Editorial

El grupo parlamentario judicial quiere tumbar la amnistía

Lo que nos recuerda la descarada filtración de los vocales derechistas del CGPJ es que ningún demócrata debería cometer el error que comete permanentemente el PSOE y una parte de la izquierda al dibujar como los principales —y a veces únicos— actores políticos de las derechas a sus comandos partidistas y parlamentarios de PP y VOX

En el borrador de declaración institucional que ha sido filtrado a los medios de comunicación, se alerta de que lo que va a ocurrir va a «degradar y convertir el Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal». Se expresa también una «intensa preocupación y desolación» por lo que el asunto «supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España», que «pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».

Perfectamente todo esto podría argumentarse acerca de la operativa golpista por parte del PP en coordinación con los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que llevan atrincherados en el órgano casi cinco años de forma ilegítima y con el mandato caducado. Porque, ¿no supone acaso una «degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España» que el PP y la mayoría conservadora del CGPJ lleven casi cinco años utilizando como papel higiénico el artículo 122.4 de la Constitución Española que fijaba el día 3 de diciembre de 2018 como el último día de su mandato? ¿No pasa el Estado de Derecho a ser «una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España» cuando el principal partido de la derecha y sus vocales en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial se limpian sus partes nobles con las páginas de la Carta Magna durante casi 1800 días con total impunidad? Teniendo en cuenta que el salario de los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ es de más de 10.000€ al mes, ¿no se puede predicar del comportamiento sedicioso que conduce a mantener esos puestos cinco años después de vencido el mandato constitucional que ello «degrada y convierte el Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal»?

Todas estas preguntas son puramente retóricas ya que su respuesta es obviamente afirmativa. Pero el borrador de declaración institucional que ha sido filtrado a los medios de comunicación y del cual hemos extraído estas frases entrecomilladas no es el de alguna asociación de jueces demócratas refiriéndose a los vocales okupas del CGPJ. No. Es, por el contrario, un texto escrito por dichos vocales refiriéndose a la posibilidad de que se pueda aprobar de una forma perfectamente legal y democrática una Ley Orgánica en el Congreso de los Diputados elegido el pasado 23 de junio por el pueblo español en las urnas.

El grupo parlamentario judicial quiere tumbar la amnistía, claro, pero —en una mediocracia como la nuestra— no podría hacerlo sin la ayuda del grupo parlamentario mediático

La desvergüenza que esto revela no debe, sin embargo, hacernos olvidar el significado político profundo detrás del hecho.

En primer lugar, la absoluta falta de escrúpulos que supone que unos señores que llevan un lustro usurpando ilegítimamente uno de los órganos más importantes de nuestro sistema constitucional se atrevan a impartir lecciones de «Estado de Derecho» a los demás es algo que va más allá de la miseria humana de los abajofirmantes concretos. Que se permitan a sí mismos hacer eso significa que conocen perfectamente las condiciones de impunidad en las que están operando. Los 10 vocales reaccionarios del CGPJ saben que no están actuando como personas individuales sino como parte de un bloque político y social que les va a garantizar —en cualquier caso y pase lo que pase— altas responsabilidades, cuantiosos ingresos, jubilaciones doradas, condecoraciones y medallas.

En segundo lugar y todavía más importante, lo que nos recuerda el descarado borrador de declaración institucional de los vocales derechistas del CGPJ es que ningún demócrata debería cometer el error que comete permanentemente el PSOE y una parte de la izquierda al dibujar como los principales —y a veces únicos— actores políticos de las derechas a sus comandos partidistas y parlamentarios de PP y VOX. Cualquiera que pretenda de verdad defender un sistema de organización social basado en el principio democrático, tiene que tener presente en todo momento que el bloque reaccionario es mucho más que sus diputados y senadores. Como demostró el golpe que dio por primera vez desde la recuperación de la democracia el anterior Tribunal Constitucional al paralizar una votación en el Senado en la legislatura anterior, el comando jurídico de las derechas es una actor político muchas veces más poderoso que los grupos parlamentarios de la cámara alta y de la cámara baja. Como demostró el asesinato político de Pablo Casado en apenas 72 horas cuando las portadas de la derecha mediática bajaron el pulgar, el comando mediático del bloque reaccionario no solamente es un actor político relevante sino que posiblemente es el más poderoso de todos.

El texto de los vocales conservadores contra una ley de amnistía que ni siquiera conocen nos recuerda, por enésima vez, que uno de los principales activos políticos de las derechas se encuentra en el sector más reaccionario del Poder Judicial. Que haya sido, además, filtrado a los medios de comunicación antes de que tenga lugar el supuesto pleno extraordinario del CGPJ en el que debería debatirse y aprobarse revela asimismo que no estamos hablando en ningún caso de un texto jurídico sino de un objeto comunicativo que tiene como principal objetivo la creación de un estado de opinión que podríamos definir como proto-golpista de cara a intervenir de esta forma —mediante las televisiones, las radios y las portadas de periódico; y no de otra forma— en la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. El grupo parlamentario judicial quiere tumbar la amnistía, claro, pero —en una mediocracia como la nuestra— no podría hacerlo sin la ayuda del grupo parlamentario mediático.

Todo esto es evidente y cualquier observador mínimamente imparcial lo sabe. Por eso, el PSOE y una parte de la izquierda cometen un grave error estratégico al situar al margen de la batalla política a los comandos judicial y mediático del bloque reaccionario. Los líderes del PP y de VOX son perfectamente sustituibles —incluso sus propios partidos lo son—, pero lo que perdurará en el tiempo cuando ellos ya no estén, la verdadera amenaza estructural al sistema democrático, son los sectores oligárquicos que controlan las grandes palancas económicas, los grandes cañones mediáticos y los aparatos no electos del Estado. Los 10 vocales caducados del CGPJ y su filtración contra la mayoría democrática emanada de las elecciones del 23 de julio no son si no el último recordatorio de una larga lista.