Editorial

La primera prueba de fuego del gobierno de Sánchez

Ninguna votación puede salir adelante en favor del Gobierno si cualquiera de los grupos con más de un escaño —Podemos, ERC, Junts, Bildu o PNV— vota en contra. Es más, si cualquiera de ellos simplemente decide abstenerse, casi todos los escaños restantes de la posible mayoría tienen que votar a favor

Después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, llegó al Congreso de los Diputados la toma en consideración de la Ley de Amnistía. Pero una cosa y la otra formaban parte del mismo acuerdo político y, por lo tanto, no existió en ningún momento la menor duda de que dicho trámite se iba a superar. El miércoles próximo la cosa es muy distinta. Aunque el mes de enero es formalmente inhábil en el Parlamento, la Mesa de la cámara ha habilitado un pleno extraordinario para ese día con el objeto de someter a la votación de sus señorías la convalidación —o no— de tres Reales Decretos-ley (RDL), y, en este caso, no está nada claro que el gobierno de Sánchez vaya a ser capaz de recabar los apoyos parlamentarios suficientes.

Varios elementos juegan en su contra.

El primero, la naturaleza de tipo ‘ómnibus’ que presentan los tres RDL, mezclando en un mismo texto —y, por lo tanto, sometiendo a una única votación— una gran cantidad de temas diferentes; de forma que se aumenta la probabilidad de que un determinado grupo político pueda estar a favor de algunas cosas pero en contra de otras, con lo que ello conlleva de dificultad añadida a la hora de decidir el sentido del voto.

El segundo elemento en contra de la posibilidad de una votación exitosa el próximo miércoles tiene que ver con la propia naturaleza legislativa de un Real Decreto-ley. Una norma de este tipo entra en vigor desde el momento en el que es aprobada por el Consejo de Ministros, pero debe someterse a su convalidación —o no— en la cámara baja en un plazo máximo de 30 días. Si dicha convalidación no se produce, la norma queda inmediatamente derogada. Por el contrario, si el RDL es convalidado, se produce una votación concomitante según la cual el Congreso decide si la versión definitiva que se publicará en el BOE es directamente la enviada a la cámara por el Gobierno o si se abre la posibilidad de presentar enmiendas al texto mediante su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. El problema, en este segundo caso, es que no existe un plazo máximo para la aprobación del texto definitivo y todos los grupos políticos que negocian con el Gobierno han sido testigos ya de una táctica recurrente por parte del PSOE en la anterior legislatura que consiste en prorrogar de forma indefinida el plazo de presentación de enmiendas parciales —una prórroga que solamente depende de la decisión de la Mesa, donde PSOE y Sumar tienen mayoría—, y mantener así abierto el trámite como Proyecto de Ley hasta que la legislatura finaliza y el trámite decae. Esto produce de facto que el texto original del RDL que aprobó el Gobierno sea el que quede definitivamente vigente, aunque el Congreso haya decidido formalmente lo contrario. Ante esa perspectiva, ya hay varios grupos que han manifestado su reticencia a votar a favor de una convalidación que podría ser definitiva sin que quepan modificaciones.

El tercer elemento es, por supuesto, las diferencias políticas de fondo entre la entente PSOE-Sumar y el resto de grupos políticos que son necesarios para completar la mayoría parlamentaria. Así, Podemos ya ha manifestado su preocupación con que, en uno de los RDL —el de las medidas del escudo social—, no haya avances en materia de congelación de alquileres, topado de hipotecas de tipo variable o intervención de los márgenes de beneficio de las grandes empresas respecto de la cesta básica de la compra. Los morados han señalado también la existencia de un importante recorte en la cotización —y, por tanto, en las pensiones futuras— de los perceptores mayores de 52 años del subsidio de desempleo en el RDL que modifica esta figura, así como la desaparición de otros elementos de protección, como la Renta Activa de Inserción. También fruto de las diferencias políticas, en este caso sobre la adición de un artículo 43 bis a la ley de Enjuiciamiento Civil sobre las cuestiones prejudiciales europeas (que podría afectar a la aplicación de la futura Ley de Amnistía), Junts ha anunciado su voto en contra a los tres RDL.

En la nueva legislatura, el bloque reaccionario ha avanzado significativamente, la aritmética es muchísimo más estrecha y la «geometría variable» ya no existe

Y aquí llegamos al cuarto elemento que dificulta la aprobación de este tipo de normas: el elemento aritmético. En la legislatura pasada, y aunque Podemos abogaba por la creación de un bloque estratégico de izquierdas con ERC y Bildu, la entente formada entre el PSOE y las fuerzas políticas de Unidas Podemos que hoy se integran en Sumar tenía la posibilidad —y lo hizo muchas veces, como por ejemplo en la reforma laboral— de jugar a dos barajas. En la legislatura pasada, la suma de escaños entre el PP y VOX era de 141, frente a los 170 que tiene ahora, y el Gobierno podía decidir buscar apoyos no entre los grupos de izquierdas, sino por ejemplo en el PNV y Ciudadanos. Esta táctica —que se denominó entonces «geometría variable»— podía permitir al Gobierno debilitar la posición negociadora de todos sus posibles apoyos al ser todos ellos conscientes de que no eran la única opción. En la nueva legislatura, el bloque reaccionario ha avanzado significativamente, la aritmética es muchísimo más estrecha y la «geometría variable» ya no existe. Si asumimos que, en la mayor parte de las votaciones, el bloque de derechas va a contar con 171 escaños (los de PP y VOX, más el escaño de UPN) y recordamos que el PSOE y Sumar cuentan con apenas 147 escaños entre los dos, rápidamente podemos ver que la única forma que tiene el Gobierno de ganar votaciones en el Parlamento pasa por conseguir una ventaja de 25 votos entre los 32 escaños que suman Podemos (5), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1). Esto automáticamente significa que ninguna votación puede salir adelante en favor del Gobierno si cualquiera de los grupos con más de un escaño — Podemos, ERC, Junts, Bildu o PNV— vota en contra. Es más, si cualquiera de ellos simplemente decide abstenerse, la práctica totalidad de los escaños restantes de la posible mayoría tienen que votar a favor.

En la anterior legislatura, el PSOE —y también algunas de las piezas de Unidas Podemos— utilizaron la debilidad del bloque reaccionario para imponer sobre el conjunto de los posibles apoyos parlamentarios del Gobierno un estilo negociador prepotente, de hechos consumados, según el cual los grupos del Congreso muchas veces no conocían los textos legislativos hasta que no salían del Consejo de Ministros, eran presionados política y mediáticamente para entregar su voto a favor a paquetes de medidas en clave ‘ómnibus’ y las más de las veces ni siquiera podían enmendar los RDL porque se prorrogaba indefinidamente su trámite. A la vista de los primeros signos que estamos viendo en la nueva legislatura, parece que la entente PSOE-Sumar continúa por inercia en la misma dinámica, como si la aritmética parlamentaria no hubiese cambiado. Si este miércoles los tres primeros Reales Decretos-ley del Gobierno son derogados como consecuencia de ello, los partidos que forman parte del mismo recibirán un baño de humildad y no les quedará más remedio que aceptar la nueva realidad por la fuerza de los hechos.

Si eso ocurre, es muy posible que determinados operadores políticos y mediáticos nos quieran vender que se acaban de abrir las puertas del infierno y que estamos abocados, como consecuencia, a un gobierno de extrema derecha. Pero, en realidad, no es ningún drama. Si el Congreso tumba este miércoles los RDL del Gobierno por falta de apoyos, el Ejecutivo siempre puede volver a traerlos al hemiciclo con un contenido modificado y con un talante negociador diferente.