Sitio permanente de la Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos — 2018 Marina Riera/Human Rights Watch
Netanyahu pide a Biden que actúe contra la CPI para frenar sus acciones contra el genocidio en Gaza
Ademas, varios congresistas han declarado que en caso de que la CPI emita órdenes de arresto contra oficiales israelíes se encontrarían con retaliaciones
A pesar de que el Estatuto de Roma bajo el cual se ampara la CPI no ha sido ratificado ni por Estados Unidos ni por Israel, una orden de arresto puede suponer una piedra en el zapato para Netanyahu.
A este respecto, Netanyahu ha solicitado a Biden que intervenga para evitar las órdenes, ya que la CPI viene investigando desde 2014 los crímenes de guerra cometidos tanto por las fuerzas militares israelíes como por las milicias palestinas. La Casa Blanca ha decidido no hacer declaraciones al respecto, pero ha asegurado que la CPI no tiene jurisdicción en esta situación y no apoyaran su investigación.
El House Speaker Mike Johnson (equivalente a presidente del Senado en España), ha declarado al respecto: “Si la CPI asume ese poder sin precedentes sin la oposición de Biden, podrían crearse también órdenes de detención contra líderes políticos, diplomáticos y personal militar americano”, también ha llamado a Biden a que solicite inmediata e inequívocamente que decaigan las demandas de la CPI.
La cuestión ha llegado a tal punto que incluso habría ya iniciativas legislativas que buscarían sancionar a oficiales de la CPI relacionados con la investigación de estadounidenses y sus aliados, así ha declarado Michael McCaul, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Otro miembro de la cámara (Brad Sherman), ha dicho que puede que EE. UU. tenga que pensarse si se mantiene como un firmante del Estatuto de Roma e incluso hablar con otros países que lo hayan ratificado para saber si estos quieren apoyar esa organización.
Sin embargo, la oposición no ha venido únicamente desde el partido Republicano, hay también representantes del partido Demócrata que se han declarado en contra de esta posibilidad, como Ritchie Torres y John Fetterman llamando a “severas consecuencias desde el Congreso hasta el presidente”.
Ha habido también voces críticas con Israel que han hecho saber que la CPI es independiente y procederá y hará en la medida que ellos consideren (Pramila Jayapal y Mark Pocan), y de igual manera ha habido voces neutrales que ven muy pronto para evaluar lo que podría suceder si se emiten estas órdenes.
Ayer, la CPI lanzaba un comunicado a este respecto, asegurando que la independencia e imparcialidad se veían socavadas cuando individuos amenazan con tomar represalias a la propia Corte o a funcionarios de la misma en cumplimiento de su mandato que consiste en tomar decisiones con base en investigaciones o casos que recaen en su jurisdicción. Aseguraban que estas represalias, incluso, aunque no fueran llevadas a cabo, podían constituir una falta contra la Administración de Justicia basándose en el artículo 70 del Estatuto de Roma, que prohíbe explícitamente las retalizaciones contra personal de la Corte a cuenta de los deberes desempeñados por el mismo u otro oficial, intimidando o influenciando de manera corrupta para forzar o persuadir al personal de no actuar, o actuar de manera fraudulenta en sus deberes. Pide, por último, que cese cualquier impedimento, intimidación o influencia inadecuada en su personal.
La realidad en este tipo de situaciones no dependen tanto de una cuestión jurídica detrás, sino de las decisiones individuales que tomen los países en virtud de sus obligaciones, a este respecto, cabe recordar cuando Baltasar Garzón, juez español, dictó una orden de detención por crímenes de lesa humanidad contra Augusto Pinochet bajo el Principio de Justicia Universal, el cual busca evitar la impunidad de crímenes internacionales permitiendo a cualquier estado empezar procesos contra los perpetradores, en virtud de este, Pinochet fue retenido en Reino Unido mientras se decidía su posible extradición a España.
La Cámara de los Lores, después de 16 meses de interpuesta la orden, resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad, sin embargo, después de su arresto domiciliario en Londres donde había ido a recibir un tratamiento médico y mediante las alegaciones de un delicado estado de salud del Dictador, el ministro de interior británico, Jack Straw, decidió no extraditarlo a España.
A pesar de que este último caso no está necesariamente vinculado a la CPI y las obligaciones que contraen los Estados que firman y ratifican el Estatuto de Roma, si muestra que la justicia internacional depende más de las voluntades políticas de los estados que de estos tratados que proporcionan unos marcos legales con el fin de que no se vuelvan a repetir episodios como fue el holocausto, pero que, desgraciadamente se está repitiendo con el genocidio palestino frente a una Comunidad Internacional constreñida por el bloque estadounidense y sus intereses políticos que abogan por no usar estas herramientas legales.
Madrid –
