Editorial

Si se confirma que Podemos es excluido del Gobierno

Al consumar el veto, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están asumiendo que los morados sigan una trayectoria independiente del nuevo gobierno PSOE-Sumar con todas las consecuencias políticas que ello conlleva

Desde las elecciones del 23 de julio, ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz han llevado a cabo ningún movimiento para incluir a Podemos en el próximo gobierno. A pesar de que los morados cuentan con cinco escaños en el grupo parlamentario —los mismos que Izquierda Unida y los Comunes—; a pesar de que, en la consulta sobre la investidura, Podemos ha demostrado —con más de 55.000 votos— tener 11 veces más militantes que la única fuerza política de las que apoyan a Díaz que ha sometido también la decisión a sus bases; a pesar de que los de Ione Belarra fueron los únicos del conjunto del espacio político que pelearon en 2019 para romper la cláusula de exclusión histórica y conseguir que el PSOE —después de una repetición electoral— aceptase por la fuerza conformar el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en España y el único en Europa con presencia de la izquierda en el Consejo de Ministros; a pesar de que buena parte de las políticas de las que presume Sánchez llevan la firma de los morados; a pesar de todo ello, resultaría un acontecimiento completamente inesperado que, finalmente, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz abandonasen su voluntad de excluir a Podemos del gobierno que se forme después de la investidura. Por un lado, porque abandonar ese veto supondría dar un volantazo de 180° a la estrategia que el PSOE y Sumar vienen llevando a cabo en los últimos años para sustituir a los morados por una versión más dócil de la izquierda que acepte la dirección política de Sánchez sin hacer «ruido». Por otro lado, porque las filtraciones a los periodistas de confianza de Sumar en La Vanguardia, infoLibre o El Periódico de España ya empiezan a converger en la lista de nombres a los que Díaz estaría reservando un ministerio: ella misma —por supuesto—, Ernest Urtasun de Esquerra Verda (antigua ICV), Mónica García de Más Madrid, Sira Rego de Izquierda Unida y una cuota del antiguo Podemos errejonista que se marchó hace años de la formación morada y que podría encarnar Pablo Bustinduy (ninguno de ellos, por cierto, diputados electos, excepto Yolanda Díaz).

Si este veto se confirma en los próximos días, es obvio que Podemos pasará a contar en ese momento con una completa autonomía política y parlamentaria. Si Pablo Iglesias negoció con Pedro Sánchez en 2019 que convirtiera la Dirección General de Consumo en un ministerio y el socialista aceptó la propuesta, fue con el único objetivo de que Alberto Garzón pudiera formar parte del Gobierno a pesar de contar Izquierda Unida con tan sólo dos diputados y así comprometer al conjunto del grupo parlamentario de Unidas Podemos con las decisiones del Ejecutivo. Al tomar la decisión contraria respecto de Podemos y consumar el veto, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están asumiendo que los morados sigan una trayectoria independiente del nuevo gobierno PSOE-Sumar con todas las consecuencias políticas que ello conlleva.

Belarra ya dejó claro el pasado viernes que pedía a las bases de Podemos que votaran que SÍ a la investidura de Sánchez por responsabilidad, pero que este voto afirmativo se circunscribía «exclusivamente» a la investidura

Para empezar, es obvio que las cinco diputadas de Podemos, a partir de este mismo jueves, van a negociar de forma autónoma y de acuerdo con su propio programa político todas y cada una de las leyes que lleguen al Parlamento desde el Gobierno. Belarra ya dejó claro el pasado viernes que pedía a las bases de Podemos que votaran que SÍ a la investidura de Sánchez por responsabilidad, pero que este voto afirmativo se circunscribía «exclusivamente» a la investidura. En los próximos meses, los morados se hallarán, por lo tanto, con las manos libres para ejercer su praxis política que, a diferencia de la de Díaz —consistente en colaborar estrechamente con el PSOE y no discrepar públicamente; algo que la propia vicepresidenta califica como «ruido»—, se apoya en los movimientos sociales y en llevar al debate público los diferentes asuntos para conseguir avances más ambiciosos que los que hay en el programa del PSOE. A esto habrá que añadir el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en la legislatura anterior, ya no existe una mayoría parlamentaria progresista y de izquierdas —requiriéndose los votos del PNV y Junts, dos partidos de derechas en lo económico, para aprobar cualquier iniciativa— y, que, por lo tanto, muchas de las medidas que ha prometido Sánchez en el debate de investidura ni siquiera se podrán llevar a cabo por falta de números en el Congreso. Ante esta incapacidad para llevar adelante reformas económicas de izquierdas, Yolanda Díaz tendrá que acompañar discursivamente a Sánchez, pero los de Podemos no tendrán ninguna obligación de hacerlo.

Esta situación, que se produce como consecuencia de la operación diseñada por Sánchez y Díaz para acabar políticamente los de Belarra pero sin haberlo podido conseguir del todo, es una situación que fuerza —por su propia naturaleza estructural— a que las evidentes diferencias ideológicas entre el conglomerado PSOE-Sumar y Podemos den lugar a una dinámica de trayectorias divergentes que irá atando progresivamente los destinos de los dos socios de gobierno al mismo tiempo que reforzará la autonomía de los morados con un proyecto propio. Al principio, está dinámica se verá reflejada en una actividad parlamentaria diferenciada entre las diputadas de izquierdas y el bloque PSOE-Sumar, pero no cabe duda que, en el medio plazo y a medida que ambos proyectos se vayan visibilizando como lo que son —dos proyectos distintos—, también se verá reflejada en el plano electoral, donde el nuevo gobierno está dejando a Podemos una ancha avenida por la izquierda para recorrer.