Editorial

Telefónica y el artículo 128 de la Constitución

El PSOE utiliza la participación pública en determinadas empresas no para garantizar el interés general, como obliga el artículo 128, sino para aceitar el funcionamiento de un capitalismo de amiguetes que sólo es capaz de sobrevivir chupando con fruición de la teta del Estado

«Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», dice el punto 1. «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general», añade el punto 2. No es la carta magna de ningún país comunista o bolivariano. Es el artículo 128 de la Constitución española.

El pasado martes por la tarde, el Gobierno anunciaba que va a comprar el 10% de las acciones de Telefónica —la mayor empresa de telecomunicaciones del país— a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la gigantesca corporación pública dependiente del Ministerio de Hacienda que se ocupa de gestionar la participación del Estado en diferentes empresas privadas. El movimiento, en respuesta al anuncio de Saudi Telecom Company (STC) —bajo control directo de la teocracia petrolífera— de su voluntad de hacerse con el 9,9% del capital de la empresa española, fue celebrado ayer por la mañana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la entrada del hemiciclo del Congreso, afirmando que «refuerza de manera muy clara a una empresa muy importante, estratégica para nuestro país». Montero añadió que Telefónica «tiene un enorme liderazgo tecnológico y está muy presente en el sector de la defensa» y que las críticas del PP a la operación son fruto de la «desesperación» de un partido que «malvendió» —durante el gobierno de José María Aznar— una empresa que era de titularidad pública hasta mediados de los años 90 del siglo pasado. Estos días, hemos visto también como diversos medios de comunicación más o menos afines al PSOE se han esforzado en explicar que la participación del Estado en las grandes empresas de telecomunicaciones es la norma en los países de nuestro entorno europeo y que, por tanto, no estamos hablando en ningún caso de una anomalía.

Todo esto es, por un lado, absolutamente correcto y, por otro lado, totalmente incoherente con una serie de prácticas que han venido llevando a cabo no solamente los gobiernos del PP sino también los del PSOE a lo largo de las últimas décadas.

Si la participación del Estado en Telefónica «refuerza a una empresa estratégica para nuestro país» y es habitual en los países de nuestro entorno, ¿por qué no se hizo antes? Si es bueno que exista participación pública en Telefónica, ¿por qué el último gobierno de Felipe González empezó a deshacerse de ella en 1995 —Aznar acabo de venderla en 1999, eso es cierto; pero fue el PSOE el que empezó—? Si el motivo por el cual el Gobierno ha decidido entrar en el capital de Telefónica es porque la empresa ocupa una posición dominante en un sector estratégico, ¿entonces por qué no hace lo propio con otras empresas que una vez fueron públicas y que hoy son fundamentales para el funcionamiento de otros sectores estratégicos para el país, como Endesa, Iberia, Repsol o Transmediterránea? Siguiendo la misma lógica, ¿por qué decidió el PSOE en la legislatura pasada perder el control mayoritario sobre Bankia al aprobar su fusión con CaixaBank? ¿Por qué ha rechazado repetidamente el partido de Pedro Sánchez crear o adquirir empresas bajo control público en los ámbitos farmacéutico o de la alimentación? ¿Por qué la SEPI no entra en el capital de Alcoa? ¿Es que las telecomunicaciones son estratégicas para la seguridad nacional y el funcionamiento de un país, pero la energía, los hidrocarburos, la producción de materias primas industriales, el transporte aéreo y marítimo, el suministro de medicamentos o la alimentación de la población no lo son?

¿Por qué ha rechazado repetidamente el partido de Pedro Sánchez crear o adquirir empresas bajo control público en los ámbitos farmacéutico o de la alimentación? ¿Por qué la SEPI no entra en el capital de Alcoa?

Lo que dice el artículo 128 de la Constitución española es que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, y por eso tiene todo el sentido del mundo que el Estado mantenga participaciones mayoritarias en aquellas empresas cuya actividad sea estratégica para el bienestar de la población y el funcionamiento global de la sociedad. De hecho, si aceptamos el principio del interés general como un principio que está por encima del beneficio económico en dichos sectores, incluso es lógico admitir la posibilidad de que algunas de estas empresas sean deficitarias. Del mismo modo que la sanidad pública nunca va a ser capaz de generar un superávit por razones evidentes y del mismo modo que nadie espera que lo haga, lo mismo puede predicarse de cualquier otro sector de actividad que sea clave para la prosperidad del país y de cuyo funcionamiento dependa la salud del resto de los sectores. Por ello, además de señalar la incoherencia en el discurso del PSOE cuando se refiere a determinados sectores como estratégicos y a otros no, hay que incluir también en el debate la pregunta de si aquellas empresas en las cuales el Estado tiene una participación determinante van a trabajar para el interés general o van a seguir operando con el objetivo de obtener el máximo beneficio económico para sus accionistas. En el caso concreto de Telefónica, ¿la entrada significativa de capital público en su accionariado va a servir, por ejemplo, para habilitar una tarifa de Internet universal para que todas las familias de nuestro país tengan derecho a la conexión digital en el siglo XXI? ¿Va a servir para que la banda ancha llegue hasta el último núcleo poblacional de la España vaciada? ¿El Gobierno de Sánchez tiene pensado utilizar su 10% en Telefónica para frenar el ERE de casi 4000 personas que la empresa pretende llevar a cabo mientras amasa beneficios milmillonarios y reparte dividendos? Viendo lo que hizo José Ignacio Goirigolzarri al frente de Bankia durante el periodo en el cual la participación del Estado en dicho banco fue mayoritaria —despedir a miles de personas, cerrar cientos de oficinas y no adoptar ninguno de los principios operativos que se esperarían de una banca pública—, no es difícil dar una respuesta prospectiva a todas las preguntas anteriores.

Desde hace ya un tiempo, el PSOE critica al PP por su incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución española, que establece en cinco años el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; y hace bien. Pero es igualmente cierto que —por mucho que la derecha parlamentaria y mediática grite «comunismo» al referirse a Telefónica y la progresía aplauda a Sánchez como si fuera un socialdemócrata escandinavo— el PSOE utiliza la participación pública en determinadas empresas no para garantizar el interés general, como obliga el artículo 128, sino para aceitar el funcionamiento de un capitalismo de amiguetes que, aunque se llena la boca con un supuesto liberalismo económico, solamente es capaz de sobrevivir en un escenario no competitivo, no innovador, oligopolista y chupando con fruición de la teta del Estado.