Pedro Sánchez y al expresidente de la Generalitat y Carles Puigdemont dándose un beso en el mural del artista urbano TVBoy, en la plaza de las Glòries, en Barcelona
David Oller / Europa Press
Pedro Sánchez sabe que solamente necesita negociar con Carles Puigdemont
El líder del PSOE sabe que las fuerzas de izquierdas y progresistas (así como el PNV) se encuentran en una situación en la que, por motivos propios, tienen enormemente difícil hacer descarrilar la investidura y, por lo tanto, su posición negociadora es débil.
La aprobación de la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para que se pueda intervenir en el pleno en las lenguas oficiales y propias de los diferentes territorios del Estado español es, sin duda, un hito histórico. Ya vamos para casi medio siglo de régimen del 78 y, hasta ahora, cuando una de sus señorías utilizaba alguna de las lenguas de España diferentes del castellano en la sede de la soberanía popular, recibía rápidamente un apercibimiento de la Presidencia —Meritxell Batet lo hizo en numerosas ocasiones— y, si persistía su intención, una amenaza de sanción o expulsión. De hecho, como hemos contado en este periódico, hace poco más de un año, el PSOE votaba en contra de esta misma reforma —presentada entonces por Unidas Podemos y los partidos nacionalistas—. El avance que se produjo ayer en materia de reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país no es cualquier cosa y se debe fundamentalmente a la buena posición negociadora que tiene en estos momentos Carles Puigdemont. De hecho, todos los elementos objetivos apuntan a que los únicos actores políticos que, en estos momentos, tienen buena posición negociadora son el PSOE y Junts.
La línea editorial de Diario Red es favorable a que las fuerzas de izquierdas puedan tener la máxima influencia en la dirección de Estado, preferiblemente desde el gobierno. Por lo tanto, esta no es una noticia que nos agrade publicar, pero es la realidad. Y es una realidad que tiene que ver —como siempre en política— con la correlación de fuerzas de los diferentes actores, con la voluntad de sus dirigencias y con la implantación en el conjunto de la sociedad de distintos marcos discursivos emitidos, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación.
El elemento que centró el debate político durante la mayor parte del año 2019 y que fue la pregunta clave en la repetición electoral que condujo a la ciudadanía de nuevo a las urnas el 10 de noviembre de aquel año fue la pregunta de si Unidas Podemos —y, en concreto, Pablo Iglesias— debían formar parte del gobierno y con qué fuerza. La voluntad de gobierno de la dirigencia de Podemos era férrea y Pedro Sánchez había forzado la repetición electoral precisamente porque los morados se habían negado a aceptar una posición subalterna en el Consejo de Ministros, con carteras vaciadas de competencias, y habiendo sido además vetado su líder. Por eso, la misma noche de los resultados electorales el 10 de noviembre, Pedro Sánchez tuvo claro que el principal actor político con el que tenía que negociar si quería ser presidente era Podemos; y eso fue exactamente lo que hizo, llegando inmediatamente a un acuerdo sobre el reparto ministerial.
En 2019, además, el momento álgido del procés —en octubre de 2017— estaba mucho más cercano políticamente y eso hacía de ERC un actor que también podía hacer descarrilar la investidura y, por lo tanto, con el que había que negociar. De hecho, había sido ERC quien había tumbado los primeros presupuestos pactados entre Podemos y el PSOE después de la moción de censura, poniendo fin a esa legislatura, y provocando las elecciones anticipadas del 28 de abril de 2019. Respecto de EH Bildu, a finales de 2019 y principios de 2020, todavía no se había conseguido de forma plena su incorporación a esa mayoría plurinacional que daría estabilidad al gobierno de coalición durante casi cuatro años y que serviría para sacar adelante un gran número de avances sociales. La prueba de que, en aquella investidura de Pedro Sánchez, ERC y EH Bildu eran fuerzas que fácilmente la podían poner en peligro —y, por lo tanto, actores políticos con una fuerte baza negociadora— es que, de hecho, no votaron a favor de la investidura el 7 de enero de 2020. Se abstuvieron.
A pesar de su abstención, la investidura fue viable —por 167 votos a favor y 165 en contra— porque, en la anterior legislatura, había una amplia mayoría progresista que ni siquiera necesitaba acumular el voto favorable de todos los partidos de la España nacional y que, de hecho, cuando ya se consolidó —más adelante— la mayoría parlamentaria que dio estabilidad al gobierno, ni siquiera necesitaba el apoyo de los partidos nacionalistas de derechas (PNV, Junts y PDeCat) para sacar adelante iniciativas con mayoría absoluta.
Sin embargo, todos estos hechos políticos han cambiado en estos últimos años por diferentes factores, y eso ha dibujado un tablero muy distinto al que teníamos hace cuatro años.
Dada su precaria situación orgánica, es evidente que, para Sumar y para Yolanda Díaz, entrar en el gobierno es una condición de posibilidad de su propia continuidad como proyecto.
En primer lugar, Sumar ha sustituido a Unidas Podemos en el hemiciclo y Yolanda Díaz ha sustituido a Pablo Iglesias en el liderazgo de las negociaciones de gobierno. Este importante cambio en la dirigencia de uno de los principales actores ha tenido, en primer lugar, un efecto en términos de discurso: la pregunta de la campaña del pasado 23 de julio —¿va a gobernar Feijóo en alianza con la extrema derecha?— ha sido radicalmente distinta de la pregunta de la campaña del 10 de noviembre de 2019 —¿va a formar parte Podemos del gobierno con la suficiente fuerza para llevar a cabo avances sociales?—, con todo lo que ello conlleva en términos de pedagogía social. En pocas palabras, si se ha explicado sin cesar a la ciudadanía que el peligro más grande de todos (de hecho, la razón para votar) es que pueda gobernar la extrema derecha, ahora cualquier partido de izquierdas o progresista —incluso democristiano— tiene prácticamente imposible explicar un voto en la investidura que fuerce la repetición electoral y nos vuelva a situar de nuevo ante ese peligro (algo que condiciona fuertemente a Sumar, pero también a ERC, Bildu, BNG y PNV).
Pero, además del cambio radical en el marco político-discursivo, la estrategia negociadora está siendo también completamente diferente. Sin ir más lejos, ayer mismo, la vicepresidenta segunda del gobierno afirmó en una entrevista en Catalunya Radio desconocer si va a formar parte del próximo gobierno, justificando este hecho en que lo primero es negociar un acuerdo programático y en que la competencia para nombrar ministros es del presidente. Por último, mientras Podemos era un partido consolidado en 2019, Sumar ha aparecido recientemente y todavía no cuenta ni con estructura territorial, ni siquiera con órganos. Dada su precaria situación orgánica, es evidente que, para Sumar y para Yolanda Díaz, entrar en el gobierno es una condición de posibilidad de su propia continuidad como proyecto.
También ha cambiado de forma importante la situación política tanto de ERC como de EH Bildu. La primera, y a diferencia del año 2019, ahora gobierna en solitario la Generalitat de Catalunya y ha apostado durante toda la legislatura por una estrategia de negociación con el gobierno central para conseguir avances concretos. ERC ha sido uno de los socios prioritarios del gobierno durante los últimos cuatro años y vería trastocada de forma muy importante su estrategia si se formase un gobierno de derecha extrema en España. A su vez, la formación abertzale —siguiendo una estrategia similar, aunque desde fuera del gobierno de Euskadi— no ha parado de aumentar sus apoyos electorales, llegando a amenazar la hegemonía del PNV. A EH Bildu tampoco le conviene en absoluto una repetición electoral que pudiese acabar en un gobierno del PP con VOX.
El único actor político de los que hacen falta para hacer presidente a Pedro Sánchez —después de que fracase el intento de investidura de Feijóo— que se ha mantenido extramuros de la gobernabilidad de España en los últimos años y que ha mantenido un discurso independentista de máximos es Junts. El único actor político necesario para la investidura que se puede permitir hacerla descarrilar sin que eso le perjudique gravemente en términos de coherencia discursiva o de fortalecimiento orgánico, estratégico y electoral es Junts… y la nueva configuración parlamentaria emanada del 23 de julio hace que ni siquiera baste con su abstención. Pedro Sánchez necesita que voten a favor.
Al mismo tiempo —y lamentablemente— el líder del PSOE sabe que las fuerzas de izquierdas y progresistas (así como el PNV) se encuentran en una situación en la que, por motivos propios, tienen enormemente difícil hacer descarrilar la investidura y, por lo tanto, su posición negociadora es débil. Por eso todavía no hay acuerdo programático con Sumar, por eso Yolanda Díaz afirma que no sabe si va a seguir siendo ministra, de ahí el nerviosismo creciente de ERC y el PNV, o el hecho de que EH Bildu ya haya anunciado su voto a favor. Ojalá esto no fuera así, pero los hechos son los que son y la obligación de los medios de comunicación debería ser la de trasladarlos siempre de forma veraz a la ciudadanía.
Madrid –
