Editorial

El golpe ya está en marcha

Para evitarlo, es vital que todos los demócratas, en especial la izquierda más dócil, el PSOE y la progresía mediática, dejen de investir con el prestigio y la auctóritas de instituciones supuestamente imparciales y arbitrales a jueces y periodistas corruptos que no son si no operadores golpistas

Como ya veníamos advirtiendo en los últimos días, el bloque reaccionario —que no solamente está formado por sus brazos parlamentarios de PP y VOX, sino sobre todo y muy especialmente por sus brazos policiales, mediáticos y judiciales— ha decidido abrazar abiertamente el golpismo después de comprobar la imposibilidad aritmética de una investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados tras la expresión de la voluntad popular de los españoles y españolas en las urnas el pasado 23 de julio.

Cada día que pasa, las maniobras golpistas son más numerosas y más graves. Si hace unos días estábamos en la etapa de los pronunciamientos acerca del «fin del Estado de derecho» o directamente el «fin de la democracia» —entre los que ya se pueden contar los de los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial, los jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el sindicato ultraderechista de la Policía Nacional Jupol y sus homólogos de Jucil en la Guardia Civil y hoy podemos añadir el del obispo Munilla afirmando que la amnistía es «profundamente inmoral»—, si hace unos días asistíamos a los movimientos previos de tropas mediante la publicación adelantada de un informe de la Guardia Civil situando en el centro del caso de Tsunami Democràtic a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la imputación por terrorismo de 12 miembros de los así llamados Comités de Defensa de la República (CDR) por parte del juez García Castellón —previa filtración a la web de noticias falsas de Eduardo Inda OKdiario—, si hace unos días se escuchaba un inequívoco ruido de sables, ayer los sables salieron de la funda y el golpe se puso en marcha.

Ayer asistimos a un turbio asunto sobre el que todavía falta mucho por aclarar y que combina la detención del hijo del presidente del Tribunal Constitucional nombrado por el PSOE, Cándido Conde-Pumpido, acusado de agresión sexual a una mujer brasileña, con la filtración por parte del mismo tribunal al periódico derechista La Razón, tan solo unas horas después del hecho y antes siquiera de que las partes afectadas e incluso la Abogacía del Estado tuvieran acceso a la misma, de la inadmisión —firmada por el ex ministro de Justicia del PSOE, co-autor de la escala de penas de la Ley Sólo Sí es Sí junto al Ministerio de Igualdad y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo— del recurso presentado por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la condena impuesta por el Tribunal Supremo por una supuesta vulneración del derecho al honor del marido de María Sevilla cuando Montero pronunció, en 2022, una defensa genérica de las madres protectoras como Sevilla y en línea con la posición política mantenida por el conjunto del Gobierno de España. A esta extraña coincidencia de sucesos que tienen que ver, al mismo tiempo, con la posible composición del futuro gobierno de coalición y con el órgano de garantías que tendrá que decidir en su momento sobre la constitucionalidad de la futura ley de amnistía, se añade la que es la demostración más evidente por parte del grupo parlamentario judicial de su intención de intervenir ilegítimamente en el proceso democrático haciendo descarrilar la investidura. Nos referimos, por supuesto, a la decisión, ya firme, de García Castellón de imputar nada menos que por acciones terroristas a Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Si hace unos días se escuchaba un inequívoco ruido de sables, ayer los sables salieron de la funda y el golpe se puso en marcha

A todo esto, resulta indispensable añadir, como ya explicamos en un reciente editorial, el papel fundamental del brazo mediático del bloque reaccionario. Todas estas acciones policiales y judiciales no servirían prácticamente para nada —especialmente, si los procedimientos espurios, como muchas veces suele ocurrir, acaban en archivo— si no fueran amplificados hasta la extenuación por los cañones mediáticos de la derecha y la extrema derecha y no sólo. Evidentemente, todas las portadas en papel y digitales y todos los informativos de la televisión recogieron ayer los disparos al techo de la cámara baja del juez García Castellón, la mayor parte de las veces sin mencionar ni siquiera su nombre (es mucho mejor escribir «la Audiencia Nacional» o «el juez del caso Tsunami Democràtic» que recordar los apellidos de un juez corrupto que debe la totalidad de su carrera a decisiones políticas del PP y que dejó escapar del caso Kitchen a María Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy). Está amplificación mediática de la operativa por parte de los sectores reaccionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la judicatura, además de la publicación de innumerables columnas de opinión como la de Pedro J. Ramírez el pasado domingo, en la que comparaba a Pedro Sánchez con un asesino en serie, juegan un papel esencial: el de crear un ambiente de opinión proto-golpista que no solamente justifica que los cachorros de VOX, con Esperanza Aguirre a la cabeza, rodeen las sedes del PSOE con pancartas en las que se puede leer «golpe de estado ya» o «Pedro Sánchez al paredón». La creación de un ambiente social de alzamiento tiene también, y sobre todo, el objetivo de justificar las acciones de los diferentes aparatos no electos del Estado para subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones.

El golpe ya está en marcha y las consecuencias para el sistema democrático pueden ser gravísimas e irreversibles si consigue triunfar. Para evitarlo, es vital que todos los demócratas, en especial la izquierda más dócil y los diferentes sectores progresistas —con una especial responsabilidad del PSOE y de la progresía mediática—, dejen de investir con el prestigio y la auctóritas de instituciones supuestamente imparciales y arbitrales a jueces y periodistas corruptos que no son si no operadores golpistas. Si alguna vez pensaron que el discurso tibio y falso de que todos los jueces son intachables y únicamente se dedican a aplicar de forma automática y profesional el derecho y que señalar la corrupción periodística es «atacar la libertad de prensa», si alguna vez pensaron que el apaciguamiento y la confraternización con los elementos más antidemocráticos del bloque reaccionario era la receta adecuada para evitar un alzamiento, es evidente que, a la luz de los hechos, deben repasar sus premisas, rectificar y tomar las acciones pertinentes.