José Luis Martínez Almeida da la mano a Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Supremo — A. Pérez Meca / Europa Press / ContactoPhoto
La legislatura de las togas
A estas alturas de la legislatura, ya no cabe ninguna duda de que el sector reaccionario de la judicatura ha decidido disparar todos sus torpedos a la línea de flotación del esquema de gobernabilidad que mantiene a Sánchez en la Moncloa
El pasado martes saltaba la noticia: el juez Manuel García Castellón era designado como juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados con la trama corrupta del así llamado ‘caso Koldo’ por parte de los gobiernos de Canarias y Baleares, gobernados entonces por el actual ministro Ángel Víctor Torres y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, respectivamente. Que el mismo juez que ha decidido imputar —de forma psicotrópica— por delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y otros líderes del procés catalán con el único objetivo de sabotear la legislatura sea ahora el encargado de tomar importantes decisiones sobre el caso de corrupción más importante en el seno del PSOE en los últimos años no es tan solo una anécdota.
Que la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, haya decidido respaldar la tesis de García Castellón y dar curso a la investigación por terrorismo que todo el mundo sabe en España que solamente persigue puentear la Ley de Amnistía, al mismo tiempo que recaería sobre dicha sala el ‘caso Koldo’ si en algún momento el juez de instrucción de la Audiencia Nacional decidiera imputar a algún aforado —como José Luis Ábalos o Francina Armengol— no es tampoco solo una anécdota.
Que Manuel García Castellón sea el mismo magistrado que ya intentó sabotear la legislatura anterior mediante el intento de imputación espuria del vicepresidente Pablo Iglesias en un caso inventado, que estemos hablando del mismo juez que dejó escapar del caso Kitchen a María Dolores de Cospedal existiendo multitud de audios que la incriminaban junto a Villarejo, que la práctica totalidad de puestos bien pagados que ha ocupado García Castellón en las últimas dos décadas se deban a decisiones políticas del PP, todos ellos son hechos que nada tienen que ver con lo anecdótico y que —muy al contrario— tienen un poder explicativo similar al hecho de que Manuel Marchena fuera la pieza central en aquella temprana operación de intento de renovación del Consejo del Poder Judicial por parte del PP en noviembre de 2018 que se vio frustrada cuando salió a la luz el mensaje de Ignacio Cosidó a toda la bancada popular del Senado garantizándoles a sus señorías que, de salir adelante el acuerdo que tenían con el PSOE, serían ellos y no los socialistas los que «controlarían la sala segunda [del Supremo] por la puerta de atrás».
Desde que la derecha perdió la mayoría parlamentaria en noviembre de 2015 y después la Moncloa en la moción de censura de junio de 2018, su verdadero poder político se ha concentrado fundamentalmente en sus brazos mediático y judicial. La fuerza que tiene el bloque reaccionario en España y el avance de posiciones que han conseguido en el último lustro no se entienden si no se acepta la realidad de que más de la mitad del poder mediático español y mucho más de la mitad del Poder Judicial son —junto con la monarquía y una parte importante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— operadores políticos derechistas de primer nivel; mucho más poderosos de hecho que los grupos parlamentarios del PP y de VOX.
Desde que la derecha perdió la mayoría parlamentaria en noviembre de 2015 y después la Moncloa en la moción de censura de junio de 2018, su verdadero poder político se ha concentrado fundamentalmente en sus brazos mediático y judicial
Aunque no hay nadie en primera línea del juego político que tenga ninguna duda al respecto, la progresía política y mediática hegemonizada por el PSOE ha hecho a lo largo de todos estos años enormes esfuerzos para presentar a los medios de comunicación y a los jueces como intachables agentes arbitrales, carentes de toda ideología y defensores de la democracia. Es difícil saber si por un miedo ancestral o por un cálculo táctico, pero el PSOE y sus brazos mediáticos han evitado hasta hace muy poco cualquier crítica hacia las grandes empresas de comunicación de la derecha o hacia sus comandos judiciales. Solo muy recientemente hemos escuchado una cierta contundencia por parte de Pedro Sánchez hacia algunos medios de comunicación en la pasada campaña electoral del 23 de julio, así como críticas al juez García Castellón por parte de varios dirigentes del PSOE desde que éste decidió intentar intervenir, primero, en la investidura de Sánchez y, después, en la Ley de Amnistía.
A estas alturas de la legislatura, ya no cabe ninguna duda de que el sector reaccionario de la judicatura ha decidido disparar todos sus torpedos a la línea de flotación del esquema de gobernabilidad que mantiene a Sánchez en la Moncloa. No solamente han dejado claro que no les importa lo que apruebe el Congreso de los Diputados y que no van a permitir que el poder legislativo frene la lógica represiva del «a por ellos». Además, es muy posible que tengan en sus manos la evolución del corrosivo ‘caso Koldo’, con las infinitas posibilidades de hacer desfilar a caras conocidas y altos cargos del gobierno y del PSOE por el banquillo para solaz y algarabía de las tertulias.
A nadie le cabe ya ninguna duda de que esta va a ser la legislatura en la que el Poder Judicial va a ejercer su máxima capacidad de intervenir ilegítimamente en la política. Mientras que la legislatura anterior consiguió ser una legislatura del Gobierno y del Parlamento, con más de 200 leyes aprobadas, todo apunta a que esta va a ser —si nadie consigue evitarlo— la legislatura de las togas.
El Partido Popular lo tiene muy claro. Por eso Esteban González Pons amenazaba ayer con romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial si se aprueba la Ley de Amnistía. Los de Feijóo saben perfectamente que hay alrededor de 90 plazas en la cúpula judicial que están sin cubrir, incluyendo el 30% del Tribunal Supremo, y que sería el nuevo CGPJ el que tendría que llevar a cabo esos nombramientos. Mientras no renueven el órgano de gobierno de los jueces, serán sus magistrados los que se encargarán de forma mayoritaria de los casos más importantes.
Como ya hemos defendido en numerosas ocasiones en Canal Red y en Diario Red, lo que tendría que hacer el PSOE —lo que tendría que haber hecho ya hace mucho tiempo— ante un desafío tan grave de los reaccionarios a la Constitución y a la democracia es utilizar la mayoría parlamentaria —muy precaria, pero todavía existente— para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y arrebatar al PP su minoría de bloqueo. No sabemos si por un miedo ancestral o por un —erróneo— cálculo táctico, Pedro Sánchez no se ha atrevido todavía a dar ese paso. Si no lo da en los próximos meses, quizás a final de este año ya sea demasiado tarde.
Madrid –
