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Yolanda Díaz junto al resto de ministros de Sumar ayer por la mañana en el Congreso — Alberto Ortega / Europa Press

Transfuguismo

La decisión de llevar a cabo una acusación tan grave que todos los operadores políticos y mediáticos con una mínima seriedad saben que es mentira es claramente una decisión producto de la debilidad política y de la zozobra


Desde el Tamayazo en 2003, cualquier persona en España entiende perfectamente qué es un tránsfuga y qué es el transfuguismo. El 25 de mayo de ese año se celebraron elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. El PP obtuvo 55 diputados, el PSOE 47 e Izquierda Unida 9; sumando estos dos últimos partidos 56 escaños y haciendo así viable a priori la investidura del candidato del PSOE, Rafael Simancas, como presidente de la Comunidad. Sin embargo, los diputados electos del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se abstuvieron en la votación de investidura —presuntamente comprados por una trama de empresarios de la construcción con interés en que gobernase el PP para favorecerles—, la investidura de Simancas se vio así frustrada y ello condujo a una repetición electoral tras la cual acabó gobernando Esperanza Aguirre.

En el sistema electoral español, uno no vota a las personas individuales que después van a ocupar los escaños en los parlamentos autonómicos o en el Congreso. En el sistema electoral español, uno mete en el sobre blanco una papeleta de un partido que incluye una lista cerrada de candidatos a ser diputado. Que se vote a los partidos y no a las personas tiene todo el sentido político del mundo ya que se supone que lo que se está votando es un proyecto y una serie de compromisos, un programa en definitiva. Y todo eso va asociado a un partido, no a una persona. Sin embargo, al estar prohibido por nuestro ordenamiento constitucional el mandato imperativo, es decir, al quedar en manos de la persona el acta de diputado y al tener, a partir de ahí, la capacidad legal de ejercer su voto libremente, no se incurre en ningún tipo de reproche administrativo o penal, ni tampoco en la pérdida del acta, cuando un diputado decide votar en contra de las directrices del partido por el cual se presentó a las elecciones. No hay ninguna duda al respecto de esto y por eso el PSOE no pudo hacer nada para parar el Tamayazo en 2023. No obstante, es unánime —al mismo tiempo— la opinión en el ámbito político y también en el ámbito social de que un acto de este tipo es un acto de corrupción, en tanto que supone traicionar el mandato de la ciudadanía expresado en las urnas (como decimos, el mandato no a la persona, sino al partido).

El transfuguismo es simplemente la acción de violentar ese mandato por parte de uno o más diputados, pero a ello hay que añadir un par de consideraciones políticas y técnicas para entender la naturaleza de las graves acusaciones que se lanzaron sobre las cinco diputadas de Podemos en el día de ayer.

La primera consideración es que, muchas veces, los tránsfugas, además de actuar en contra de las directrices del partido por el cual se presentaron en las elecciones, acaban siendo expulsados del correspondiente grupo parlamentario o abandonándolo motu proprio, para acabar integrándose en lo que se suele denominar como Grupo Mixto en las cámaras de representación. Esto ocurre la mayoría de las veces, pero no siempre. Puede también ocurrir que, aunque un diputado violente las directrices de su partido, no abandone el grupo parlamentario al no tomar la decisión voluntaria de marcharse y al tampoco tomarse la decisión por parte del partido de expulsarlo. Esto no es una mera posibilidad teórica, sino que ha ocurrido de hecho, por ejemplo, en la pasada legislatura, en la que algunos de los diputados que se habían presentado por Podemos en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 acabaron desobedeciendo las directrices de su partido para pasar a la disciplina de Sumar, y sin embargo Podemos decidió no expulsarlos del grupo parlamentario para no dar armas comunicativas a sus adversarios políticos.

Cuando se presentan a las elecciones partidos políticos individuales, la definición de transfuguismo es clara y es evidente. Sin embargo, cuando se presentan a las elecciones coaliciones formadas por varios partidos, entonces la cosa se vuelve un poco más compleja

Y aquí viene la segunda consideración que hay que comprender para evitar ser engañados respecto de la naturaleza del movimiento que llevó a cabo Podemos en la tarde del día martes. Cuando se presentan a las elecciones partidos políticos individuales, la definición de transfuguismo es clara y es evidente. Sin embargo, cuando se presentan a las elecciones coaliciones formadas por varios partidos —como fue el caso de la coalición llamada Unidas Podemos en 2019 y formada por Podemos, Izquierda Unida o Catalunya en Comú, entre otros, o el de la coalición llamada Sumar en 2023 y formada por 15 partidos—, entonces la cosa se vuelve un poco más compleja. En este caso, y dado que las coaliciones son estructuras jurídicas que se desvanecen el día después de las elecciones —es decir, que son un constructo administrativo para que diferentes partidos puedan sumar sus votos en el domingo electoral, pero no sustituyen a éstos, y de hecho dejan de existir una vez la ciudadanía ha votado—, en este caso el transfuguismo no se define como la traición al mandato de la coalición —de hecho, esto ni siquiera existe al no existir la misma después de las elecciones— sino como la traición al mandato del partido por el cual cada diputado fue incluido en las papeletas electorales de la coalición. Para que nos entendamos en el caso que nos ocupa, la coalición Sumar dejó de existir el día 24 de julio de 2023 y lo único que siguió existiendo a partir de ese día son los diferentes partidos que la conformaron y un grupo parlamentario llamado, también, Sumar. De forma consciente y como parte de su estrategia, los de Yolanda Díaz han decidido poner el mismo nombre a todo: a la coalición electoral, al grupo parlamentario e incluso a su propio partido, que se llama oficialmente «Movimiento Sumar» y que tan solo es uno de los 15 partidos que firmaron la coalición a pesar de coincidir el nombre de la parte con el nombre del todo. Esto da la sensación falsa de que existe algún tipo de sujeto político que se llama Sumar y que ese ente puede emitir mandatos, generando un importante equívoco que muchos han utilizado para intentar hacer política de forma espuria. Pero no hay posibilidad de violentar el mandato de una coalición porque las coaliciones no existen después de las elecciones y, por lo tanto, no se puede ser tránsfuga respecto de una coalición. Solamente se puede ser tránsfuga respecto de un partido. En este caso, se puede ser tránsfuga respecto de Podemos —si un diputado de la formación morada violentase el mandato de este partido—, respecto de Izquierda Unida —en el caso equivalente—, respecto del partido Movimiento Sumar o respecto de cualquiera de los otros 15 partidos que formaron la coalición electoral. Pero es imposible conceptualmente ser tránsfuga respecto de la coalición Sumar, que ya no existe.

Por todo ello, si cualquiera de los partidos que han concurrido a las elecciones en coalición con otros decide de manera legítima votar distinto a los demás o incluso integrarse en el Grupo Mixto, esto no solamente no es transfuguismo sino que, además, es algo muy habitual. Sin ir más lejos, Compromís se presentó a las elecciones del 26 de junio de 2016 en coalición con los partidos de Unidos Podemos, pero decidió irse al Grupo Mixto y nadie los llamó tránsfugas en ese momento, porque no lo eran. Lo mismo ocurrió con el diputado de Nueva Canarias, que, en esas mismas elecciones, se presentó en coalición con el PSOE, pero no se integró en el grupo parlamentario Socialista, sino en el Mixto. En las elecciones del 10 de noviembre de 2019, Foro Asturias se presentó en coalición con el PP, pero su diputado no acabó en el grupo Popular, sino en el Mixto. Y los dos diputados de UPN, que también se presentaron en coalición con el PP, hicieron lo mismo, sin convertirse por ello en tránsfugas. Cuando sí se convirtieron en tránsfugas fue cuando decidieron desobedecer —muchos meses después— la decisión de su partido y votar en contra de la reforma laboral. Porque no es transfuguismo que un diputado tome una decisión de voto o se vaya al Grupo Mixto como consecuencia de una decisión de su partido, sino el hacerlo a título individual y en contra de dicha decisión. Por eso, la diputada de Podemos Meri Pita y el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero sí se convirtieron en tránsfugas en la pasada legislatura, al marchar al Grupo Mixto a título personal y tras desobedecer a sus respectivos partidos. Y por eso también las diputadas de Podemos se habrían convertido en tránsfugas si, en vez de acatar la decisión de su partido de integrarse en el Grupo Mixto, hubiesen decidido quedarse en el grupo parlamentario de Sumar.

Todo esto lo conoce perfectamente cualquier cronista parlamentario con un mínimo de experiencia así como cualquier representante político de primera fila. Por eso, el hecho de que el martes por la tarde varios medios de comunicación publicasen fuentes de Sumar diciendo que lo que había hecho Podemos «es un ejercicio de transfuguismo puro y duro» y las insistentes preguntas por este particular en el patio del Congreso, en el día de ayer en los actos de celebración del 45 aniversario de la Constitución, ante las cuales Yolanda Díaz no se atrevió a ratificar las fuentes —porque sabe perfectamente que eso es mentira—, más allá de un evidente intento de intoxicación de la opinión pública, lo que revela es una enorme debilidad política. Díaz acaba de perder cinco diputados de su grupo parlamentario, ya no puede cumplir la encomienda de controlar a Podemos que le había encargado Sánchez y los de Belarra recuperan una capacidad de acción parlamentaria plena en la cual sus cinco votos son igual de indispensables que los cinco votos del PNV para toda la legislatura que acaba de empezar. La decisión de llevar a cabo una acusación tan grave que todos los operadores políticos y mediáticos con una mínima seriedad saben que es mentira es claramente una decisión producto de la zozobra.


Madrid –

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Editorial

  • Borkum

    Es difícil concebir cómo puede el PSOE frenar a la extrema derecha si no es capaz ni siquiera de frenar un pequeño carguero que transporta armas que pueden acabar siendo usadas para asesinar niños durante un genocidio

Opinión