Editorial

El PP reconoce la existencia del lawfare

Parecería que estamos entrando en una nueva época en la que esto ya no se puede negar y ahora solamente quedaría dirimir quién lo lleva a cabo y quién no

Si hace unos años se trataba de un término que se manejaba en círculos reducidos, en estos últimos meses la palabra ‘lawfare’ ha pasado a formar parte del vocabulario cotidiano de la política. El detonante principal ha sido la inclusión del vocablo en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts, donde los independentistas catalanes insistieron en él para hacer referencia a la operativa política más allá de los límites del derecho de los diferentes magistrados que han actuado al calor del «a por ellos» contra los diferentes actores institucionales, pero también sociales, del procés. En esta misma semana, con el archivo definitivo del así llamado «caso Neurona», que mantuvo al partido Podemos y a varios de sus trabajadores imputados durante casi cuatro años sin ninguna prueba material, se volvió a poner en el primer plano del debate público tanto el hecho mismo del lawfare como una de sus características operativas fundamentales: a saber, que no existe lawfare sin mediafare. Es decir, que el objetivo principal de esta táctica neogolpista, aunque requiere para su lanzamiento del concurso del trabajo activista de un juez que esté dispuesto a bordear la prevaricación, no es el conseguir una sentencia condenatoria —algo que, sin haber ningún tipo de prueba, podría acabar con el juez en la cárcel—, sino la destrucción reputacional de los actores políticos objetivo del ataque y la consiguiente adulteración espuria del juego limpio democrático mediante la alimentación de horas y horas de tertulias e informativos y kilómetros de ríos de tinta de noticias difamatorias apoyadas en la supuesta credibilidad de las acusaciones vertidas.

Esta utilización sediciosa de los mecanismos judiciales para ejecutar cacerías mediáticas contra adversarios políticos no solamente existe en nuestro país sino que además se ha convertido en algo bastante habitual y, por tanto, en una amenaza muy seria a los principios más básicos de la democracia. Sin embargo, la reacción habitual de los dos partidos dinásticos del régimen del 78 —el PSOE y el PP— y también de sus medios de comunicación afines cuando aparece cualquier voz señalando prácticas de lawfare ha sido hasta hace muy poco la de negar la mayor. A pesar de que existen incluso jueces corruptos que han sido condenados a prisión —como el juez Alba, que hizo lawfare contra la magistrada y entonces candidata de Podemos, Victoria Rosell—, cada vez que se habla públicamente del tema, los portavoces del PSOE y del PP, así como sus periodistas militantes, zanjan la cuestión negando que tal cosa tenga lugar y apelando a una separación de poderes «perfecta» que incluye una justicia absolutamente imparcial formada por jueces que son —todos ellos— funcionarios públicos sin ideología que aplican de una forma automática e intachable el derecho. Aunque esta práctica discursiva basada en la utilización de la mentira para evitar un choque institucional sigue siendo la salida más habitual en intervenciones parlamentarias y entrevistas, aunque el propio Pedro Sánchez haya manifestado el pasado jueves su «absoluto respeto con las sentencias —¿todas?—, las declaraciones —¿todas?— y los posicionamientos —¿de todos los jueces?—» después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, llamase «indecentes» desde la tribuna a los magistrados Marchena, Llarena y Lesmes, es ya tan evidente que el emperador está desnudo y es tan ridículo seguir negándolo, que se han empezado a abrir algunas grietas en la armadura discursiva de los partidos de orden.

Sánchez no tuvo más remedio que partir del reconocimiento de la existencia del lawfare incluso para ejecutar una maniobra dialéctica que pretendía cambiar su significado para proteger así al poder judicial y al poder mediático

No solamente la aparición del término —y por tanto el reconocimiento explícito de la existencia de dicha práctica— en el acuerdo PSOE-Junts, sino también, por ejemplo, las recientes declaraciones del propio Sánchez en una entrevista en televisión afirmando que por supuesto que existe el lawfare, para justo a continuación echar tinta de calamar y decir de forma falsaria que dos ejemplos de tal práctica son la operación Kitchen y el secuestro del CGPJ. Con esta afirmación, el Secretario General del PSOE y presidente del Gobierno evitaba, por un lado, señalar a ningún juez y, por el otro, situaba en la diana al PP —y no a los jueces o a los medios de comunicación— como el agente que hace lawfare. La 13/14 discursiva fue demasiado evidente y hasta un poco ridícula, pero lo relevante del asunto es que Sánchez no tuvo más remedio que partir del reconocimiento de la existencia del lawfare incluso para ejecutar una maniobra dialéctica que pretendía cambiar su significado para proteger así al poder judicial y al poder mediático.

Este mismo jueves ocurrió algo similar pero en sentido contrario. El que fuera presidente de Extremadura por el PP y hoy senador, José Antonio Monago, pronunciaba las siguientes palabras: «El mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España lo mecieron ustedes porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y finalmente esa frase de marras fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto. Ese es el mayor caso de lawfare que le costó a un Gobierno del PP la Presidencia.» Como explica InfoLibre, Monago hace referencia a un párrafo que nunca existió más allá de la cascada de fake news que al respecto publicó la derecha mediática en esa época. Pero, de nuevo, el patetismo de la maniobra discursiva no es lo importante. Lo verdaderamente relevante desde el punto de vista político es que, otra vez, y ahora en boca de un portavoz del PP, para ejercitar el clásico «y tú más del bipartidismo» —aunque al día siguiente pacten ampliar el puerto de Valencia brindando con cava—, se parte del reconocimiento de que el lawfare existe. Parecería que estamos entrando en una nueva época en la que esto ya no se puede negar y ahora solamente quedaría dirimir quién lo lleva a cabo y quién no.

Cómo será la cosa que, ayer viernes en un acto institucional y ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente del CGPJ caducado hace ya más de cinco años, Vicente Guilarte, pidió a los «representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba» que cesasen en los «frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial» y se refirió explícitamente a lo ocurrido «en el Congreso y en el Senado». «Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz», llegó a afirmar Guilarte, abriendo así, como era de esperar, todos los telediarios. Cualquier víctima de ese lawfare que todo el mundo ya reconoce que existe que estuviese viendo las noticias habrá pensado: «déjennos en paz primero ustedes».