Manifestación contra el gobierno en mayo de 2020
Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
Tras la investidura fallida, la derecha retoma el golpismo
Para entender lo que va a ocurrir en España en los próximos meses hay que tener muy presentes dos hechos políticos fundamentales: que las derechas son mucho más que sus brazos parlamentarios y que ese bloque reaccionario no es demócrata
“La amnistía es un ataque, una agresión de la que el pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes lloriqueando”, cerraba su intervención Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso.
“Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcón”, escribía el pasado viernes en X (antes Twitter), Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP y una de las personas más cercanas a Feijóo, para justificar el acoso de un neonazi a Óscar Puente en el AVE Valladolid-Madrid.
“Todas las organizaciones y plataformas representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han unido sus fuerzas para plantarle cara al Gobierno de Pedro Sánchez”, publicaba en la misma red social la AUGC —una asociación de la guardia civil que alguna vez fue progresista— citando una noticia de la web ultraderechista de Eduardo Inda.
“Los españoles (ciudadanos, jueces, fiscales, asociaciones, etc.) que están en contra de que se borren los delitos cometidos por Puigdemont, y tantos independentistas, para que Sánchez siga en el poder deben hablar y ser escuchados. En artículos, en entrevistas, en coloquios o en manifestaciones. Donde sea posible”, decía Isabel Díaz Ayuso este mismo domingo en el periódico propiedad de Atresmedia, La Razón.
“Para mí el gran problema es si la amnistía política de la que hablamos es un tema de interés general. A priori, la respuesta necesariamente es negativa”, decía hace una semana Vicente Guilarte, presidente del caducado CGPJ, en una entrevista al periódico El Mundo.
Este mismo fin de semana, podíamos encontrar diferentes análisis en los digitales de la derecha mediática afirmando bien que Felipe VI quizás no debería proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura (forzando así el Borbón una repetición electoral), o que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o ambos podrían desbaratar la amnistía llegando a “estrangular la legislatura” (usando la colorida expresión de Enric Juliana), o que Feijóo se va a encomendar a partir de ahora a una estrategia de oposición dura con el objetivo de que el gobierno progresista —si lo hay— dure, como mucho, un par de años; es decir, con el objetivo de tumbar el gobierno.
Para entender lo que va a ocurrir en España en los próximos meses hay que tener muy presentes dos hechos políticos fundamentales: que la derecha y la extrema derecha son mucho más que sus brazos parlamentarios —son, sobre todo, la mayoría de los medios de comunicación con sede en Madrid y los sectores más reaccionarios de la judicatura, la iglesia, el ejército y las fuerzas de seguridad; todos ellos liderados moralmente por el rey— y que ese bloque reaccionario no es demócrata. Que solamente aceptan el resultado de las urnas cuando ganan ellos, asumiendo una estrategia golpista en caso contrario.
Como ha ocurrido siempre, participarán de la ofensiva golpista la mayoría de los poderes mediáticos, los sectores más reaccionarios de la judicatura, del ejército y de las fuerzas de seguridad y está por ver si Felipe VI se atreve a hacer algo parecido a lo que hizo el 3 de octubre de 2017
Lo vimos durante los primeros años del gobierno de coalición —antes del asesinato político de Pablo Casado— con las caceroladas cayetanas en el barrio de Salamanca, con el intento de Pérez de los Cobos de encarcelar a miembros del gobierno a causa del bulo del 8M en relación a la pandemia, con el grupo de militares retirados que querían organizar un alzamiento al tiempo que “fusilar a 23 millones de españoles”, con el hostigamiento fascista sostenido durante meses en la vivienda particular del vicepresidente del gobierno y la ministra de Igualdad, con el cerco al Congreso por parte de determinados sindicatos policiales de extrema derecha, o con las acciones de lawfare por parte de jueces corruptos como García Castellón o Escalonilla, entre otros.
Lo vimos también antes de la formación del gobierno de coalición, cuando el bloque reaccionario entendía perfectamente que el camino hacia una gobernabilidad no bipartidista pasaba por Podemos y, por eso, dirigieron la proa de las cloacas del Estado hacia la formación morada y fabricaron una variedad de informes falsos sobre su financiación que, luego, la práctica totalidad de los medios de comunicación hacían pasar por “noticias” difamatorias. Los audios de Ferreras con Villarejo, admitiendo que, aunque era “demasiado burdo”, él “iba con ello”, es quizás el ejemplo más violento de esta otra variedad de práctica golpista.
Lo hemos visto en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos años y lo volveremos a ver a partir de ahora. La derecha y la extrema derecha —con una operativa que las hace ya prácticamente indistinguibles la una de la otra— van a hacer todo lo que esté en su mano, legal o ilegal, primero para intentar dinamitar las posibilidades de que Pedro Sánchez sea investido presidente y después, si no lo consiguen, para tumbar el gobierno que se forme.
Como ha ocurrido siempre, participarán de la ofensiva golpista la mayoría de los poderes mediáticos, los sectores más reaccionarios de la judicatura, del ejército y de las fuerzas de seguridad y está por ver si Felipe VI se atreve a hacer algo parecido a lo que hizo el 3 de octubre de 2017. En este contexto, lo más estúpido que pueden hacer las izquierdas —y también el PSOE— es renunciar a nombrar explícitamente a los verdaderos actores políticos detrás de toda la operación y venderle a la ciudadanía la ficción naïf de que las derechas empiezan y se acaban en Feijóo y Abascal; en el PP y VOX.
Si de verdad queremos frustrar el golpe, más vale que todo el mundo tenga claro quiénes son los que lo van a dar.
Madrid –
