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El ministro José Manuel Albares en el Congreso de los Diputados — Carlos Luján / Europa Press

El gobierno rechaza aumentar su aportación a la UNRWA para compensar el boicot de Estados Unidos y otros países europeos

Albares ha afirmado que mantendrá su apoyo a la agencia aunque el ejecutivo seguirá de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar 


«No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000». Con estas palabras, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha expresado la posición del ejecutivo español con respecto a la crisis abierta en la UE por la financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA por sus siglas en inglés.

Las acusaciones vertidas por Israel, que lleva años con la agencia internacional en el punto de mira, han provocado que una decena de países hayan decidido durante el fin de semana dejar de financiar temporalmente a la (UNRWA) después de que la inteligencia israelí informara de una presunta relación de 12 de sus empleados con los ataques de Hamás del 7 de octubre. La lista de países que se han apresurado a tomar medidas contra esta agencia está encabezada por Estados Unidos, que en 2022 donó cerca de 350 millones de dólares, al que siguen países como Alemania (200 millones), Japón (30 millones) o Italia (18 millones). El último en unirse ha sido Francia, cuyo Ministro de Exteriores ha anunciado durante la jornada del lunes la suspensión de las ayudas a la agencia internacional cuyo trabajo en el territorio desde 1950 es determinante para el mantemiento de la población gazatí.

Esta campaña de descrédito de la agencia internacional ha sido la respuesta de Israel a la posición marcada por la Corte Internacional de Justicia ante las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica.  La orden emitida el viernes 26 en la Haya concluía que resultaba plausible que se puedan estar llevando a cabo acciones de genocidio por parte de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza. Desde entonces, el cuestionamiento al sistema Naciones Unidas y sus organismos se ha recrudecido por parte de Israel y sus aliados, que han respondido con celeridad a las acusaciones —todavía sin confirmación oficial— de Israel contra la UNRWA tomando represalias inmediatas que no solo afectarán a los suministros, programas y acciones en el terreno, sino al propio status de refugiadas y refugiados de cientos de miles de personas en Palestina, lo que podría tener consecuencias en su situación legal y el acceso a derechos reconocidos por su situación.

La posición española marca distancias con el país vecino u otros del entorno europeo y occidental, fieles aliados de Israel y EEUU. Sin embargo, nuestro país no apoyó, como si hicieran Bélgica o Irlanda, la demanda sudafricana por genocidio, ni ha tomado medidas concretas para frenar la ofensiva israelí más allá de las declaraciones. Y es que el equilibrio diplomático en el que se mueve el ejecutivo español sigue jugando a la ambigüedad con Palestina. Prueba de ello son las posiciones cambiantes de Josep Borrell, los titubeos y opacidad en torno a las operaciones militares en el Mar Rojo, las relaciones de ida y vuelta con la Embajadora israelí, que llegó a marcharse de España para recientemente alabar el «cambio a mejor» del gobierno, o las reticencias a adoptar medidas como el embargo de armas o el cese de relaciones comerciales con Israel, que España, sin embargo, no dudó en secundar rápidamente en el caso reciente de la invasión rusa en Ucrania y que muestran la diferencia en el trato con Palestina. Ante esto, continúan las presiones desde la calle, —dos multitudinarias manifestaciones en varias ciudades españolas han seguido exigiendo el alto el fuego— y también desde la izquierda. Mientras el socio de gobierno pedía que se aumente la ayuda a la UNRWA, la líder de Podemos, Ione Belarra, definía como castigo intolerable las acciones contra la UNRWA reivindicando que España «ha de ser ejemplo y debe aumentar esos fondos».


Madrid –

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Editorial

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