Editorial

PP y VOX señalan a Sánchez cómo desbloquear el CGPJ

Mientras el PSOE lleva más de un lustro renunciando a rebajar las mayorías para la renovación del CGPJ, las derechas han hecho lo propio con la televisión pública y la agencia antifraude valencianas sin que les tiemble la mano

El 3 de diciembre de 2018 caducó el mandato constitucional de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados el 3 de diciembre de 2013 durante la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. Desde entonces, han transcurrido 1936 días —cinco años, tres meses y 19 días— de bloqueo del órgano y usurpación inconstitucional del mismo. El mecanismo mediante el cual se ha producido está operativa de golpe blando es, por un lado, la renuncia de la mayoría conservadora de vocales del CGPJ a dimitir y, por otro lado, la utilización por parte del PP de su minoría de bloqueo en ambas cámaras para impedir que, en ellas, se alcancen los 3/5 exigidos por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva su renovación. El motivo por el que se ha perpetrado este bloqueo durante más de cinco años es muy sencillo: una de las competencias fundamentales del CGPJ es el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia Nacional y de los de cada una de sus Salas, de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las comunidades autónomas y los de cada una de sus Salas y de los presidentes de las Audiencias Provinciales de las 50 provincias. El control de todos estos juzgados por parte de la derecha es clave para su operativa política. Por un lado, para evitar que sus dirigentes asediados por la corrupción acaben entre rejas. Por otro lado, para poder llevar a cabo acciones de lawfare contra sus adversarios políticos.

También desde el 3 de diciembre de 2018 y de forma ininterrumpida hasta el día de hoy, ha existido en el Congreso la mayoría parlamentaria suficiente como para llevar a cabo una reforma de la LOPJ que arrebatase al PP su minoría de bloqueo. Bastaría con establecer que los 12 vocales del turno judicial, en vez de elegirse la mitad en el Senado y la otra mitad en el Congreso, en ambos casos por una mayoría reforzada de 3/5 de cada cámara, se eligieran todos en la cámara baja mediante una mayoría absoluta y el concurso de al menos la mitad de los grupos parlamentarios. Este requisito sería perfectamente constitucional —ya que la Constitución solamente fija los 3/5 para los 8 vocales del turno de juristas— y, de hecho, sería mucho más estricto que el que se pide para investir a un presidente de Gobierno: apenas mayoría simple.

Si esta reforma no se ha llevado a cabo durante todo este tiempo es sencillamente porque Pedro Sánchez no ha querido. De hecho, en 2020 el PSOE llegó a firmar una Proposición de Ley muy parecida junto a Unidas Podemos, pero el presidente retiró —acobardado y a último momento— la firma cuando la Comisión Europea levantó un poquito la voz y toda la derecha mediática y buena parte de la progresía amenazaron con los siete jinetes del apocalipsis. Aprovechando esta falta de columna vertebral por parte de los socialistas, el PP —primero con Pablo Casado y después con Feijóo— se ha dedicado estos más de cinco años a humillar a Sánchez de una forma pública, reiterada y no exenta de ensañamiento. En varias ocasiones han amagado con iniciar una negociación con el PSOE —la última, incluso, llegando a imponerles un mediador extranjero— para romperla en el último momento con una lista de excusas, cada una más ridícula que la anterior y conformando un catálogo tan extenso que, a día de hoy, hace prácticamente imposible recordarlas todas. No contentos con ello, han conseguido además desviar el debate —gracias, de nuevo, al apoyo de los principales cañones mediáticos— hacia la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la LOPJ en sentido reaccionario, para que sean los alrededor de 5000 jueces de carrera —en su gran mayoría conservadores— los que elijan a los 12 vocales del turno judicial del CGPJ, blindando así el control del órgano por parte de la derecha para toda la eternidad, independizándolo de la democracia y haciéndolo ajeno al resultado de las urnas.

Aprovechando esta falta de columna vertebral por parte de los socialistas, el PP —primero con Pablo Casado y después con Feijóo— se ha dedicado estos más de cinco años a humillar a Sánchez de una forma pública, reiterada y no exenta de ensañamiento

Cuando ya se cumple más de un lustro de este patético espectáculo, conocíamos esta semana que el PP y VOX van a utilizar su mayoría absoluta en Les Corts Valencianes para eliminar el requisito de mayorías reforzadas del sistema de renovación tanto de la Agencia Valenciana Antifraude como de los órganos de gobierno de la televisión autonómica À Punt. Así, y antes de que se haya cumplido un año desde que la derecha extrema y la extrema derecha accedieran al gobierno de la Generalitat Valenciana, PP y VOX arrebatarán sin complejos y sin miramientos la posibilidad de bloqueo en la renovación de estas dos instituciones tan importantes a la oposición de Compromís y PSPV mediante sendas Proposiciones de Ley que serán, además, tramitadas por la vía de urgencia.

Es habitual que los analistas de la progresía mediática se pregunten últimamente —de una forma melancólica, casi como si no tuviese respuesta— por qué avanza posiciones electorales la extrema derecha. Uno de los motivos principales es obviamente por la difusión masiva de su ideario y su odio por parte de la mayoría de los medios de comunicación. Otro motivo muy significativo es la inexplicable insistencia del PSOE —año tras año y sin que parezcan conocer la humana habilidad del aprendizaje— en pagarles las Fantas.