Editorial

Jupol y la APM: los brazos armados del golpismo

No asumir que ciertos sectores de la judicatura y de las FCSE son actores esenciales para la operativa política del bloque reaccionario no solamente supone un error de análisis de principiante, sino que además conduce a diseñar una estrategia de combate contra los golpistas ineficaz y desenfocada

En las últimas 72 horas, mientras el PSOE cerraba un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez y, en Bruselas, Carles Puigdemont se levantaba —temporalmente— de la mesa al parecer por discrepancias con los negociadores socialistas respecto del perímetro de la inminente ley de amnistía —según algunas fuentes periodísticas, Junts estaría reclamando la amnistía también para Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont y mano derecha del expresident; según otras fuentes, habría que añadir además a la lista los nombres de Laura Borrás y Gonzalo Boye—, mientras se hacía pública la cesión del PSOE para reducir en un 20% la deuda de la Generalitat de Catalunya con el Estado central así como el traspaso de Rodalies, mientras las negociaciones entre los partidos para hacer presidente a Sánchez se acleraban a un ritmo frenético, el bloque reaccionario también empezaba a jugar sus cartas.

En el espacio de apenas tres días, las maniobras golpistas se sucedían. El PP anunciaba que va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado obtenida gracias a un sistema electoral no proporcional para cambiar el reglamento de la cámara alta, tener más herramientas para hacer filibusterismo parlamentario y alargar de forma espuria la tramitación de la ley de amnistía. Ocho vocales elegidos por el PP hace casi una década y atrincherados hace un lustro en el caducado y absolutamente desprestigiado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) filtraban a los medios de comunicación su intención de aprobar una «declaración institucional» con lenguaje de alzamiento nacional. Al día siguiente, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitía un comunicado en el que hacía saber al pueblo español que sus togados miembros piensan que estamos ante «el principio del fin de la democracia». El sindicato ultraderechista de la Policía Nacional Jupol se expresaba también en términos muy similares y sus homólogos de Jucil en la Guardia Civil acusaban a Pedro Sánchez de «felonía». Ayer mismo nos amanecíamos con una filtración del juez Manuel García Castellón a la web de Eduardo Inda, OKdiario —conocida por difundir bulos de las cloacas y noticias falsas—, en la que el magistrado que garantizó la impunidad de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal en la causa de la operación Kitchen y que debe la práctica totalidad de su carrera como juez a las decisiones políticas del PP avanzaba su intención de sabotear el acuerdo sobre la amnistía mediante una acusación de terrorismo a los así llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Dicho y hecho, en el mediodía del día de ayer, la Audiencia Nacional informaba de que, efectivamente, esta acusación se ha materializaba. Por su parte, la asociación de extrema derecha Manos Limpias anunciaba por boca de su presidente Miguel Bernad —condenado a cuatro años de cárcel por corrupción en el caso Ausbanc— que presentaría ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito acusando al gobierno de España del delito de usurpación de atribuciones y pidiendo la paralización cautelar de una ley de amnistía que todavía no existe. Por último —aunque seguramente en las próximas horas tendremos que ampliar la lista—, la Guardia Civil ha publicado tres semanas antes de lo previsto un informe sobre la plataforma Tsunami Democràtic en el que acusa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de jugar un papel central en los sucesos que juzga ¿adivinan quién? el juez Manuel García Castellón.

Mientras las negociaciones entre los partidos para hacer presidente a Sánchez se acleraban a un ritmo frenético, el bloque reaccionario también empezaba a jugar sus cartas

Para cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona la política en España —incluido cualquier observador informado de derechas—, es evidente que todos estos movimientos de tropas, algunas armadas con pistolas y otras con puñetas, no son otra cosa que el ruido de sables que anticipa una asonada golpista. Como hemos repetido en numerosas ocasiones en Diario Red, resulta profundamente inocente —y un suicidio estratégico para la izquierda— actuar como si los principales actores políticos de la derecha fueran sus partidos PP y VOX. No asumir que determinados sectores de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son actores esenciales para la operativa política del bloque reaccionario —muchas veces, de hecho, más poderosos que sus brazos parlamentarios— no solamente supone un error de análisis de principiante, sino que además conduce a diseñar una estrategia de combate contra los golpistas absolutamente ineficaz y desenfocada.

Dicho esto, el análisis y el diseño estratégico estarían igualmente cojos si no hablásemos del brazo mediático de la operativa reaccionaria. Porque, más allá de la acción judicial, que puede llevar en algunos casos a condenas materiales, incluso aunque no haya ningún tipo de prueba y estirando como un chicle el estado de derecho, es fundamental entender que el principal objetivo de todas estas maniobras es la creación de un estado de opinión proto-golpista en una amplia capa de la población —y también en los diferentes aparatos del Estado— que permita llevar a cabo acciones más definitivas con la correspondiente justificación social (o, por lo menos, con una inacción derivada del miedo). Bien lo pudieron comprobar los socialistas en la tarde de ayer durante las concentraciones intimidatorias que tuvieron lugar en torno a varias de sus sedes.

Y es absolutamente obvio que eso —esa generación de un ambiente de opinión golpista— no se puede hacer sin el concurso de los medios de comunicación. Estamos hablando, por supuesto, de los medios de la derecha y la extrema derecha, que propagan y amplifican con denuedo todos estos pronunciamientos. Pero también estamos hablando, lamentablemente, de los medios de la progresía; los cuales, si bien se permiten dar el paso de señalar a los sectores reaccionarios de los brazos judicial y policial, rara vez informan sobre la operativa golpista de la derecha mediática, sin la cual el conjunto de la operación sería inviable.

Por supuesto que la APM, el CGPJ, García Castellón, Jupol y Jucil, son los comandos armados y togados del golpismo. Pero, si la progresía mediática sigue aceptando la omertà corporativa del «perro no come perro» y sigue evitando señalar a OKdiario, El Español, el ABC, La Razón, Antena 3, Telecinco o La Sexta —dirigida supuestamente a un público progresista pero controlada por dueños de derechas— como los indispensables comandos mediáticos que hacen posible y efectiva la operativa de los demás, entonces va a resultar imposible parar el golpe.

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