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Zelenski con su ejercito

Servicio de prensa presidencial de Ucrania

Ucrania castiga a los ciudadanos en edad militar en el extranjero

Tras la aprobación de la nueva ley de movilización, el gobierno de Zelenski suspende los servicios consulares para aquellos en edad de combatir que viven fuera del país


Ucrania suspende los servicios consulares para los posibles reclutas alojados en el extranjero. La decisión se ha puesto en marcha tras la firma el pasado 16 de abril de la nueva legislación sobre movilización militar, que rebaja la edad de reclutamiento y endurece las causas de exclusión al alistamiento en las fuerzas armadas ucranianas, a fin de engordar las filas en el campo de batalla.

La controvertida norma no ha sido puesta en vigor todavía, y según la gaceta parlamentaria Holos Ukrainy, que filtró el documento firmado por el Presidente, desplegaría sus efectos a partir del mes de mayo. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania anunciaba el martes que había ordenado cortar los servicios para todos los hombres en edad militar que se encuentren en el extranjero, excepto para aquellos que regresan voluntariamente a Ucrania. Dmytro Kuleba, Ministro de Relaciones Exteriores, afirmaba que las medidas restablecían «un trato justo» para los hombres en edad de movilización. «Permanecer en el extranjero no exime a un ciudadano de sus deberes para con la patria», afirmaba Kuleba.

Las decisiones de Kiev en materia de leyes marciales y reclutamiento forzado han generado una oleada de descontento en el país, y fuera de él. La norma firmada contiene otras medidas, como la revisión de las declaraciones de discapacidad, que en algunos casos obligan a volver a pasar por un tribunal médico que certifique la condición. También contiene medidas para fomentar el cumplimiento de la norma, como ventajas fiscales para aquellos que se alisten en materia de hipotecas, préstamos o adquisición de coches. La norma, en su borrador firmado, afirma que los hombres en edad militar podrán recibir servicios consulares en las misiones diplomáticas ucranianas sólo si han actualizado su registro militar, —cuentan con 60 días para ello, online o presencialmente— y de no hacerlo, no recibirían dichos servicios. También añade, como penalización para quienes eviten el alistamiento en el país, la retirada del carnet de conducir además de otras multas más duras a determinar por el legislador. Las mujeres no son afectadas por esta ley, aunque aquellas con formación sanitaria y condiciones físicas adecuadas también deben registrarse, aunque solo pueden ser movilizadas con su consentimiento.

«Permanecer en el extranjero no exime a un ciudadano de sus deberes para con la patria», afirmaba el Ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba

Según datos de Eurostat, de los 4,3 millones de personas de origen ucraniano registradas en la UE, 860.000 son varones adultos. «Un hombre en edad militar que se marcha al extranjero demuestra que no le importa la supervivencia de su país, pero quiere recibir sus servicios. Esto no funciona así. Nuestro país está en guerra» afirmaba Kuleba.

Las misiones diplomáticas han argumentado cuestiones técnicas para dejar de expedir documentos: en una declaración separada, el servicio de pasaportes del estado ucraniano alegó que «por razones técnicas» estaba suspendiendo la emisión de «documentos» en sucursales en el extranjero.

Cabe recordar que las leyes marciales y los alistamientos en estos términos son una vulneración de los Derechos Humanos. El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar del Estado es un derecho derivado, basado en una interpretación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión contenida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso de personas refugiadas, las Directrices sobre la Protección Internacional de Naciones Unidas sobre las solicitudes de condición de refugiado relacionadas con el servicio militar de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967 afirma que «el derecho de los Estados de obligar a los ciudadanos a realizar el servicio militar no es absoluto». Del mismo modo, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de la OIM (Naciones Unidas) insiste, de hecho, en el deber de los países de proveer protección consular efectiva a sus ciudadanos.


Madrid –

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