El juez Juan José Escalonilla (en el centro). A pesar de ser un protagonista mediático de primer nivel, no existen fotos de su cara

El juez Escalonilla ha conseguido su objetivo

Si Yolanda Díaz se ha podido permitir vetar a Irene Montero de las listas electorales, si Pedro Sánchez se ha podido permitir expulsar a Podemos del Gobierno, es porque calculan que existe una opinión pública que les permite tomar una decisión como esa sin pagar un alto coste político


Coincidiendo con la expulsión oficial de Podemos del Gobierno, los primeros días de esta semana conocíamos los últimos coletazos de la larguísima causa abierta durante casi cuatro años por el juez Juan José Escalonilla contra el partido morado, varios de sus dirigentes y algunos de sus trabajadores. El último informe sobre la pieza conocida mediáticamente como «caso Neurona» certifica que Podemos no solo contrató a la consultora de forma perfectamente legal —algo que estaba ya completamente fuera de toda duda— sino que además lo hizo a precio de mercado. Si la refutación de la última insidia lanzada por Escalonilla contra Podemos y la posibilidad del archivo definitivo de toda la causa llega justo cuando se confirma que los morados han dejado de formar parte del Ejecutivo, «casualmente» —debería existir un tipo especial de comillas para este caso— el larguísimo procedimiento arrancó justo cuando Podemos entraba oficialmente en el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, en enero de 2020.

Por aquellas fechas, un abogado que había sido trabajador del partido que había sido despedido tras hallar indicios de un presunto acoso sexual a una compañera, José Manuel Calvente, se acercaba a un destacamento de la Guardia Civil a varias decenas de kilómetros de su casa en Catalunya —quizás porque conocía la existencia en ese destacamento de agentes que habían sido muy beligerantes contra los implicados en el procés— y llevaba a cabo acusaciones gravísimas contra Podemos sin presentar absolutamente ninguna prueba; acusaciones que él mismo unos meses más tarde calificaría como mera «rumorología» en sede judicial. Cuando el expediente es trasladado a Madrid, donde supuestamente se habrían cometido los hechos, y cae en manos del juez Escalonilla, en vez de hacer lo que debe hacer cualquier magistrado cuando recibe acusaciones sin pruebas —que es, obviamente, no admitir a trámite—, Escalonilla se lanza a lo que se conoce en el argot jurídico como una «investigación prospectiva» o también «expedición de pesca»; una actividad altamente irregular y cuasi-delictiva que consiste en recabar datos y documentación privada de personas y organizaciones para intentar encontrar pruebas de delitos sin que haya ningún indicio de que éstos se puedan haber cometido. A pesar de no tener en su mano prueba alguna de que haya tenido lugar ninguna irregularidad, Escalonilla empieza a abrir de forma sucesiva diferentes piezas de la investigación con un contenido especialmente adaptado para lanzar sobre Podemos la acusación difamatoria de que habría llevado a cabo actividades corruptas similares a las del PP. Así, y apoyándose en los rumores falsos fabricados por Calvente, Escalonilla se inventa que Podemos habría mantenido una «caja B», se inventa que alguno de sus trabajadores habrían cobrado «sobresueldos», se inventa una supuesta irregularidad en las obras de su sede, se inventa una supuesta desviación de fondos públicos con el aberrante «caso niñera» y, por último, se inventa que la contratación de la consultora Neurona para la campaña de 2019 habría sido una simulación con el objetivo de cobrar «comisiones».

Como era evidente desde el principio y como se ha comprobado a lo largo de todos estos años, todas estas acusaciones difamatorias eran falsas y Escalonilla, a pesar de su evidente activismo, no ha tenido más remedio que irlas archivando sucesivamente para no cometer flagrante prevaricación

Como era evidente desde el principio y como se ha comprobado a lo largo de todos estos años —a pesar de haber sometido a Podemos, a sus dirigentes y a sus trabajadores a un escrutinio al que nunca la justicia había sometido a ningún partido político, quizás con la excepción del independentismo catalán—, todas estas acusaciones difamatorias eran falsas y Escalonilla, a pesar de su evidente activismo, no ha tenido más remedio que irlas archivando sucesivamente para no cometer flagrante prevaricación. Sin embargo, y esto es lo más importante que hay que entender sobre el lawfare —es decir, sobre la utilización espuria de la justicia para perseguir a los adversarios políticos del bloque de poder—, lo de menos es que los procesos judiciales acaben en nada. Obviamente, los reaccionarios y sus jueces activistas hacen todo lo posible para obtener una condena —y, a veces, lo consiguen, como por ejemplo en el caso de Isa Serra—, pero ese no es ni siquiera su objetivo principal. Dado que el objetivo del lawfare es acabar políticamente con determinados partidos y personas, solamente necesita que sus procesos fake sirvan para alimentar horas y horas de informativos y de tertulias y que decenas de periodistas corruptos tengan material para llevar a cabo una actividad difamatoria y de destrucción reputacional que es muy efectiva a la hora de inocular falsedades en la opinión pública y así alterar de forma golpista el proceso electoral, la aprobación de leyes o la conformación de gobiernos. El juez Escalonilla no serviría políticamente para nada —y, de hecho, ni siquiera se habría tomado el trabajo de estar casi cuatro años inventando bulos—, si no existiese el oligopolio mediático en España. El procedimiento espurio contra Podemos no tendría ninguna efectividad si no fuese por Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Antonio García Ferreras, Eduardo Inda y la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles —incluidos los de la progresía mediática—, que se han dedicado durante todos estos años a propagar de forma corrupta las mentiras fabricadas por el juez.

Por eso, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que el juez Escalonilla ha cumplido el objetivo que se marcó allá por enero de 2020 cuando se formaba el primer gobierno de coalición. Si Yolanda Díaz se ha podido permitir vetar a Irene Montero de las listas electorales, si Pedro Sánchez se ha podido permitir expulsar a Podemos del Gobierno, es porque han calculado —sea esto un análisis correcto o no— que existe una opinión pública que les permite tomar una decisión como esa sin pagar un alto coste político, y el lawfare practicado por Escalonilla y brutalmente amplificado por el poder mediático ha sido sin duda un factor fundamental en la conformación de esa opinión pública. Ahora, con Podemos fuera del Gobierno, con el objetivo cumplido, la infame macrocausa se archivará y los periodistas corruptos tendrán el descaro de decir que «la justicia funciona».


Madrid –

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