Editorial

No hay lawfare sin mediafare

El «caso Neurona» —cuyo archivo definitivo no ha recibido ni la centésima parte de la cobertura mediática que recibieron las acusaciones falsas— es un ejemplo paradigmático de esto

‘Lawfare’ es la palabra de moda en la política española. Solamente compiten con ella las palabras ‘amnistía’ y ‘verificador’. Las tres provienen del mismo lugar: del acuerdo que Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que firmar con Carles Puigdemont para conseguir el apoyo de los siete diputados de Junts, sin los cuales no habría podido ser investido presidente del Gobierno. Las tres palabras provienen del mismo lugar, pero ‘lawfare’ preexiste y precede con mucho al acuerdo Sánchez-Puigdemont y al ámbito del procés. Aunque Junts forzó la inclusión del término en el texto del acuerdo para señalar —en particular— la operativa judicial con intereses políticos llevada a cabo por diferentes magistrados del Tribunal Supremo, como el juez Pablo Llarena, y aunque Sánchez haya circunscrito en varias entrevistas recientes el lawfare a acciones llevadas a cabo exclusivamente por el PP —las cloacas del Ministerio del Interior o el control espurio del Consejo General del Poder Judicial—, lo cierto es que este tipo de operativa es mucho más amplia en mecanismos, en objetivos y en agentes ejecutores que lo señalado por los independentistas catalanes y por el PSOE.

Para entender en profundidad qué es el lawfare en toda su amplitud, es necesario posar la mirada en el derrocamiento ilegítimo mediante esta operativa de diferentes líderes políticos de izquierdas en varios países de América Latina —Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil o Rafael Correa en Ecuador— y comparar la estructura de esos golpes blandos que tuvieron un éxito prácticamente total allende los mares con lo que se ha intentado en los últimos años en España, con un éxito muy notable aunque no absoluto. En este sentido, es útil y pertinente aprovechar el archivo definitivo, el pasado martes, del así llamado «caso Neurona» contra Podemos por parte del juez Juan José Escalonilla para extraer en forma de varias tesis sintéticas las características fundamentales del lawfare que se han revelado como obvias al emerger los patrones comunes de una lista ya lo suficientemente larga de casos:

1.- El lawfare es una de muchas tácticas que persiguen un objetivo común: la adulteración masiva del juego limpio democrático mediante la actividad corrupta de diversos agentes no elegidos democráticamente. Esta intervención espuria en las democracias supuestamente liberales puede tener diferentes concreciones y diferentes niveles, desde intentar conseguir la anulación de resultados electorales, hasta evitar la formación de determinados gobiernos o romperlos una vez formados, pasando por la destrucción reputacional de determinadas personas y partidos para así socavar sus apoyos electorales. Si nos fijamos en que el «caso Neurona» arranca en enero de 2020 —justo después de la entrada de podemos en el primer gobierno de coalición de los últimos 80 años— y acaba en diciembre de 2023 —justo después de la expulsión de Podemos de ese mismo gobierno—, no hay que ser muy sagaz para entender el objetivo político de la operación. El éxito, en este caso, no ha sido total, porque no han conseguido acabar completamente con Podemos, pero desde luego ha sido muy notable.

2.- El lawfare se distingue de otras operativas neogolpistas en que requiere de la existencia de uno o más magistrados con la voluntad firme de actuar de forma corrupta bordeando la prevaricación para facilitar los objetivos políticos perseguidos mediante la activación de juicios sin pruebas o con pruebas falsas fabricadas. Por eso, la afirmación de Pedro Sánchez de que es el PP el único actor que despliega lawfare en España es muy confusa y probablemente se debe a la reticencia por parte del PSOE a la hora de señalar la corrupción judicial. La operación Kitchen, señalada por el presidente como lawfare, directamente no lo es, ya que carece de este requisito definitorio fundamental. ¿Es una operación que utiliza de forma corrupta las estructuras del Estado —el Ministerio del Interior, en este caso— para intentar conseguir un objetivo electoral —frenar el deterioro del PP a causa de los papeles de Bárcenas? Sí, pero no es lawfare porque no se apoya en una operativa judicial sino en una policial. En el «caso Neurona», el factor judicial es obviamente el juez Juan José Escalonilla.

La clave fundamental de la mayoría de operaciones de lawfare no es tanto la inhabilitación mediante condena como la destrucción reputacional mediante la proporción de materiales de aparente solvencia para la producción de innumerables noticias difamatorias

3.- En la táctica del lawfare, se puede intentar perseguir una condena judicial, pero no es indispensable que sus objetivos principales se puedan conseguir. Obviamente, el resultado ideal para los operadores golpistas es poder obtener una sentencia condenatoria sobre sus objetivos políticos. Primero, porque eso supone una posibilidad mucho más potente de difamación pública y, segundo, porque este tipo de sentencias normalmente conllevan la inhabilitación para ejercer cargo público y, por tanto, son capaces de apartar de forma material de la carrera electoral a los condenados. El lawfare consiguió estos objetivos de máximos, por ejemplo, con Lula da Silva en Brasil o con Isa Serra en España, pero la mayoría de las veces es muy difícil para los jueces obtener una sentencia condenatoria teniendo en cuenta que hablamos de procesos fake en los que o bien no existe ninguna prueba en contra de los acusados o bien las pruebas que existen han sido fabricadas y son falsas. En este contexto, una condena acercaría demasiado al juez a la prevaricación y no hay muchos magistrados activistas que estén dispuestos a jugarse el cuello hasta ese punto. Por eso, en España, la inmensa mayoría de los juicios contra Podemos —como el del «caso Neurona» o todos los procedimientos que ha intentado activar García Castellón— han acabado en nada. Porque estos jueces no se han querido arriesgar a acabar en prisión, como el juez Alba que hizo lawfare a Victoria Rosell, y también porque, como veremos, tampoco hace falta. Es perfectamente funcional para la táctica del lawfare que los jueces implicados circunscriban su actividad corrupta a la fabricación de acusaciones turbias y de investigaciones de supuestos indicios durante un montón de años y luego acaben archivando todo definitivamente, como hizo el juez Escalonilla el pasado martes.

4.- Lo anterior es así porque la clave fundamental de la mayoría de operaciones de lawfare no es tanto la inhabilitación mediante condena como la destrucción reputacional mediante la proporción de materiales de aparente solvencia para la producción de innumerables noticias difamatorias. Aunque un juicio acabe en nada, aunque todos los imputados acaben absueltos, aunque no hubiera nada desde el principio, si un juez es capaz de proporcionar —como ha hecho Escalonilla— material nuevo cada semana para que los medios de comunicación disparen contra los objetivos políticos a abatir, el desgaste reputacional y electoral será tan grande que, aunque no se consiga la inhabilitación administrativa, se puede llegar a conseguir la inhabilitación de facto. Por eso el juez Escalonilla mantuvo abierto durante casi cuatro años un proceso sin absolutamente ninguna prueba material contra los acusados y por eso, además de un juez con voluntad prevaricadora, el otro requisito fundamental del lawfare es la existencia de un alto porcentaje de periodistas corruptos en los sitios clave de los grandes medios de comunicación para propagar el material difamatorio. No hay lawfare sin mediafare y el «caso Neurona» —cuyo archivo definitivo no ha recibido ni la centésima parte de la cobertura mediática que recibieron las acusaciones falsas— es un ejemplo paradigmático de esto.

5.- Como coda, es importante señalar un efecto añadido del lawfare que no llamaremos ‘colateral’ porque bien podría ser que se tratase del efecto primario buscado. El lawfare no solamente persigue la destrucción de aquellos líderes y partidos de izquierdas que se atreven a intentar cambiar la estructura de poder en el país. Además y muy especialmente, el lawfare pretende también disciplinar al conjunto de posibles personas que, en un momento dado, pudiesen tener la más mínima tentación de cruzar esa línea. El lawfare —además de un arma política de destrucción masiva contra el objetivo que está en su diana— es un aviso a navegantes para todos aquellos que no están recibiendo los disparos pero podrían recibirlos. El mensaje es claro: «si no tocas según qué cosas, no te va a pasar nada». Esto explica por qué, en España, el lawfare se ejerce hoy en día solamente contra una parte concreta de aquello que se denomina «la izquierda a la izquierda del PSOE» y esto explica también por qué esa parte que no recibe los disparos del lawfare es precisamente la misma que guarda silencio ante el archivo del «caso Neurona» y la que ha decidido establecer alianzas tácticas con los mismos periodistas corruptos que son indispensables para que el lawfare pueda existir.