sociológica la inmensa mayor parte de las veces para favorecer los intereses de la derecha y la extrema derecha— y, además, lo hace de una forma crecientemente ostentosa.

Si el enorme poder de los directivos de los grandes medios de comunicación no emana de la soberanía popular, tampoco lo hace el poder de la mayoría de los jueces

En la última década, hemos visto la protección judicial de un buen número de dirigentes corruptos del PP gracias a la acción de jueces afines, una ofensiva judicial no homologable al derecho europeo contra el independentismo catalán, una operativa proto-golpista de ‘lawfare’ contra Podemos abriendo a los morados decenas de causas falsas que han acabado en nada, una cacería judicial de sesgo machista contra la Ley Sólo Sí es Sí y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero o, más recientemente, una serie de movimientos que constituyen prácticamente un alzamiento contra la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas. En los últimos meses, hemos asistido a comunicados y entrevistas en los medios de comunicación de todo tipo de operadores jurídicos —jueces, fiscales, miembros del CGPJ— manifestándose políticamente en contra de dicha Ley, hemos visto al Tribunal Supremo enviando fuentes anónimas a la prensa contra las decisiones del Tribunal Constitucional —anticipando el momento en el que dicho órgano tenga que decidir sobre la amnistía—, estos días sabíamos de una asociación de jueces que ha mandado al conjunto de la carrera judicial un manual de 68 páginas para bloquear de forma activa la aplicación de una ley —la de la amnistía— que, previsiblemente, será aprobada por el Poder Legislativo —recordemos, el único con legitimidad democrática directa—, y, por supuesto, hemos vuelto a comprobar una vez más para quién trabaja el juez García Castellón, quien ha decidido imputar de forma completamente extemporánea —y justo coincidiendo con los momentos más delicados de las negociaciones políticas— delitos de terrorismo no solamente a Carles Puigdemont sino incluso también a los organizadores de un concierto, que el magistrado —que debe la práctica totalidad de su carrera a decisiones de gobiernos del PP— dice ver relacionados con los líderes de Tsunami Democràtic.

Ante la gravísima realidad de los hechos, se produjo antes de ayer incluso el hecho inédito de que una alta dirigente del PSOE —Teresa Ribera— se atreviese a afirmar en una entrevista en la televisión la motivación política detrás de las decisiones de García Castellón. Aunque el PSOE no quiso apoyar de forma directa a Ribera, e incluso Moncloa envío fuentes matizando las palabras de la vicepresidenta, estamos ante un hecho inédito que se aparta de forma significativa del argumentario habitual del PSOE —e idéntico al del PP— en esta materia: «no existe ni un solo juez en España que actúe de forma deshonesta, absolutamente todos los jueces aplican el derecho sin inclinaciones políticas y criticar la actuación de cualquier juez es ir contra la sacrosanta separación de poderes». Como era de esperar, los poderes mediáticos de derechas se han empezado a romper la camisa ante las declaraciones de Ribera —no así la progresía mediática, que, en contra de lo que hacía cuando Podemos decía lo mismo, ha dado cierta cobertura al PSOE—, el PP ha anunciado que va a proteger a su juez mediante la denuncia de lo ocurrido ante las instituciones europeas y también ha saltado el CGPJ. El máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, que lleva ya más de cinco años con el mandato constitucional caducado debido al bloqueo sedicioso por parte del PP —con la indispensable colaboración de sus vocales afines— y que, por tanto, carece en este caso de legitimidad democrática ninguna, emitía antes de ayer un comunicado en el que manifestaba su más «profundo rechazo» a las palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno y denunciaba la «falta de lealtad institucional» que éstas suponen.

En realidad, es al contrario. Es una buena parte del Poder Judicial —sus magistrados, sus asociaciones, su órgano de gobierno— la que está intentando imponerse de forma autoritaria e ilegítima a las decisiones de los poderes políticos democráticos cuya legitimidad emana directamente de la voluntad popular, como son el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Parafraseando a aquellos que, en 2011, les decían a los manifestantes del 15M que, si querían cambiar las cosas, montasen un partido y se presentaran a las elecciones, habría que decir lo mismo a unos operadores judiciales cada vez más asalvajados: si ustedes quieren hacer crítica política, si quieren intervenir en los procesos electorales, en las negociaciones parlamentarias y en la aprobación de leyes, cuelguen ustedes las togas, inscriban el Partido Judicial en el Ministerio del Interior y nos vemos en las urnas. Mientras tanto, si los diputados y los ministros no pueden dictar sentencias, ustedes no pueden hacer política.