Editorial

Ortega Smith en el CGPJ

El problema que tiene la maniobra bipartidista que podría acabar intentando Sánchez con Feijóo es que el líder del PSOE nos dijo a todos los españoles, hace tan solo unos pocos meses, que ese acuerdo sería tanto como meter a Ortega Smith en el CGPJ. Y, en eso, no nos mintió

Después de más de cinco años en los cuales el PP ha ejercido su minoría de bloqueo para mantener secuestrado un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato constitucional caducado y en los cuales el PSOE se lo ha permitido al negarse a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías de elección de los vocales de los actuales 3/5 del Congreso y Senado a mayoría absoluta —como llegó a firmar Pedro Sánchez en 2020 con Podemos, aunque luego retiró la firma—, después de cinco años de golpe blando en uno de los poderes fundamentales del Estado con el objetivo de controlar el nombramiento de los jueces responsables de los más altos tribunales para, por un lado, proteger a los dirigentes corruptos del PP y, por el otro, llevar a cabo acciones de lawfare contra el independentismo catalán y contra Podemos, el pasado viernes Sánchez y Feijóo llegaban a un principio acuerdo que podría desbloquear su renovación.

Según anunció el líder del PP y confirmó el PSOE, después de que los populares denostaran con durísimas declaraciones la figura de un posible mediador internacional para resolver el conflicto político en Catalunya, Sánchez y Feijóo habrían pactado el nombramiento de un mediador de la Comisión Europea, que podría ser el propio Comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, del Partido Popular Europeo (EPP) y que debería dedicarse —de una forma que todavía no ha sido explicitada— a facilitar un acuerdo entre los dos grandes partidos dinásticos españoles del sistema del turno para renovar el CGPJ. Si tenemos en cuenta que el PP, por un lado, ya echó el freno de mano varias veces en los últimos años después de anunciar que iniciaba las negociaciones para dicha renovación y, por otro lado, que Feijóo sigue manteniendo la condición de que ésta se produzca al mismo tiempo que una modificación de la LOPJ que independice en sentido reaccionario al CGPJ de la soberanía popular, haciendo que «los jueces elijan a los jueces», todavía está por ver que el proceso iniciado por el PP y el PSOE el pasado viernes llegue a buen puerto. Pero, desde luego, es algo que no podemos descartar si miramos a los incentivos objetivos que unos y otros tienen para llegar a un acuerdo definitivo que desemboque en una votación exitosa en ambas cámaras.

Dado que hace ya más de tres años que el PSOE y Podemos retiraron al CGPJ la capacidad de nombrar jueces en las altas magistraturas cuando está en funciones, en estos momentos, hay decenas de vacantes en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en las Audiencias Provinciales y en los Tribunales Superiores de Justicia. Esto afecta a las carreras profesionales y al salario de muchas personas, la mayoría de ellas afines al PP. Para Feijóo, llevar a cabo una renovación del CGPJ tiene la ventaja de que le permitiría eliminar el importante malestar en un sector —el de la judicatura— que forma parte mayoritariamente de su espacio sociológico y que, además, es vital para garantizar la capacidad operativa de unas derechas que han hecho de la judicialización de la política una de sus principales armas. Es verdad que el PSOE también podría nombrar jueces, pero eso no acabaría con la mayoría del PP en el conjunto del Poder Pudicial, ya que esta mayoría es abrumadora por cuestiones ideológicas y también por cuestiones de clase. Al mismo tiempo, si Feijóo accediera finalmente a renovar el CGPJ con la ley vigente, conseguiría eliminar también las críticas que la propia Unión Europea lleva tiempo haciendo sobre un bloqueo que es obviamente su culpa, adquiriría más elementos para presentarse como un «hombre de Estado» y evitaría que el PSOE acabase cayendo en la tentación de modificar la LOPJ para renovar el CGPJ sin el concurso del PP, como perfectamente podría hacer en el momento que así lo decidiese. El acuerdo también tiene importantes alicientes para el PSOE. No solamente recuperarían los socialistas la mayoría en el órgano de gobierno del Poder Judicial y podrían nombrar jueces de su cuerda en numerosos lugares de responsabilidad en todo el sistema, sino que, además, al sumar sus escaños con los del PP más de 3/5 en ambas cámaras, el PSOE evitaría también así tener que pactar la renovación con aquellos partidos que hicieron presidente a Sánchez —Sumar, pero también Podemos, ERC, Bildu o Junts— y que, sin duda, exigirían la presencia de vocales ideológicamente afines a cambio de sus votos.

Al sumar sus escaños con los del PP más de 3/5 en ambas cámaras, el PSOE evitaría también así tener que pactar la renovación con aquellos partidos que hicieron presidente a Sánchez

El conjunto de incentivos existentes hace deseable para ambos partidos un acuerdo netamente bipartidista para la renovación del CGPJ y, de hecho, el esquema político y comunicativo que estamos viendo en estos días es bipartidista también. Como en los mejores tiempos en los que PP y PSOE tenían, juntos, más del 80% de los votos en España, asistimos a una comunicación en la que se dicen barbaridades mutuamente en público —para mantener funcionando el reparto simbólico de papeles—, pero se ponen de acuerdo —porque, de hecho, están de acuerdo— en los temas más importantes: la subordinación geoestratégica de España a los Estados Unidos y a la OTAN, la asunción de un papel subalterno en el esquema productivo de la Unión Europea, el apuntalamiento de la monarquía, el sistema autonómico como punto de llegada y no como punto de partida del modelo terriorial o el mantenimiento de los privilegios económicos y sociales del 0,1% más pudiente del país. Para todo ello, el Poder Judicial es fundamental y por eso no es de extrañar que PP y PSOE estén desplegando el tradicional esquema Pimpinela del bipartidismo: nos cantamos barbaridades mutuamente a la cara, pero en realidad somos hermanos.

Lo que ocurre es que ni España ni el mundo están en el mismo lugar político que en 2008. El conjunto del planeta, y también nuestro país, está inserto en una ola reaccionaria que no solamente está ampliando las bases electorales de las nuevas extremas derechas sino también ultraderechizando a las derechas tradicionales por pura cuestión de supervivencia. La maniobra que está intentando llevar a cabo Pedro Sánchez para sacar de la ecuación de la renovación del CGPJ a sus socios de investidura supone darle la mano a un PP que ha llegado a agitar la bandera del fraude electoral, se resistió a condenar la consigna de «que te vote Txapote» a pesar de la humillación que eso suponía para las víctimas del terrorismo y, en los últimos días, está dando alas a un eufemismo lanzado por Ayuso pero abrazado también por Feijóo —»me gusta la fruta»— que supone una manera indirecta de llamar «hijo de puta» al presidente del Gobierno.

El pasado viernes, además de la reunión entre Sánchez y Feijóo, también se producía por la tarde un incidente en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El portavoz de VOX en el mismo, Javier Ortega Smith, protagonizaba una agresión al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. El comportamiento de escuadrista con todas las cámaras encendidas fue objeto de condena de izquierda a derecha e incluso el alcalde José Luis Martínez-Almeida, del PP, llegó a pedir la dimisión de Ortega Smith.

Mediante este suceso, se visibilizaba, el mismo día en que Sánchez y Feijóo pactaban supuestamente renovar el CGPJ, que el segundo gobierna en varias comunidades autónomas con aquellos que tienen a fascistas violentos entre sus filas. De hecho, este fue precisamente el discurso de Pedro Sánchez para pedir el voto en la campaña de las últimas elecciones generales: «cuidado, que puede llegar la extrema derecha al Gobierno de España, y, por cierto, PP y VOX son prácticamente lo mismo». El problema que tiene la maniobra bipartidista que podría acabar intentando Sánchez con Feijóo es que el líder del PSOE nos dijo a todos los españoles, hace tan solo unos pocos meses, que ese acuerdo sería tanto como meter a Ortega Smith en el CGPJ. Y, en eso, no nos mintió.