Editorial

El PSOE ya tiene la Moncloa

La reiterada filtración por parte del PSOE a los medios de comunicación es enteramente verosímil. Perfectamente Pedro Sánchez podría estar pensando en mantenerse en la Moncloa aún siendo incapaz de aprobar reformas legislativas o presupuestos en el Congreso

El pasado 16 de noviembre de 2023, hace ahora algo más de tres meses, se producía en España la mayor transferencia de poder político después de la que llevan a cabo los ciudadanos y ciudadanas en las urnas: la investidura de un presidente del Gobierno. En una democracia —incluso en una democracia muy imperfecta como la española—, todo el poder político debe emanar del pueblo. Tanto es así, que los defensores más acérrimos de la principal institución no democrática del país, la monarquía, muchas veces recuerdan que la Constitución se votó en referéndum para justificar que Felipe VI esté donde está. De esta manera y como es habitual en los sistemas no presidencialistas, la principal transferencia de poder político se produce del conjunto de la ciudadanía con derecho a voto al Congreso de los Diputados durante el día en el que se celebran las elecciones generales. Esto configura la cámara baja, que no solamente es el poder legislativo, sino, también y sobre todo, la sede de la soberanía popular; esto es, donde llevan a cabo su función política aquellos representantes públicos que han sido elegidos directamente mediante el voto. Pero este no es el fin de la historia. Como bien comprobamos en la segunda mitad del año pasado, la legislatura no arranca cuando se constituyen las Cortes Generales —el pasado 17 de agosto después de las elecciones del 23 de julio—, sino cuando se produce la investidura exitosa de un presidente del Gobierno. Si esto no ocurre antes de que hayan pasado dos meses desde el primer intento de investidura, la Constitución obliga a disolver automáticamente las cámaras y a repetir las elecciones. Esto es lo que ocurrió en la primera mitad de 2016 y también en la segunda mitad de 2019 después de las elecciones del 28 de abril de aquel año. Por el contrario, cuando se produce una votación exitosa de investidura —por una mayoría simple de más votos a favor que votos en contra—, se produce la segunda transferencia de poder político por orden de importancia en un sistema parlamentario: la que se da del Congreso a la persona que encabeza el poder ejecutivo. Además, como en nuestro sistema constitucional las mociones de censura son constructivas —es decir, se debe investir a un candidato alternativo—, la investidura de un presidente del Gobierno supone la consolidación de una posición fortificada en los términos descritos en el editorial de ayer. Es decir, una posición política que, una vez alcanzada, protege de una forma muy significativa a su ocupante frente al desalojo. Casi la única manera efectiva de que un presidente del Gobierno deje de serlo antes de que se cumplan los cuatro años prescriptivos de legislatura es que él mismo así lo decida mediante la activación del artículo 115 de la Constitución, como hizo el propio Pedro Sánchez el pasado 29 de mayo después de conocer los resultados de las elecciones municipales y autonómicas.

Este hecho constitutivo no solamente es clave para entender el funcionamiento de nuestro sistema político, sino que, además, nos permite también desentrañar las razones que hay detrás de un mensaje que ya venía filtrando el PSOE a los medios de comunicación antes de las elecciones gallegas y que ahora está volviendo a emitir mediante fuentes autorizadas: que Pedro Sánchez está dispuesto a seguir gobernando aunque no pueda alcanzar un acuerdo con Junts.

Como en nuestro sistema constitucional las mociones de censura son constructivas —es decir, se debe investir a un candidato alternativo—, la investidura de un presidente del Gobierno supone la consolidación de una posición fortificada en los términos descritos en el editorial de ayer

A priori, podría parecer que tal afirmación no respeta el principio de realidad. Al fin y al cabo, ya todo el mundo sabe que los siete escaños de los de Puigdemont son imprescindibles para aprobar cualquier texto legislativo en el Congreso. Si dejamos al margen el Real Decreto-ley de Trabajo que contenía un recorte a las pensiones de los parados mayores de 52 años y que, precisamente por ello, fue rechazado con el voto en contra de las diputadas de Podemos, los otros dos Reales Decretos-ley que sometió el Gobierno a la convalidación del Congreso aquel día solamente pudieron ser aprobados porque Junts aceptó abstenerse; y, aún en ese caso, tan solo fueron aprobados por un voto de diferencia. En cualquier votación en la que Junts decida votar en contra de una propuesta del Gobierno, sus 7 escaños sumarían 178 con los de PP, VOX y UPN y la norma no podría prosperar. Es por ello que, a primera vista, parecería que Pedro Sánchez no podría gobernar sin el concurso de Junts, puesto que eso significaría no contar con mayoría parlamentaria y no poder, así, aprobar ningún texto legislativo.

Sin embargo, no solamente se da el hecho de que la posición de la presidencia del Gobierno es una posición fortificada en nuestro sistema constitucional. Además, también ocurre que la capacidad de acción política del poder ejecutivo —del Gobierno— es muy grande y, de hecho, muchísimo mayor que la del poder legislativo, incluso aunque no cuente con la capacidad de ganar votaciones en el Congreso. Es verdad que un Gobierno en minoría no podría llevar a cabo reformas profundas ni tampoco aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, pero estos últimos pueden prorrogarse y la acción no legislativa del conjunto de los ministerios puede seguir desarrollándose sin mayor problema. De hecho, esto es exactamente lo que hizo Mariano Rajoy durante los casi dos años de su segunda presidencia, desde que fuera investido el 29 de octubre de 2016 hasta que fuera desalojado de la Moncloa mediante moción de censura el 1 de junio de 2018. No solamente se puede gobernar —con ciertas limitaciones, pero menos de las que cabría imaginar— en condiciones de minoría parlamentaria, sino que, además, se retiene en ese caso una de las capacidades del Gobierno que son más importantes para los partidos políticos: el nombramiento de altos cargos y cargos de confianza.

Es por ello que la reiterada filtración por parte del PSOE a los medios de comunicación es enteramente verosímil. Perfectamente Pedro Sánchez podría estar pensando en mantenerse en la Moncloa aún siendo incapaz de aprobar reformas legislativas o presupuestos en el Congreso. Aunque esa operativa seguramente conllevaría un desgaste político, la posición que tiene ahora Sánchez está fortificada y solamente él tiene en su poder el botón que abre las puertas del castillo. De hecho, y aunque, a nuestro juicio, resulta una hipótesis improbable, también es aritmética y constitucionalmente posible que el PSOE agote la legislatura en la Moncloa aprobando las leyes en el Congreso mediante acuerdos con el PP (o, al menos, algunas leyes). En cualquiera de los casos, es un hecho incontrovertible que Pedro Sánchez tiene en estos momentos en su mano continuar al frente del Gobierno hasta el verano de 2027 si así lo desea y eso es algo que hay que tener en cuenta en cualquier análisis. Los adversarios del presidente también lo saben y, por eso, han retomado con fuerzas renovadas después del resultado de las elecciones gallegas el único camino que —quizás— podría conseguir arrancar a Sánchez de su posición fortificada: un levantamiento interno en su partido que lo expulse de la secretaría general. No parece que sus adversarios en el PSOE tengan ahora mismo la fuerza que tenían en 2016, cuando consiguieron hacer exactamente esto, pero no es descartable que pretendan intentarlo y, de hecho, algunas piezas se están empezando a mover.