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Felipe VI saluda a su salida de la apertura del año judicial 2023/2024

Alberto Ortega / Europa Press

No tienen la calle, pero tienen los medios y los jueces

Lo de menos es cuántas personas consigan movilizar. Para la estrategia golpista, poco importa que no tengan los votos, los escaños o las calles. Para la estrategia golpista, lo importante es que tienen los medios de comunicación y los jueces


La manifestación de ayer domingo en Barcelona convocada por la derecha y la extrema derecha contra la amnistía ha sido un fracaso. A pesar del enorme esfuerzo logístico que han llevado a cabo no solamente los convocantes formales, Societat Civil Catalana, sino también el PP, VOX y la totalidad de la derecha mediática —en los ratos libres que les dejaba la amplia cobertura laudatoria de la jura de bandera de la princesa de Asturias—, la manifestación apenas ha convocado a 50.000 personas; 30.000 personas menos que las que consiguieron reunir en 2019 por un motivo muy similar y menos de la mitad que reunió en el mismo lugar y hace un mes una Diada que se cuenta entre las menos concurridas de la última década.

Esta poca capacidad de movilización, que además depende de la asistencia de los elementos más extremistas del espacio sociológico de la derecha —se vieron en Barcelona pancartas representando a Pedro Sánchez como Adolf Hitler o acusando a Felipe VI de ser cómplice de los golpistas por haber propuesto al candidato del PSOE para la votación de investidura—, podría llevarnos a subestimar, incluso a ridiculizar, las posibilidades que tiene el bloque reaccionario de impedir que Sánchez sea presidente, o de estrangular rápidamente la legislatura en el caso de que el socialista supere la votación en el Congreso. Esto sería, sin embargo, un error.

Independientemente de los números y de lo pintoresco de los asistentes, la manifestación de ayer y también la que tuvo lugar hace unos días en Madrid lo que demuestran —como ya hemos explicado en Diario Red— es la voluntad firme del conjunto del bloque de las derechas de apostar por la estrategia golpista una vez que han perdido las elecciones. Como ha quedado patente en los últimos años con la financiación ilegal de sus campañas electorales, la utilización de las cloacas del Estado para perseguir a sus adversarios políticos, la apertura de decenas de procesos judiciales falsos para alimentar horas y horas de tertulias difamatorias o la movilización de determinados sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al principio de la pandemia para intentar derribar al gobierno, si algo caracteriza al bloque reaccionario en España —y en el conjunto del planeta— es su absoluto desprecio por la democracia. Solamente respetan el resultado de las urnas si ganan ellos y, si esto no ocurre, abrazan todas las formas de golpismo moderno a su alcance para intentar recuperar el poder institucional.

Y, en ese camino, lo de menos es cuántas personas consigan movilizar en la calle. De hecho, es también bastante poco importante cuántos diputados tengan en el Congreso o qué personas concretas están al frente de los partidos de la derecha y la extrema derecha parlamentarias —ya hemos visto con Pablo Casado que pueden asesinar políticamente a uno y colocar a su relevo en cuestión de horas si hace falta. Para la estrategia golpista, poco importa que no tengan los votos, los escaños o las calles. Para la estrategia golpista, lo importante es que tienen los medios de comunicación y los jueces.

Los nombres de Marchena y Llarena son protagonistas de no pocas crónicas en clave de aviso, amenaza y desiderátum

De hecho, basta leer el domingo —cuando está siendo escrito este editorial— la prensa digital de derechas de Madrid para darse cuenta de dos cosas: que todas sus portadas en papel del lunes van a hablar de un éxito absoluto en Barcelona independientemente de las cifras aportadas por la Guardia Urbana y que los operadores judiciales llevan desde el día 24 de julio conspirando para intentar abortar bien la investidura de Sánchez bien la legislatura. Son abundantes los análisis que hablan de la posibilidad de un tamayazo en el Tribunal Constitucional —es decir, que los magistrados supuestamente progresistas tumben la ley de amnistía— y también de que el órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, pueda sabotear la operación mediante otras vías. Los nombres de Marchena y Llarena son protagonistas de no pocas crónicas en clave de aviso, amenaza y desiderátum.

El bloque progresista y de izquierdas sería muy inocente si no prestase atención a estos movimientos y no se tomarse en serio la naturaleza golpista del bloque reaccionario. Es evidente que las asonadas más graves todavía están por llegar y la única duda es cuántas líneas rojas van a cruzar. Apuntaba en las redes sociales el profesor de derecho constitucional Joaquín Urías que no es un hecho menor que la Casa Real Haya decidido que la heredera al trono jure primero la bandera —prometiendo dar la vida por España como símbolo de su unidad— y, solamente después, el próximo 31 de octubre, la Constitución.


Madrid –

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