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Suliman El-Fara / Zuma Press / ContactoPhoto

Israel acusa a la ONU de terrorismo

Con el boicot a la UNRWA, EEUU y sus aliados han lanzado un claro mensaje al mundo: a partir de ahora, todo vale —incluyendo el genocidio— siempre que seas aliado de EEUU y de la OTAN; y cualquier organismo internacional que se atreva a levantar la voz será desmantelado


Desde que Israel diese comienzo al mayor genocidio en lo que llevamos de siglo XXI sobre los habitantes de la Franja de Gaza, las siglas UNRWA han empezado a adquirir protagonismo en las crónicas de los medios de comunicación. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por su acrónimo en inglés) es una organización que se crea en 1948 en el seno de la ONU para atender a los más de 700.000 palestinos que fueron expulsados de su tierra por el ejército israelí durante la guerra entre dicho país y una coalición de sus vecinos árabes. Esta expulsión masiva se denomina Nakba y es el crimen de guerra que se sitúa en los orígenes de la violenta ocupación israelí de los territorios palestinos y el sometimiento de dicho pueblo a un régimen de apartheid que ya dura casi ocho décadas. Actualmente, la UNRWA emplea a casi 32.000 trabajadores en más de 900 instalaciones y se ocupa de proporcionar servicios básicos de educación, sanidad, asistencia social o ayuda de emergencia a casi 6 millones de refugiados palestinos no solamente en la Franja de Gaza y Cisjordania sino también en Líbano, Siria o Jordania. La mayor parte de los fondos de la UNRWA se destinan a la educación, dando cobertura a más de medio millón de alumnos en más de 700 centros. También es importante la actividad de esta organización de la ONU en lo que tiene que ver con las ayudas alimentarias que proporciona a más de 200.000 refugiados que no podrían sobrevivir sin ellas.

Hasta hace unos días, la aparición de las siglas de la UNRWA en las crónicas periodísticas tenía que ver o bien con que alguna de sus instalaciones había sido bombardeada por el ejército de Israel o con el asesinato de más de 150 de sus trabajadores desde el comienzo de los bombardeos. Sin embargo, la organización de la ONU para los refugiados palestinos ha pasado este viernes a ocupar el primer plano mediático por un motivo bien distinto. Coincidiendo con la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que una aplastante mayoría de los magistrados certificaban la plausibilidad de que Israel estuviera llevando a cabo un genocidio en Gaza y, por ello, dictaban una serie de medidas cautelares de aplicación inmediata —incluyendo la obligación de que Israel pare inmediatamente de matar palestinos—, el gobierno de Netanyahu hacía pública una acusación contra 12 trabajadores de la UNRWA —el 0,04% de su personal— por supuestamente haber participado en los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre.

Aunque, a día de hoy, es prácticamente imposible encontrar en los medios de comunicación ningún detalle sobre esta supuesta participación y no digamos ya sobre la existencia de pruebas al respecto —más allá de las afirmaciones de un Estado que está perpetrando un genocidio—, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Finlandia, Canadá y Países Bajos se han apresurado en anunciar que suspenden de forma inmediata la financiación que aportaban a la UNRWA. Una medida que pone en peligro la labor humanitaria de la principal organización sobre el terreno, y ello a pesar de que la propia UNRWA ha despedido de forma preventiva a las personas acusadas y ha anunciado la apertura de una investigación a fondo sobre lo ocurrido.

Como es obvio, cuando un país está asesinando de forma industrial a miles de niños, los organismos internacionales que intentan aplicar el derecho humanitario resultan molestos

Es absolutamente evidente que cualquier persona que haya participado de la comisión de actos terroristas debe ser juzgada hasta las últimas consecuencias. Pero seríamos enormemente inocentes si pensásemos que esa es la derivada principal de lo que está ocurriendo aquí. Desde que Israel decidiese responder al atentado de Hamás con el mayor exterminio de seres humanos en lo que llevamos de siglo, los ataques del Estado sionista a la ONU —y, de hecho, a cualquier voz relevante que se atreviera a criticar mínimamente la operativa genocida— han sido constantes. Como es obvio, cuando un país está asesinando de forma industrial a miles de niños, los organismos internacionales que intentan aplicar el derecho humanitario resultan molestos. Que la acusación contra la UNRWA se hiciese pública exactamente el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia —organismo que también forma parte de la ONU— concluía que Sudáfrica ha aportado suficientes pruebas respecto de que podría estar teniendo lugar un genocidio en Gaza y mandaba a Israel parar, no hace sino ahondar en la sospecha de que estamos ante una operación política y mediática de un gobierno —el de Netanyahu— que ya ha demostrado que es capaz de todo. Que Estados Unidos y un buen número de sus aliados hayan decidido actuar de forma inmediata contra la UNRWA por una acusación contra 12 de sus 32.000 trabajadores, cuando no han hecho absolutamente nada para detener el brutal asesinato de más de 26.000 personas por parte del ejército de Israel, no solamente es un clavo más en el ataúd de la legitimidad de Estados Unidos y Europa para volver a representar jamás la defensa de los derechos humanos en el mundo. Al comprar el señalamiento israelí de la ONU como un agente cómplice del terrorismo, los otrora defensores planetarios de la libertad y la democracia, se constituyen ahora como los principales dinamitadores del orden internacional basado en reglas que surgió como consecuencia del desastre civilizatorio que supuso la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos y sus aliados no solamente se han metido en un pozo negro moral sin fondo. Además, han lanzado un claro mensaje al conjunto del sistema mundo: a partir de ahora, todo vale —incluyendo el genocidio— siempre que seas aliado de Estados Unidos y de la OTAN; y cualquier organismo internacional que se atreva a levantar la voz será desmantelado.


Madrid –

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