Editorial

¿España en guerra?

Si Pedro Sánchez y el PSOE decidiesen hurtar esta importante decisión al Congreso, estaríamos retrocediendo 20 años en términos democráticos en nuestra política de defensa a uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente

Desde 2014, Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, vive una guerra civil. De un lado, la facción que cuenta con la intervención militar directa —por tierra y por aire— de una coalición de varias monarquías del Golfo Pérsico lideradas por Arabia Saudí y con apoyo material efectivo de los EEUU; del otro, los hutíes, presuntamente apoyados por Irán o Eritrea. Hace algo más de un mes, los hutíes, que controlan la zona costera que da entrada al Mar Rojo, comenzaron a atacar buques mercantes como maniobra de presión hacia Israel para intentar que el Estado sionista cesase en su genocidio del pueblo palestino (del cual los hutíes son aliados). Esto llevó a la mayor parte de las grandes navieras a anunciar que abandonaban la ruta del Canal de Suez en favor de la mucho más larga y, por tanto, mucho más cara ruta que bordea todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Dado el gran volumen de comercio mundial entre Asia y Europa que se mueve por esta ruta, EEUU y sus aliados de la OTAN —que no han movido ni un solo dedo en 100 días del exterminio sistemático de seres humanos más pavoroso del siglo XXI en la Franja de Gaza— decidieron movilizar bancos de guerra, aviones y efectivos militares para garantizar el tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb. Recientemente, han cruzado una importante línea bélica adicional, pasando de la protección de los buques mercantes al bombardeo directo de posiciones hutíes en Yemen. Dicho en otras palabras, en estos momentos hay una guerra civil en Yemen y hay también una guerra entre una de las dos partes de esa guerra civil y una coalición internacional liderada por EEUU —pero de la que también forman parte Reino Unido o Países Bajos— que busca garantizar que la rueda capitalista no se para mientras el ejército de Netanyahu sigue asesinando 100 niños palestinos al día.

¿Y cuál es el papel de España en todo esto? De momento, podríamos decir que el papel de España es muy confuso. Hace aproximadamente un mes, al anunciar la puesta en marcha de la citada operación militar —denominada «Prosperity Guardian»—, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd J. Austin, afirmó desde Washington que nuestro país formaba parte de la misma. Aunque, rápidamente, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, salió a puntualizar que esa decisión no estaba tomada y que España solamente participaría de la operación bajo el paraguas de la OTAN o de la Unión Europea, algunos periodistas, como el subdirector de La Vanguardia, Enric Juliana, señalaron que resulta enormemente improbable que un país aparezca en una lista como esa sin que hayan tenido lugar las conversaciones pertinentes al máximo nivel. En las semanas siguientes, hemos asistido a una serie de movimientos y filtraciones a los medios de comunicación que han echado todavía más tinta de calamar sobre el asunto. España ha llegado a bloquear en la Unión Europea una decisión en este sentido; se ha producido una llamada de Joe Biden a Pedro Sánchez en la que, supuestamente, el presidente norteamericano habría presionado a su homólogo español para que éste aceptara sumar a nuestro país a la coalición; diferentes fuentes del Gobierno, incluida la ministra Robles, llegaron a mantener en privado y en público —y con posterioridad a esa llamada— que España no iba a participar de «Prosperity Guardian». Pero, en los últimos días, las filtraciones han empezado a tomar otro color. El propio Enric Juliana sugería la posibilidad de una participación española mediante «oficiales de enlace» en las páginas de La Vanguardia y El Español publicaba fuentes de la OTAN que afirmaban que «España no puede no participar. Hay muchas opciones para participar sin que parezca que se hace. Otra cosa es que por cuestiones políticas se disfrace de algún modo.»

«Vamos a estudiar ahora la propuesta que nos están haciendo desde Washington», ha dicho Sánchez en una entrevista en Las Mañanas de RNE al ser preguntado al respecto. Además, ha añadido que «no se opone» a la operación «Prosperity Guardian» y que estudiará «qué tipo de participación» tendrá España en la misma

Este lunes por la mañana, el propio presidente del Gobierno —como ya hiciera con la guerra de Ucrania, donde negó en principio que España fuera a enviar armas para acabar convirtiendo a nuestro país en un contribuyente más a la escalada bélica— confirmaba el giro anticipado por los medios de comunicación. «Vamos a estudiar ahora la propuesta que nos están haciendo desde Washington», ha dicho Sánchez en una entrevista en Las Mañanas de RNE al ser preguntado al respecto. Además, ha añadido que «no se opone» a la operación «Guardián de la Prosperidad» y que estudiará «qué tipo de participación» tendrá España en la misma.

Aunque a algunos nos pueda resultar una posición política repulsiva, el PSOE está en todo su derecho de apoyar los intereses de EEUU y del gobierno genocida de Netanyahu, como de hecho hace su homólogo alemán, el SPD. Lo que no puede hacer Pedro Sánchez es meter a España en una guerra sin convalidar esta decisión en el Parlamento. Lo haga mediante «oficiales de enlace» o con cualquier otro subterfugio, la participación de nuestro país en un conflicto bélico de ámbito regional en Oriente Próximo en el que se están bombardeando posiciones en un tercer país es llevar a España a una guerra con todas las consecuencias en términos internacionales e incluso domésticos que semejante decisión implica. Y no lo puede hacer, primero, porque la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional así lo establece en su artículo 4.2, donde fija que «al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional». Pero también por el significado y el compromiso político que tiene esa ley y ese artículo. La Ley 5/2005 se aprobó en el primer año de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que José María Aznar arrastrase a nuestro país a la guerra ilegal —y basada en mentiras— de Irak, con las terribles consecuencias que esa acción criminal tuvo en nuestro propio territorio. Zapatero no solamente fijó por ley la necesidad de que las operaciones militares contasen con el refrendo parlamentario, sino que además hizo gala de ese importante compromiso político, sometiendo a votación en la sede de la soberanía popular la participación de España en la guerra de Libia, en la guerra de Afganistán o en la propia operación Atalanta en el Mar Rojo. Si ahora Pedro Sánchez y el PSOE decidiesen hurtar esta importante decisión al Congreso, estaríamos retrocediendo 20 años en términos democráticos en nuestra política de defensa a uno de los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente.