Editorial

El segundo recorte social del Gobierno de Sánchez

A pesar de que el balance de las medidas aprobadas en el último Real Decreto-ley es el de un recorte social neto, la dialéctica desplegada por el PSOE ha permitido a ambos partidos de la actual coalición vender lo hecho como un avance

Si la semana pasada, con motivo de la modificación del subsidio de desempleo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, omitía mencionar en la rueda de prensa de Moncloa el recorte en la cotización que aporta el Estado por los perceptores de más de 52 años —y, por tanto, el recorte en sus pensiones futuras— y teníamos que descubrirlo al día siguiente publicado en el BOE junto con otras modificaciones lesivas para las personas en situación de precariedad, como la eliminación de la Renta Activa de Inserción, esta vez y con motivo del último Consejo de Ministros del año los recortes se han anunciado en abierto.

Ha sido el propio Pedro Sánchez el que comparecía ayer al mediodía en rueda de prensa para desgranar los detalles del Real Decreto-ley que afecta a lo que se ha dado en llamar el «escudo social»; un ambicioso paquete de medidas que se pusieron en marcha por parte del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, algunas para proteger a la ciudadanía frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 y otras para hacer lo propio con las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Como ha explicado el presidente, la mayoría de estas medidas se prorrogan durante todo el año 2024. Las protecciones que no cambian —y que, por lo tanto, no suponen ni una mejora ni un perjuicio al bolsillo de las familias— son las rebajas en el transporte público, la eliminación del IVA en un conjunto de alimentos básicos o las rebajas incrementadas en el bono social eléctrico. También se mantienen en pie la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y la previsión de los cortes de suministros básicos. En ninguno de estos apartados se va a ver afectado el bolsillo de la gente trabajadora respecto de la situación actual. Pero lo que sí cambia el Real Decreto-ley aprobado por el ejecutivo es, por un lado, el impuesto extraordinario a las empresas energéticas —que se ve reducido mediante la habilitación de desgravaciones relacionadas con la inversión en energías renovables— y, por otro lado, los impuestos que afectan a la factura de la luz y del gas. En este caso, se aprueba el aumento gradual de los mismos sin llegar inmediatamente a las tasas previas al escudo social pero incrementándolos significativamente en el corto plazo. Así, el IVA de la factura de la luz, que estaba en el 21% antes de la crisis energética y que se rebajó al 5%, se subirá ahora al 10% en 2024 con la perspectiva de volver a alcanzar el 21% en 2025 y algo similar ocurrirá con el gas. Por su parte, el Impuesto Especial de la Electricidad, que estaba en el 5,11% y se bajó hasta el 0,5%, se aumentará hasta el 3,8% en el segundo trimestre del año, con la perspectiva de recuperarlo completamente en la segunda mitad del mismo. Por último, el impuesto sobre la producción eléctrica, que estaba en el 7% y se bajó hasta el 0%, se incrementará hasta el 5,25% en el segundo trimestre del año 2024, para recuperar su cuantía original a finales del mismo. De esta forma, miles de millones de euros que se estaban dejando de transferir cada año desde el bolsillo de las familias a las arcas del Estado serán recuperados por la administración pública, y además lo serán mediante impuestos indirectos que no tienen en cuenta la renta y que, por tanto, son regresivos. Mientras se bajan los impuestos a las grandes empresas energéticas, se aumentan los impuestos a la clase trabajadora; así de sencillo.

Mientras se bajan los impuestos a las grandes empresas energéticas, se aumentan los impuestos a la clase trabajadora; así de sencillo

A pesar de que el balance de las medidas aprobadas en el último Real Decreto-ley es el de un recorte social neto, la dialéctica desplegada por el PSOE ha permitido a ambos partidos de la actual coalición vender lo hecho como un avance. El mecanismo discursivo puesto en marcha para ello ha sido el siguiente. Aunque Podemos defendió, ya desde el momento de la implementación inicial de las medidas, que éstas tenían que ser permanentes y no temporales, el PSOE dejó claro desde el principio que tenían fecha de caducidad. Así, la aprobación de determinados avances sociales se establece como una dádiva graciable que puede acabar en cualquier momento y eso permite dibujar su prórroga —aunque ésta sea parcial— como algo positivo, cuando en realidad no lo es. «Dad gracias que somos progresistas y, por eso, no os hemos quitado todo de golpe», vendrían a decir PSOE y Sumar. De hecho, y a pesar de los recortes netos aprobados en plena Navidad, la comparecencia del presidente ha sido totalmente triunfalista a la hora de anunciarlos y la líder de Sumar ha hecho lo propio en la red social X, publicando un mensaje en el que se puede leer «En Sumar dijimos que no se podían retirar las ayudas a las familias y a las personas trabajadoras por el impacto de la crisis, y cumplimos.» Debajo del mismo, una infografía en la cual el aumento del IVA del 5% al 10% se verbaliza de la siguiente manera: «Se mantiene la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, que se sitúa ahora en el 10%, aún muy por debajo del 21% habitual.»

El problema de describir como una victoria la no eliminación de avances sociales, o incluso la aplicación de recortes que podrían haber sido incluso mayores, no solamente estriba en que se le está dando a la ciudadanía gato por liebre. El no decir claramente que la prórroga de las medidas conseguidas es lo mínimo que se debería hacer y que cualquier recorte social es inaceptable no solamente implica llevar a cabo una descripción falsaria de la realidad. Además, impide articular un discurso que ponga el foco en lo que todavía falta por hacer. ¿O es que no hace falta también congelar los alquileres o intervenir los márgenes empresariales en las grandes superficies del ámbito alimentario?